Jorge Armado Otálora: “El problema de salud en las cárceles es de dimensiones increíbles”

ÁMBITO JURÍDICO: Recientes fallos de tutela llaman nuevamente la atención sobre el hacinamiento carcelario. ¿Cuál es el papel que debe cumplir la Defensoría del Pueblo en esta situación?

 

Jorge Armado Otálora: Recién posesionado en la Defensoría, convoqué al presidente de la Sala Administrativa del  Consejo Superior de la Judicatura para hablar sobre el número de solicitudes de libertad, subrogados penales y libertades condicionales que no han sido tramitadas porque el número de jueces de ejecución de penas es insuficiente para resolverlas. De esa reunión, se logró que del presupuesto para jueces y magistrados de descongestión se crearan 14 jueces de ejecución de penas. Me resulta extraño ver las órdenes en la reciente tutela, pero para que me vincularan, lo primero que debía suceder era escuchar qué ha hecho la Defensoría en esta situación. Desde mi llegada, estoy visitando las cárceles. He tenido contacto con los establecimientos carcelarios desde 1988 y, por ejemplo, las puertas de entrada y el interior de la cárcel La Modelo siguen idénticas. Además, esas cárceles tienen un problema jurídico: las acciones populares con las que se pretende su reubicación o desaparición. Ese puede ser uno de los motivos por los cuales no se hace la inversión indispensable para mejorar su infraestructura, y es un tema que debe precisarse.

 

A. J.: Existe un estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria y la Defensoría se ha pronunciado sobre el tema de la salud. ¿Hay avances en este aspecto?

 

J. A. O.: Al comienzo de mi periodo, convoqué a una reunión con todas las entidades encargadas del sistema penitenciario. El primer tema era la salud. En ese entonces, había 13 internos con enfermedades terminales, y un informe de Medicina Legal decía que su caso era manejable con la cohabitación en la cárcel, ante lo que planteé que ese no era el sitio para pasar los últimos días de la vida, además de estar en una completa situación de discriminación. Por otra parte, debe verse que Caprecom asume íntegramente el tema de salud, lo que la ha llevado a un grave problema de deficiencias de suministros, servicios e inclusive de sueldos para sus médicos. Con el Decreto 2496 del 6 de diciembre del 2012, el Ministerio de Salud busca regular el aseguramiento de la población reclusa a cargo del Inpec y de las entidades territoriales. Este decreto entra en vigencia luego de seis meses de expedido y trata de generar una reestructuración de oferta de servicio por parte de las entidades promotoras de salud (EPS). Antes se pagaba por el equivalente del régimen subsidiado, lo que no hacía atractivo el sistema para las EPS, pero ahora será un régimen contributivo subsidiado. Sin embargo, debo reunirme nuevamente con el Ministro de Salud, pues hemos observado que a algunas EPS que deberían acceder al decreto no les llama la atención, porque, a pesar de ser un buen negocio, no están interesadas en prestar ese servicio a la población carcelaria, lo que sería un problema gravísimo de discriminación.

 

Á. J.: ¿Y qué medidas piensa tomar la Defensoría?

 

J. A. O.: Si el decreto va a entrar en funcionamiento y no van a prestar ningún servicio, hay que revisarlo, para ver si el empresariado del servicio de la salud va a acceder a él o no. Estamos a tiempo de solucionar las cosas, antes del vencimiento de esos meses contemplados en la norma. Por otra parte, vamos a estar atentos a lo que pasa mientras entra en vigencia y, sobre todo, qué pasará con las personas que tienen enfermedades graves. El tema de la salud en las cárceles es de unas dimensiones que la gente no cree.

 

A. J.: ¿La Ley de Seguridad Ciudadana influye en el hacinamiento carcelario?

 

J. A. O.: Esa ley es para sentarnos a repensarla y replantearla, sobre todo para los delitos de bagatela. ¿Cuáles infractores realmente deben estar privados de su libertad? ¿Cuánto le vale al Estado esto? ¿Realmente se cumplirá con la resocialización de una persona que comete un delito menor y que en una cárcel puede ser contaminado, si se me permite el término, por personas que han cometido delitos más graves?

 

A. J.: ¿Inyectarle más recursos al sistema penitenciario soluciona la crisis?

 

J. A. O.: La Ministra de Justicia ha socializado un proyecto de Código Penitenciario y Carcelario que introduce las figuras de la cárcel abierta, semiabierta, cerrada y semicerrada, que requieren la preparación de toda la sociedad. Por un lado, el sistema se queja del hacinamiento y, por el otro, quiere que ninguna de esas personas salga. Por eso, es necesario encontrar el justo medio, identificar cuáles son las personas que, por su comportamiento, antecedentes y naturaleza de los hechos, no requieren estar en establecimiento carcelario y pueden estar en su residencia. Si vamos a cambiar radicalmente para modernizar el sistema carcelario en su normativa, lo lógico es que vaya de la mano de una reingeniería desde el punto de vista presupuestal.

 

A. J.: ¿Qué opina sobre privatizar el sistema carcelario?

 

J. A. O.: Hay que verlo desde el derecho comparado. Un ejemplo interesante es el modelo chileno, que resulta funcional. Esto puede traducirse en las ciudadelas judiciales, cárceles con logística para el respeto a la dignidad humana, rodeadas de edificios que representen a las instituciones de la justicia en el tema penal. Esto facilitaría que los reclusos asistan a las audiencias sin que se vulneren sus derechos fundamentales y garantizaría, también, la seguridad de jueces y fiscales. Además, le ahorraría importantes recursos del Estado.

 

A. J.: Según este balance, ¿qué medidas son necesarias?

 

J .A. O.: Como en todos los graves problemas, hay que tomar medidas de choque, frente a problemas que no pueden esperar, como el hacinamiento. A mediano plazo, deben contemplarse los temas legislativos, las grandes reformas estructurales. Y a largo plazo, planear toda la situación carcelaria, que es donde entraría la propuesta de las ciudadelas judiciales.