La Fiscalía General de la Nación radicará hoy ante el Tribunal Superior de Bogotá una solicitud de audiencia de formulación de imputación en contra de la contralora general de la República, Sandra Morelli, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La actuación penal se inició con base en la denuncia presentada por el presidente de uno de los sindicatos de trabajadores de la Contraloría, Carlos Abel Saavedra, quien informó sobre presuntas irregularidades en el proceso de arrendamiento de las instalaciones que actualmente ocupa esa entidad en el edificio Gran Estación II, en Bogotá.

Adelantada la indagación, la Fiscalía determinó la existencia de una inferencia razonable de desconocimiento del principio de planeación, porque no se adelantaron estudios técnicos para establecer si los dos edificios en los que funcionaba la Contraloría, en el centro de la ciudad, presentaban fallas estructurales que impidieran el desarrollo de sus labores, lo que resultaba esencial para definir si era urgente o no el traslado a otra sede.

Así mismo, se pudo haber desconocido el principio de transparencia en el trámite contractual, ya que los documentos con los que se soportó la suscripción de los contratos de arrendamiento son simples conceptos y recomendaciones de organismos y entidades que no tienen capacidad técnica para hacer un diagnóstico estructural sobre tales edificaciones. Además, según la Fiscalía, en ninguno estos documentos se sugirió el cambio de sede de la entidad.

Para el ente investigador, existieron graves irregularidades en los estudios de mercado que llevaron a la suscripción de los contratos cuestionados, pues se realizaron con base en una comparación de precios extraídos de una página web. Adicionalmente, indicó, no fueron realizados con inmuebles, ofertas y proponentes comparables entre sí ni que guardaran relación con las necesidades de la Contraloría.

También pudo afectarse el principio de selección objetiva, por cuanto se desnaturalizó el contrato de arrendamiento, para incluir la adquisición de ductos, sanitarios, aires acondicionados y mobiliario, entre otros, con pagos amortizados a 10 años o al momento de darse por terminado el contrato. Con esa figura, agregó la Fiscalía, la Contraloría se obligó a llevarse consigo tales elementos.

Finalmente, pudo haberse violado el principio de economía, porque si bien existían ofertas más favorables del mismo contratista, el contrato fue suscrito con un sobrecosto cercano al 10 % respecto de la oferta inicial recibida por la Contraloría.

La Fiscalía subrayó que su posición es que la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad tiene carácter excepcional. Por eso, en este caso, anunció que le solicitará al tribunal que le imponga a la Contralora la medida de prohibición de salir del país, la cual estima suficiente para asegurar su comparecencia al proceso.

Contralora recusa al Vicefiscal

Por su parte, Morelli presentó un incidente de recusación y una queja disciplinaria contra el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, y los fiscales del grupo de investigaciones especiales asignadas que llevan indagaciones en su contra.

Según indicó, estas personas han incurrido en causales de impedimento, al violar la reserva y los principios de transparencia e imparcialidad, filtrando informaciones a los medios de comunicación y emitiendo opiniones sobre asuntos relacionados con estos procesos.

De acuerdo con la Contralora, sus garantías constitucionales solo pueden ser restituidas, si los recusados se separan del conocimiento de la causa y este es asumido por un funcionario ad hoc.

“Si bien las noticias sobre mi caso son comúnmente filtradas por los fiscales a los medios de comunicación, en los dos últimos días la situación es realmente alarmante y atentatoria, inclusive con mi derecho a la intimidad y seguridad”, afirmó Morelli.