La Sala Penal de la Corte Suprema recordó que a través del allanamiento la persona imputada o acusada de un delito admite los cargos que le ha formulado la fiscalía, de modo que renuncia a la realización de un juicio público, dentro del cual podría ejercer el derecho de contradicción respecto de las pruebas aducidas en su contra. De ese modo, quien se somete a este mecanismo no puede con posterioridad a su aceptación retractarse voluntariamente de la misma si en el procedimiento no se incurrió en violación de garantías fundamentales, agregó la sentencia. Además, si el allanado pretende recurrir la decisión que en su contra se profiera, tendrá limitaciones, explicó, pues es claro que al impugnar no podrá referirse a los aspectos que fueron materia de aprobación, sino únicamente los que guarden relación con la pena, mecanismos de sustitución e indemnización de perjuicios (M.P. Luis Guillermo Salazar).