La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que la voluntad del legislador fue la de fijar en 20 años el término de prescripción de la acción penal respecto de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual y el de incesto, cuando la víctima es un menor de edad. Según el alto tribunal, el plazo empieza a contabilizarse desde cuando la víctima cumple la mayoría de edad, excepción que fue concebida para que surta plenos efectos en la fase de investigación. En efecto, así se garantiza al agraviado que pueda acceder al aparato judicial una vez alcance la edad que lo habilita para el ejercicio pleno de sus garantías, sin que el tiempo transcurrido hasta ese momento haya extinguido la facultad punitiva estatal, indicó la corporación. También, aclaró que dicha excepción favorece al organismo titular de la acción penal, pues al tener conocimiento del suceso delictivo, bien por denuncia directa del menor agraviado o por otros medios, a diferencia de lo que ocurre con todos los demás delitos a los que se aplica la regla dispuesta en el artículo 84 de la Ley 599 del 2000, para la investigación y determinación de la ocurrencia de la conducta típica goza de un lapso que se extiende hasta 20 años después de que la víctima cumpla la mayoría de edad con el fin de que adelante las pertinentes actividades esclarecedoras (M. P. Eugenio Fernández).