Perdió su cédula y terminó en la cárcel por un delito que no cometió

 

Apolinar León acostumbraba jugar tejo con sus amigos en una tienda del barrio Bosa Naranjos, de Bogotá. Usualmente, luego de ocho horas de fabricar zapatos, se dirigía allí, para tomarse un par de cervezas. No había nada de malo en su rutina. Guardaba siempre la compostura al beber y estaba acostumbrado a no tener mayores sobresaltos ni problemas. Era un ciudadano ejemplar, sin deudas ni asuntos pendientes con la justicia.

 

Sin embargo, el 9 de marzo del 2009, cuando estaba en la tienda donde solía jugar tejo, la Policía llegó para hacer una requisa. Les pidieron los papeles a los que se encontraban en el lugar, y él, sin ningún problema, los entregó.

 

“Señor, tiene una orden de captura. Acompáñenos”, le dijo uno de los agentes. Inmediatamente, lo subieron a un camión y lo llevaron a la estación séptima de Bosa, de ahí a la estación de Kennedy y, posteriormente, a la cárcel La Picota.

 

Lo acusaron de hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas y tentativa de homicidio. Nunca le tomaron huellas. Lo recluyeron en el patio dos del centro carcelario, junto con varias personas acusados de hurto.

 

La base de datos daba fe de que era culpable. Aparecía su número de cédula, su foto y la descripción del supuesto delito que había cometido. No tenía recursos para contratar un abogado, pero, con esfuerzo, su familia contrató a uno para que lo representara. El abogado no dio resultados, y León continuó en la cárcel.

 

El perjuicio

 

La vida le cambió drásticamente. Pasó de ser un ciudadano común y corriente, a un peligroso delincuente. Siempre había pagado sus impuestos, la pensión del colegio de su hija y los deberes que le exigía el Estado, pero eso ya no contaba.

 

Nunca había empuñado un arma. De hecho, sus principios religiosos no se lo permiten. Por eso, no se explicaba cómo el Estado se atrevía a afirmar que él había robado a alguien.

 

“Mi familia confiaba en mí. Todos por acá sabían que yo no había hecho nada. Yo les decía que me tomaran huellas, que no era yo, y me decían que no, que después, que allá en La Picota”, cuenta León.

 

Aunque insistía en que no había cometido ningún delito, permaneció recluido durante nueve meses, compartiendo celda con cinco presos más. 

 

A su esposa le dio lupus y él no pudo acompañarla durante su tratamiento. Dice que esa es una de las cosas que más le duelen.

 

El proceso

 

En la cárcel, se enteró del servicio que les prestan los abogados del Proyecto inocencia de la Universidad Manuela Beltrán a los ciudadanos que han sido condenados injustamente.

 

Recurrió a ellos. Luego de indagar y analizar su caso, los abogados a cargo del proyecto  decidieron representarlo. Resultó que Apolinar León había sido suplantado en varias oportunidades por un sujeto que no conocía y que se encontró su cédula en la calle.

 

Esta persona cometió un hurto y fue condenada en ausencia a seis años y dos meses de prisión, por porte ilegal de armas y hurto agravado y calificado.

 

Tras obtener las huellas de la persona que realmente cometió el delito, gracias una prueba dactilar practicada al arma que fue utilizada, los abogados de León pudieron establecer que el hombre había sufrido un accidente y había sido internado en un hospital de Bogotá. Posteriormente, solicitaron su historia clínica y supieron que le habían practicado una cirugía en una pierna, lo que le había dejado cicatrices.

 

Con esta prueba, radicaron un derecho de petición ante el juzgado, solicitando que se cotejaran los resultados del examen médico legal. De esta manera, el juez pudo determinar que León había sido erróneamente identificado como responsable de las conductas punibles que se le imputaban.

 

De vuelta a la vida

 

Apolinar León fue puesto en libertad, y regresó a su hogar, junto a su familia. Sin embargo, al poco tiempo, su esposa murió.

 

Todavía recuerda con amargura los nueve meses que estuvo en prisión y los tragos amargos que debió pasar al estar recluido injustamente por un delito que no cometió.

 

Culpa al Estado, pues dice que faltó un mayor control en su proceso durante las etapas de investigación y juzgamiento. Por esta razón, instauró una demanda contra la Nación, con el fin de que se le indemnicen los daños que este error judicial le causó.

 

“Yo pensé que iba a tener que pagar esos seis años. Yo me la pasaba mandando cartas a los juzgados para que alguien me ayudara. Ahora estoy tranquilo porque ¿quién no ama la libertad?”.