José Fernando Mestre O.
Director del Departamento de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Javeriana
Socio de MestreMendieta Penalistas

En los últimos meses, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha venido abordando una serie de temas muy interesantes, ajustando sus precedentes y formulando planteamientos novedosos que ameritan discusión y difusión en diferentes escenarios. Paralelamente, en virtud del avance de ciertos juicios mediáticos y de la ocurrencia de varios hechos delictivos que han acaparado la atención de los medios de comunicación, el debate público sobre diversas instituciones del derecho penal se ha hecho más frecuente e intenso.

Lo anterior sería una gran noticia, desde el punto de vista de avance en la democracia y de consolidación, conocimiento y comprensión general de las funciones del Estado y de las garantías ciudadanas. Sin embargo, se advierte simultáneamente un conjunto de problemas graves, un poco más estructurales, que impide valorar positivamente esta realidad.

Por una parte, desde hace tiempo, ciertos sectores sociales se muestran poco afectos a la existencia y vigencia de garantías procesales y sustanciales, como la presunción de inocencia, el debido proceso, la prevalencia de la libertad, la estricta legalidad y la interpretación restrictiva en la aplicación de las normas penales, por mencionar solo algunas. Se perciben simplemente como privilegios diseñados para favorecer a los criminales, que dificultan la persecución penal y desprotegen a la ciudadanía frente a la violencia y el delito. Sin duda, esta posición es consecuencia del escaso avance en formación democrática, del retroceso en conocimiento y análisis de la historia general, nacional y local y del desprestigio al que se ha sometido la libertad como concepto y como derecho.

Por otra parte, las formas de comunicación actual, dominadas en parte por las redes sociales, privilegian la velocidad y la superficialidad. En ese contexto, por regla general, las explicaciones y argumentaciones que implican reflexiones profundas o acudir a referencias históricas, fuentes académicas o fundamentos institucionales, encuentran menos espacios o menos receptividad por la comunidad, inundada por gran cantidad de información mucho más fácil de consumir. La jurisprudencia de las altas cortes y los textos universitarios hacen parte de este último grupo, alejado del interés y del conocimiento de buena parte de los círculos sociales que manejan la información y producen los mensajes que recibe o está dispuesta a recibir la mayoría de los ciudadanos.

A lo anterior, como guinda del pastel, se suma el llamado tribalismo contemporáneo. En nuestro tiempo se ha visto que, ante ciertos fenómenos sociales, que han diluido la importancia de varias comunidades tradicionales como la nación, la religión e incluso la propia familia, las personas buscan su pertenencia a otros grupos basados, para lo que acá interesa, en factores políticos o ideológicos. Para muchos ciudadanos, la identidad con esa comunidad o “tribu” asume una importancia exorbitante, conllevando la pérdida del pensamiento crítico, al privilegiar la lealtad al grupo sobre la razonabilidad de las posiciones.

En ese contexto, las narrativas generadas por algunos líderes dentro de los grupos de opinión, expertos en la producción de mensajes sencillos y no necesariamente bien fundamentados, pueden ser efectivas para minar la credibilidad y, con ello, de alguna manera, la legitimidad de las decisiones judiciales y de las reflexiones académicas.

Dentro de este entorno dinámico y turbulento, los jueces deben seguir decidiendo y la academia debe seguir produciendo conocimiento. Los retos, por supuesto, no son menores. La independencia y la autonomía, tanto la judicial como la académica, se erigen como valores cada vez más importantes para nuestra sociedad. Los jueces y los profesores estamos llamados a defender los derechos y garantías que tanto trabajo costó incorporar en textos constitucionales y legales, para proteger ideas valiosas como la dignidad humana, la democracia y el Estado social del derecho, aunque otros no comprendan, valoren o siquiera conozcan su importancia. Por supuesto, también se deben transformar las estrategias de comunicación, para adaptarlas a la realidad actual, pero sin perder el rigor y la fundamentación racional que les da legitimidad a estas actividades, más que la propia aceptación social. Y se debe procurar no alimentar la pugna tribal, también llamada polarización.

Desde la perspectiva académica, esto último no implica mantenerse al margen de las discusiones, sino todo lo contrario. La participación activa en los debates, manteniendo la altura intelectual y evitando el lenguaje agresivo y pendenciero, es de gran importancia para procurar la racionalización de las posturas y la defensa de las instituciones. Resulta incomprensible que asuntos como el alcance dogmático de la figura del determinador, la inviolabilidad del secreto profesional, la lucha contra la corrupción o, para mostrar que el asunto trasciende las fronteras penales, el fuero presidencial integral, la separación de poderes o la garantía de los derechos sociales, puedan ser atribuidos a una de las sectas o tribus como parte de su patrimonio intelectual o generen críticas políticas y alinderamientos ideológicos a quienes expresan sus ideas sobre el particular. Estas, como muchas otras, entre ellas las garantías penales, son ideas que se estudian y analizan transversalmente, pues protegen a todos los ciudadanos, y que las instituciones deben garantizar y maximizar en ejercicio de sus funciones.

En ese mismo sentido, debe arroparse a las instituciones judiciales cuando ejercen su función, pues esa actividad no implica el acogimiento parcializado de los aspectos identitarios de los grupos ideológicos, sino la adjudicación independiente del Derecho. Por supuesto, se parte de la necesidad de que la autonomía y la independencia no sean un simple discurso que se enarbola como escudo protector, pero que a renglón seguido se traiciona con lenguaje belicoso o argumentaciones semi o parajurídicas. La crítica racional a las decisiones y a la jurisprudencia siempre será bienvenida, pero el ataque institucional no resulta admisible.

Recientemente, se ha visto cómo jueces unipersonales o, incluso, la Corte Constitucional han sido objeto de fuertes ataques que trascienden el análisis crítico a sus posturas. Este asunto debe ser atendido urgente y apropiadamente, pues en el cercano futuro la dinámica procesal y el ejercicio cotidiano de la función implicará para otras esferas judiciales, como tribunales de distrito o la propia Corte Suprema, la toma de decisiones que interpretarán normas y protegerán garantías penales, con eventual incidencia en casos de interés para los grupos enfrentados. En ese momento, la academia, la comunidad jurídica y la ciudadanía deben estar preparadas y en disposición para proteger a la institucionalidad de las arremetidas tribales, de cualquier sector, que buscaran afectar su legitimidad, la cual debe fundarse en la razonabilidad de los planteamientos y no en su autor ni en su beneficiario.

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