Las declaraciones tiránicas

Andrés Flórez Villegas Socio de Esguerra Barrera Arriaga Asesores Jurídicos aflorez@esguerrabarrera.com

La tiranía en la Grecia antigua era un régimen de poder absoluto, de ordinario unipersonal, que con frecuencia instauraba una persona que había derrocado el gobierno de una ciudad-estado, normalmente gracias al apoyo popular.

La tiranía griega fue fruto de la lucha de las clases populares contra los abusos de la aristocracia y los reyes-sacerdotes, cuyo derecho a gobernar venía sancionado por las tradiciones ancestrales y la mitología.

Para la mentalidad moderna, empero, la tiranía se identifica con un uso abusivo y cruel del poder político. Su fundamento es el autoritarismo y corrientemente es una reacción a fenómenos que afectan la sociedad, que afincan el poder en las manos de algunos a quienes todo se les tolera para la solución de los problemas.

En el caso colombiano uno de nuestros mayores males es la corrupción. De ahí que este fenómeno genere alta sensibilidad en la población y dé lugar en algunas ocasiones a conductas tiránicas de los funcionarios que deben combatirlas. Ello ocurre con la simpatía popular, pues la sociedad cree que contra los violentos y los corruptos todo vale, no importan los medios.

Así como el tirano antiguo salía del pueblo y de la masa contra los notables, para que el pueblo no sufriera ninguna injusticia por parte de aquellos, los funcionarios actuales se alzan contra la corrupción con el apoyo del pueblo o con su beneplácito, sin medir el alcance de sus acciones.

La Contraloría, por ejemplo, comúnmente sale a acusar a funcionarios o a particulares de toda suerte de irregularidades. Así lo ha hecho en sus investigaciones en salud, pensiones y licencias de televisión, entre muchísimas otras. El modus operandi es siempre el mismo: sonoras declaraciones a los medios de comunicación que estos replican por doquier, llenas de adjetivos en contra de quienes serán investigados.

Lo mismo ha ocurrido con nuestro Presidente. Declaraciones públicas con el dedo apuntador, a veces acompañado de muchos otros funcionarios, son el pan de cada día. Palabras y frases como “carrusel”, “punta del iceberg”, “desfalcos monumentales” y “defraudación de billones de pesos” se replican en los medios. Estos se regocijan de las declaraciones pues tienen temas que generan atención y por esa vía venden pauta publicitaria. Mientras tanto el pueblo cree –con enorme inocencia– que se está haciendo justicia y que sus intereses están siendo correctamente defendidos.

Pero el beneplácito del pueblo no significa que la conducta de los funcionarios que hacen de la corrupción o de las meras sospechas un escándalo sea correcta, ni mucho menos legal ni garantista de los derechos constitucionales.

Los funcionarios a quienes tanto les gusta el escándalo deberían reparar en que sus ruedas de prensa en materia de corrupción deberían hacerse cuando haya investigaciones cumplidas y, por sobre todo, condenas en firme. Declaraciones peyorativas contra personas, sectores o empresas cuando apenas se inician las investigaciones son violatorias del derecho al buen nombre, de la presunción de inocencia y hasta del debido proceso.

¿Quién puede tener un juicio justo cuando ya las altas autoridades lo condenaron en público? ¿Quién puede recibir un trato equilibrado cuando ya la opinión pública está sesgada? ¿Cómo puede haber igualdad entre las partes en un juicio cuando una de ellas usa los micrófonos y gradúa a la otra de corrupta antes siquiera de formular cargos? ¿En dónde queda el buen nombre de una persona que ni siquiera ha sido juzgada y vencida en juicio? Y, por sobre todo, ¿qué pasa con quienes son acusados en público pero son inocentes?

Lo más grave de la situación es que las investigaciones muchas veces quedan en nada. No pasan de la rueda de prensa. O cuando se conducen llegan a conclusiones bien distintas de las que quedaron en la retina pública. No eran desfalcos o si existían las irregularidades no eran billonarias, ni mucho menos. A veces pasa que los responsables no eran todos los acusados o que se estigmatizó a todo un sector económico por cuenta de la conducta de una entidad o de uno de sus funcionarios. Cuando esto ocurre no vemos a los funcionarios recogiendo en público sus declaraciones o reconociendo que las mismas fueron exageradas. La opinión pública queda irremediablemente manipulada.

Todas esas declaraciones estridentes donde se generaliza y se acusa antes de los juicios de responsabilidad seguramente generarán responsabilidad para el Estado cuando los afectados hagan valer sus derechos. Tristemente, cuando ello ocurra, los responsables de las declaraciones ya no estarán en sus cargos. Y, aun peor, la sociedad no reconocerá como inocentes a quienes así sean declarados, pues nada borra las ruedas de prensa. Pobre país.