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Juan Camilo Velásquez Tibocha
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, candidato a magíster en Derecho Penitenciario y Cuestión Carcelaria en la Universidad de Barcelona

¿Qué ocurre cuando un proceso penal deja de discutirse únicamente en los estrados judiciales y empieza a ser juzgado en titulares, entrevistas, publicaciones virales y redes sociales? ¿Qué pasa cuando la primera “notificación” que recibe la defensa no proviene del despacho judicial, sino de una noticia publicada en un portal digital o de una publicación en X?

El litigio penal siempre ha sido un terreno complejo. En él confluyen la libertad, la honra, la presunción de inocencia, el poder punitivo del Estado y la expectativa legítima de las víctimas de obtener justicia. Sin embargo, esa complejidad adquiere una dimensión adicional cuando el proceso se vuelve mediático; cuando el investigado, el acusado, la víctima o los hechos mismos despiertan el interés de la prensa por tratarse de futbolistas, artistas, empresarios, servidores públicos o dirigentes políticos.

En esos casos, el proceso penal deja de desarrollarse únicamente ante la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República. Empieza, al mismo tiempo, un segundo litigio, menos técnico, menos garantista, más inmediato y muchas veces más ruidoso. Un litigio paralelo, extrajudicial y mediático, que no se adelanta con audiencias, contradicción, recursos ni reglas probatorias, sino con titulares, entrevistas, filtraciones, hilos, opiniones y juicios anticipados. Allí, la presunción de inocencia compite contra la velocidad de la noticia.

No se trata de desconocer la libertad de prensa ni el papel esencial de los medios en una sociedad democrática. La prensa informa, revela y muchas veces permite que hechos de extrema gravedad no permanezcan bajo la sombra. El problema surge cuando el ejercicio periodístico cruza una línea delicada, cuando deja de informar sobre un proceso y empieza a construir, desde fuera del expediente, una versión concluyente de la responsabilidad penal; cuando atribuye delitos antes de que exista una imputación formal; cuando define formas de autoría o participación que aún no han sido debatidas, o cuando presenta hipótesis investigativas como verdades absolutas.

Para quienes litigan en materia penal, esta realidad impone una carga adicional, ya no basta con diseñar una estrategia ante el juez. En los procesos de alta exposición pública, la defensa también debe enfrentar una narrativa externa que puede condicionar la percepción social del caso, afectar la reputación del procesado y alterar la forma en que la opinión pública entiende decisiones que deberían explicarse desde el expediente y no desde el espectáculo.

Vivimos en una sociedad en la que la información está al alcance de un clic. Una noticia puede aparecer en televisión, replicarse en un portal digital, convertirse en tendencia en X, fragmentarse en videos de TikTok, comentarse en YouTube, discutirse en radio y llegar, en cuestión de minutos, a grupos familiares de WhatsApp en los que todos opinan con una certeza casi dogmática. Esa hiperconectividad representa un avance democrático, una sociedad mejor informada tiene más herramientas para participar, vigilar y cuestionar el ejercicio del poder.

El problema aparece cuando la velocidad con la que circula la información supera la capacidad de verificarla. En el mundo digital, muchas veces la noticia no compite por ser más rigurosa, sino por ser la primera. Y cuando esa lógica se traslada al proceso penal, el riesgo es evidente, una hipótesis puede presentarse como conclusión, una filtración como prueba, una sospecha como responsabilidad (que tras del hecho sería objetiva) y una interpretación apresurada como verdad judicial.

El fenómeno de las noticias falsas no es nuevo, pero sí ha adquirido una dimensión distinta. La inteligencia artificial profundizó el problema. Hoy es posible imitar voces, alterar imágenes, crear videos de apariencia realista, fabricar conversaciones o producir escenas que nunca ocurrieron. Si antes el desafío era verificar la fuente, hoy también es necesario verificar la autenticidad misma del contenido. En ese contexto, el proceso penal queda expuesto a un entorno informativo en el que la apariencia de verdad puede generar efectos devastadores antes de que exista una decisión judicial.

En los casos mediáticos, esa tensión se vuelve más visible. Cuando el proceso involucra a un cantante, un futbolista, un político, un empresario, un influenciador o cualquier persona con reconocimiento público, el expediente empieza a convivir con una narrativa paralela. Los medios relatan el caso, lo interpretan y, en ocasiones, lo simplifican. La “audiencia ciudadana”, que no necesariamente conoce el expediente ni las reglas del proceso, recibe una versión fragmentada de los hechos, muchas veces construida a partir de filtraciones, fuentes reservadas o lecturas parciales de piezas procesales.

