Exministros condenados por “yidispolítica” habrían seguido instrucciones del expresidente Uribe: Corte Suprema

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 80 meses de prisión a los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, y a 60 meses de prisión al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Alberto Velásquez Echeverri, por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

Con la intervención de cinco conjueces, la corporación validó las pruebas que demuestran la participación de los tres exfuncionarios en la entrega de prebendas burocráticas a los excongresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, para evitar el hundimiento de la reforma constitucional que instauró la reelección presidencial.

La Sala Penal señaló que si los exministros no hubieran incurrido en estas conductas, “tal vez, hoy día, otra sería la situación de una institucionalidad que se encuentra seriamente agrietada y poco respetada por una sociedad que no cree en la honestidad de sus dirigentes”.

Según la sentencia, “ese ilícito actuar resultó definitivo para cambiar el rumbo no solo de la política, sino los destinos del país, en la medida en que al procurar con métodos protervos la continuidad de un trámite legislativo que de haber surtido su curso sin las referidas interferencias y permitiendo su debate a partir de las ideas, como corresponde en un Estado que protege el pluralismo político y la participación democrática, tal vez, hoy día, otra sería la situación”.

La Corte determinó cómo los funcionarios, que habrían seguido instrucciones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, dispusieron del poder que les conferían sus altos cargos para pagar, con una serie nombramientos, el voto favorable de la exrepresentante Medina y la ausencia de Avendaño en la respectiva votación.

El alto tribunal cuestionó que se acuda a acuerdos delictivos, y no a la confrontación de ideas, para concretar trámites legislativos, pues, en este caso, pese al respaldo de la Corte Constitucional a la iniciativa, su aprobación se debió a prácticas corruptoras de funcionarios del Gobierno, “frente a dos congresistas de nivel académico básico, pobre estructura intelectual, pero vasta ambición de reconocimiento”.

“Los tres acusados, concluye la Corte, actuaron mancomunadamente, guiados por el mismo propósito: procurar disipar el quorum de los 18 congresistas que apoyaban la solicitud de archivo, y prevalidos de su condición de miembros del equipo de Gobierno y conocedores del interés que el Presidente de la República tenía en que la reelección presidencial cumpliera satisfactoriamente el trámite legislativo en el Congreso, le hicieron ofrecimientos a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño de los cargos que podían estar disponibles, para asignárselos en pago, a la primera, con el fin de realizar un acto contrario a sus funciones y, al segundo, para que lo omitiera”, agregó.

En relación con el exministro Pretelt, encontró demostrada su responsabilidad frente al cumplimiento de las prebendas dadas a Medina, las cuales se concretaron en la Notaría Segunda de Barrancabermeja y un cargo en el Ministerio de Justicia, para su amigo César Guzmán. A Avendaño, por su parte, le asignó la Notaría 67 de Bogotá, donde fue nombrado Luis Camilo O’meara, quien se prestó para la compra de ese despacho.

A Diego Palacio se le demostró la contratación de Vania Constanza Castro Varona, nuera de Teodolindo Avendaño, para atender asuntos de Foncolpuertos en la ciudad de Cali, al igual que el ofrecimiento de la notaría que, un año más tarde, le entregó Pretelt. Así mismo, ofreció a Yidis Medina la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, donde fue nombrado el ingeniero químico Carlos Correa Mosquera.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Comunicado, abr. 15/15)