La Corte Suprema de Justicia aclaró que la naturaleza pública del documento no está supeditada al destino que se le dé o a los fines privados o de interés general que tenga, sino a que su creación provenga del ejercicio de la función pública inherente al Estado y habilitada por una ley. Con estos argumentos, explicó que la expedición de certificados por parte de los profesionales de la salud no constituye el ejercicio de una función pública ni esos documentos tienen la naturaleza de públicos, aunque adquieran relevancia para efectos legales. Por lo tanto, cuando un profesional de la salud expide un documento falso incurre en el delito de falsedad en documento privado. De esta forma, la corporación modificó la condena a un médico que expidió un certificado de defunción falso para cobrar un seguro de vida (M.P. Julio Enrique Socha Salamanca).