No es la primera ley anticorrupción de la reciente historia legislativa colombiana, pero sí la primera impulsada por el actual Gobierno, en un momento en el que, como siempre, la corrupción pública y privada es noticia diaria.

Nuevos delitos, endurecimiento de castigos, menos concesión de beneficios penales, más faltas disciplinarias y restricciones a la contratación estatal son los puntos fundamentales del nuevo Estatuto (L. 1474/11).