Llegó la hora de tomar en serio a los delitos informáticos

Daniel Peña Valenzuela

Socio de Peña Mancero Abogados

Entre la gran cantidad de tareas que le esperan al recién posesionado Fiscal General de la Nación está la de establecer la estrategia global para una lucha frontal contra el fraude informático y el ciberdelito.

Se podría adaptar la otrora famosa frase de: ¿Si no es el Fiscal, Néstor Humberto Martínez, quién?  Nadie como él conoce el sistema financiero, por dentro y por fuera, y pocos pueden tener la visión internacional y la fortaleza de carácter para lograr una voluntad política suficiente que permita al largo brazo de la justicia alcanzar al crimen transnacional y organizado que está detrás del ciberdelito.

Las estadísticas del fraude informático crecen geométricamente con el mismo ritmo en que el uso de la banca electrónica también aumenta en nuestro país. Por igual, las actividades  criminales de la ciberdelincuencia afectan a las entidades financieras, la empresas (no solo las del sector informático, sino también el sector real) y los usuarios (clientes y consumidores financieros), que no en pocos casos tienen que asumir las pérdidas producidas por los desfalcos, acceso abusivo a sistemas de información, transferencia no consentida de activos y las suplantaciones de identidad, entre otros. Qué no decir del riesgo operativo, la afectación a la reputación de las entidades e, incluso, a la seguridad misma del sistema financiero.

Se requiere de una estrategia integral en donde la política criminal sea un componente fundamental, que se adecúe a la nueva realidad de los servicios informáticos en línea:

i) Revisar la legislación, sobre todo, la Ley de Delitos Informáticos (L. 1273/09) para determinar su pertinencia y adecuación a los retos actuales. Probablemente, serán necesarios ajustes para hacerla más efectiva, en particular, es importante que se logre una legislación que obligue la divulgación de los incidentes informáticos que pongan en peligro la seguridad e integridad de la información personal y los secretos empresariales.

ii) Capacitar a los fiscales y al personal del cuerpo de Policía Judicial en informática general y en las nuevas tecnologías (cloud computing, internet de las cosas, servicios móviles, deep web -internet profunda-, criptomonedas y big data, entre otras) para que puedan enfrentar los retos de expertos informáticos, que se han convertido en criminales con altos estándares internacionales de conocimiento.

iii) Establecer reglas ciertas y seguras para la prueba digital que permitan tener claridad sobre la cadena de custodia y agilizar los procedimientos, sin detrimento de las respectivas garantías pero con la presteza que amerita la economía digital.

iv) Incrementar los mecanismos de cooperación internacional como estrategia para combatir esta modalidad transnacional de crimen organizado.

v) Contribuir con las políticas estatales encaminadas a mejorar la ciberseguridad y ciberdefensa, incluyendo la ratificación del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia y la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

vi) Llevar a cabo campañas ciudadanas para la prevención del delito informático, así como en las facultades de ingeniería para prevenir a los futuros profesionales de caer en redes criminales.

vii) Coordinar los estándares de seguridad electrónica y digital con la Superintendencia Financiera para prevenir la acción de la ciberdelincuencia.

viii) Coordinar con el sector privado (sector de las TIC, sector real y sistema financiero) respecto de la prevención del ciberdelito, así como de la denuncia de las actividades criminales de las que sean víctimas y de las medidas para asegurar la prueba e informar a clientes y consumidores afectados, de manera indirecta, por la fuga de información.

Con una mayor experticia de los funcionarios de la Fiscalía, apoyados por la voluntad política de la nueva cúpula, gozando de la cooperación internacional adecuada y en armonía con las políticas públicas de ciberseguridad es posible que Colombia pueda enfrentar con éxito a la criminalidad informática del siglo XXI. 

No queda otro camino si se quiere que nuestros ciudadanos aprovechen realmente los beneficios de la economía digital y de la sociedad de la información, obtengan los frutos debidos de los programas de conectividad, inclusión y emprendimiento digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la ambiciosa agenda de identificación digital para los servicios ciudadanos y de la carpeta digital ciudadana previstas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Todos estos loables proyectos, esfuerzos presupuestales y programas bandera requieren de la confianza ciudadana respecto de la seguridad, autenticidad, integridad y disponibilidad de la información digital.