Por quienes purgan una pena de prisión

Omar Eduardo Gil Ordóñez

Director División Derecho Penal Centro de Servicios y Asesorías Censea SAS

ddp@censeasas.com; @oego69

Llega al Gobierno Nacional un nuevo ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, y una de sus primeras acciones es el decreto de la emergencia carcelaria en el país ante las serias dificultades que se afrontan para la atención de la población carcelaria respecto a la salud. A tono con ello se escuchan entonces las voces que con sobrada razón reclaman por la situación diciendo que “las cárceles en Colombia son fábricas de enfermos”, que “los presos con trastornos mentales son víctimas silenciosas de la pésima atención en salud de las prisiones” y tantas otras cosas al respecto que se pueden condensar en el reiterado “estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas” del que hace buen rato viene hablando la Corte Constitucional.

Así como ha sucedido en tantas otras oportunidades, nos escandalizamos por la deplorable situación de los centros de reclusión, por el hacinamiento, la pésima atención en materia de salud y el trato de cosas que desde siempre reciben quienes por una u otra razón terminan en una cárcel. Han llegado, llegan y llegarán los reproches de rigor con las consabidas medidas que se adoptan para dar dizque una pronta y efectiva solución a la crisis del sistema carcelario en nuestro país.

Frente a los graves problemas de la población carcelaria en Colombia, al igual que en otras latitudes, lo que a diario y en últimas termina sucediendo es que todo lo queremos tipificar como delito, buscamos que toda infracción al ordenamiento jurídico tenga por solución la privación de la libertad sin que nos importe nada más. El ánimo vindicativo es más que evidente.

Es cierto que ante la ocurrencia de un delito las autoridades tienen del deber constitucional y legal de investigar, acusar, juzgar y sancionar al responsable, mas no por ello podemos admitir que el cumplimiento de una pena se traduzca en una permanente violación de derechos humanos por el hacinamiento y las conocidas condiciones de insalubridad de las prisiones. Para que tan bochornosa realidad deje de ser la constante, se propone, como un primer paso, cumplir a cabalidad con el mandato contenido en el artículo 4° del Código Penal, que en lo atinente a las funciones de la pena, dispone, además de la prevención general, la retribución justa y la prevención especial, como también aquello de la “reinserción social y la protección al condenado”, que es donde siempre hemos fallado.

No se trata solo de castigar. Es indispensable resocializar y, para ello, hay que educar o reeducar, dependiendo del caso, a quien atenta contra la pacífica convivencia en sociedad. De nada sirve privar de la libertad, si no nos preocupamos con seriedad por las cusas endógenas y exógenas que llevan a una persona a delinquir, para que habiendo determinado con certeza las razones del comportamiento desviado se proceda, luego del diagnóstico inicial, a formular e implementar el tratamiento y las acciones necesarias que conduzcan a la rehabilitación del condenado. Pero la mera teoría no basta, para lograr el cometido se requiere que todos tomemos conciencia, desde la formación primaria, secundaria y superior que el delincuente actúa de manera incorrecta por multiplicidad de factores que merecen nuestra atención y un pronto accionar sin que medie dilación alguna. Existiendo conciencia de ello debe aparecer la voluntad política de cambio que lleve a implementar las medidas legales necesarias que en efecto conduzcan a un tratamiento humano y dignificante de quienes cometieron en la vida un error con trascendencia penal.

Hace rato, mucho rato, hemos debido establecer en Colombia sanciones alternativas a la pena de prisión que sirvan como retribución justa y prevención especial sin que por ello se olvide la prevención general a la comunidad. Los expertos tienen la palabra, las facultades de sicología, sociología trabajo social, Derecho y, seguramente, muchas más, tienen el deber de contribuir con un vital aporte a la sociedad en este sentido; pero, sobre todo, necesitamos de manera especial el aporte de las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial para abordar la crisis como se merece. Ojalá así sea por el bien de quienes purgan una pena y el de una nación que quiere transitar por caminos de paz y reconciliación.