Allí aparece uno de los mayores desafíos para el litigante, ya no se defiende únicamente en el estrado. Se defiende también frente a una narrativa pública que puede instalar categorías antes de que lo haga la justicia. En algunos casos, los medios hablan de “responsables” cuando apenas hay imputados. En otros, califican jurídicamente una conducta sin conocer todos los elementos del caso, atribuyen formas de autoría o participación sin que la Fiscalía las haya definido, o anuncian decisiones antes de que las partes hayan sido notificadas.

En ese escenario, el abogado penalista se ve obligado a incorporar una dimensión que antes parecía secundaria, la estrategia comunicacional. Hace algunos años podía considerarse anecdótico preguntarse si el defensor debía conceder una entrevista, publicar un comunicado en redes, guardar silencio o responder públicamente a una afirmación inexacta. Hoy esas decisiones pueden tener impacto real, una frase mal formulada puede ser usada en contra del cliente, un silencio puede ser interpretado como aceptación y una respuesta tardía puede permitir que se consolide una narrativa perjudicial.

Esto no significa que el abogado deba convertirse en comunicador, ni que la defensa deba trasladarse a los micrófonos. Significa que el litigio penal en este tipo de casos exige comprender que la reputación, el buen nombre y la percepción pública también entran en juego, aunque no deban sustituir el debate jurídico. El proceso penal puede terminar con una absolución, pero la condena social puede haber sido impuesta mucho antes.

La discusión, entonces, no consiste en negar el derecho de la prensa a informar. Sería un error profundo. El periodismo cumple una función indispensable en una democracia, revela abusos, vigila al poder, informa a la ciudadanía y permite que asuntos de relevancia colectiva no permanezcan en el olvido. El punto no es silenciar a los medios, sino preguntar cómo se informa sobre un proceso penal sin convertir la noticia en sentencia respecto de la cual “no procede recurso alguno”.

La libertad de prensa no pierde legitimidad por estar sometida a criterios de responsabilidad. Informar sobre un proceso penal exige rigor, especialmente porque aquello que se comunica puede afectar derechos fundamentales de enorme importancia, la presunción de inocencia, la honra, el buen nombre, la intimidad, el debido proceso y la imparcialidad judicial. No es lo mismo decir que una persona fue denunciada, imputada, acusada o condenada. No es lo mismo afirmar que existe una hipótesis investigativa que asegurar que un hecho está probado.

El lenguaje importa. En derecho penal, las palabras no son adornos; son categorías. “Investigado”, “procesado”, “imputado”, “acusado”, “condenado”, “autor”, “determinador”, “cómplice”, “testigo”, “víctima” o “denunciante” no son expresiones intercambiables. Cuando los medios usan esas categorías de manera imprecisa, no solo confunden al público, sino que pueden deformar la comprensión social del proceso.

La presión mediática se intensifica en delitos de alta sensibilidad social. Allí, la prudencia suele ser vista como complicidad, las garantías procesales como obstáculos y la defensa como estrategia de impunidad. Pero la presunción de inocencia no existe para los casos fáciles; existe, sobre todo, para aquellos en los que la opinión pública ya parece haber decidido.

En últimas, la pregunta de fondo es si estamos preparados, como sociedad, para distinguir entre el derecho a estar informados y la tentación de juzgar antes de tiempo. Porque en una época en la que todo se sabe rápido, tal vez el verdadero desafío sea recordar que la justicia no puede funcionar con la misma velocidad con la que se actualiza una tendencia.

Esto no significa que los procesos penales deban permanecer ocultos ni que la prensa deba guardar silencio frente a hechos de interés público. Significa que informar sobre un proceso penal exige comprender que cada palabra puede tener consecuencias, una afirmación imprecisa puede instalar una condena social, una filtración puede alterar la igualdad de armas y una noticia puede llegar más lejos que una sentencia.

Por eso, quizá la discusión no deba centrarse en si los medios pueden o no informar sobre procesos penales. Esa respuesta, en una democracia, debe ser afirmativa. La verdadera pregunta es otra, ¿cómo informar sin sustituir al juez?, ¿cómo narrar sin condenar?, ¿cómo ejercer la libertad de prensa sin erosionar la presunción de inocencia?, ¿cómo defender en juicio cuando el caso ya fue decidido en la conversación pública?

El reto no pertenece solo a periodistas, abogados, jueces o fiscales. También interpela a quienes leen, comparten, comentan y convierten una noticia en juicio colectivo. En tiempos de hiperconexión, tal vez una forma mínima de justicia consista en recuperar la duda, desconfiar de las certezas inmediatas y recordar que, antes de la sentencia, todavía existe el proceso.

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