Luis Carlos Avellaneda: “Sería un desacierto entregar el manejo de las cárceles al sector privado”

AMBITO JURÍDICO: Las tutelas sobre hacinamiento carcelario recientemente falladas dan razón a lo denunciado por usted en un debate de control político. ¿Ha visto algún avance al respecto?

 

L. C. A.: Nuestro sistema carcelario no cumple con la filosofía de resocializar a las personas que han incurrido en ilícitos penales. Ese es un primer problema estructural, por lo que es común decir que las cárceles son universidades del crimen. En las cárceles no encontramos centros de formación que habiliten a las personas para reintegrarse a la sociedad. El segundo problema es que parecería que la sociedad en general, y sobre todo las autoridades administrativas, por omisión en la tarea carcelaria, asumen que la cárcel es un castigo que lleva, incluso, a la negación de todos los derechos humanos de los internos.

 

A. J.: ¿Cuáles fueron sus conclusiones sobre el hacinamiento?

 

L. C. A.: Hoy el sistema carcelario está expuesto a unos altos índices de hacinamiento, que durante el debate registramos en aproximadamente el 47 %. Pero lo que es bien grave es que tenemos cárceles con hacinamiento entre el 400 % y el 500 %, como en las de Riohacha, La Modelo, La Picota y otras. En el 2008, el hacinamiento promedio era del 22 %. Las últimas tasas de hacinamiento que encontramos, al 2011, eran del 47 %, lo que significa que se ha duplicado.

 

A. J.: ¿Y cuáles son las principales complicaciones?

 

L. C. A.: Esto se refleja en la salud de los internos. El Gobierno anunció unas medidas en el debate de control político, pero sigo recibiendo información de que la población carcelaria no recibe la atención adecuada y persisten las condiciones antihigiénicas que fomentan las epidemias. Por otra parte, me preocupa mucho la presencia de 115 a 130 niños en las cárceles, hijos de internas. Si hoy es inadecuado tener adultos en las cárceles, peor con los niños.

 

A. J.: ¿El hacinamiento carcelario es consecuencia del populismo punitivo?

 

L .C .A.: El Congreso legisla por la presión de los medios de comunicación. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana es el resultado de una tendencia a legislar casuísticamente, porque no hay una política criminal de Estado que pueda orientarlo en materia punitiva. Actuamos sin estudios sociológicos, antropológicos, en fin, actuamos a la ciega. Hay mucho populismo y, en materia penal, hemos creído en el fetichismo de la pena. El país no ataca las causas del delito, que principalmente son la falta de educación y de oportunidades laborales.

 

A. J.: ¿Funciona el Consejo Nacional de Política Criminal?

 

L. C. A.: No está funcionando de manera adecuada, porque el Gobierno y el Congreso no lo escuchan. Hay que atender mucho a ese Consejo, para que el Congreso pueda estar orientado científicamente al establecimiento de las penas. Pero, por otra parte, además de las penas cuestionables, los jueces no les están otorgando a los internos los subrogados penales, por temor a los medios de comunicación y a procesos disciplinarios. Basado en datos suministrados por el Inpec y la Defensoría del Pueblo, si aplicamos la ley, el Código Penal, el Código Penitenciario y algunas normas humanitarias, podríamos liberar o cambiar las condiciones de reclusión de 34.655 internos.

 

A. J.: ¿Qué opina de privatizar el sistema penitenciario?

 

L. C. A.: Me parece el colmo. Entonces mañana nos van a decir que privaticemos la justicia. En eso se han dado pasos, como en la fallida reforma a la justicia, aunque es el Estado el que tiene que asumir estas tareas. El sector privado puede encargarse de varias funciones, pero las causas estructurales del delito requieren políticas transversales del Estado, por lo que sería un desacierto entregar el manejo de las cárceles al sector privado. Mire lo que pasa con el sector salud, donde se atiende a los enfermos, pero no se enfrentan las enfermedades. Además, he visto en los últimos años un fenómeno de corrupción impresionante en el sector privado. Todo lo que hemos privatizado se ha convertido en un botín para privilegiar intereses en contra de lo público.

 

A. J.: ¿Ha observado la situación laboral de los guardianes del Inpec?

 

L. C. A.: En el debate, revelamos que hay una insuficiencia de personal para prestar de manera adecuada el servicio de custodia y vigilancia en las cárceles del país, lo que trae unas sobrecargas laborales que no son remuneradas. Esta situación expone a los trabajadores de las cárceles a los límites de su capacidad, por lo que veo venir una cantidad de demandas de orden laboral contra el Estado que complicarían la situación carcelaria.