ÁMBITO JURÍDICO: ¿El Inpec participó en la redacción del proyecto de Código Penitenciario y Carcelario?

 

Gustavo Adolfo Ricaurte: Claro. Hace aproximadamente seis meses participamos en la elaboración de un código, que consta de 162 artículos. Ese código recoge la experiencia de los funcionarios del Inpec. Nosotros somos un referente internacional para países del continente que vienen a consultar el Código Penitenciario vigente y el proyecto, por varias cosas que hemos sacado adelante. Todo lo que tiene que ver con tratamiento penitenciario.

 

Á. J.: ¿Hay avances en ese aspecto?

 

G. A. R.: El sistema penitenciario ha evolucionado. Hace 20 o 25 años no había gobierno en las cárceles. Eran los internos prácticamente los que imponían su orden, lo que no sucede hoy en día. Ahora tenemos 142 establecimientos carcelarios, con directores que hemos ido formando y, por primera vez, los directores son convocados a un reentrenamiento académico, funcional y misional. El instituto duró más de siete años sin una orientación planeada en su desarrollo. Ahora tiene un plan maestro de seguridad penitenciaria, diseñado por esta administración, donde se ha recomendado la construcción de cárceles.

 

A. J.: ¿Cuántas cárceles se van a construir?

 

G. A. R.: Gracias a la firma de un convenio con la Corporación Andina de Fomento, se ha diseñado la construcción de seis megacárceles, para 26.000 internos, que corresponden a las estrategias diseñadas en el plan maestro de seguridad, con ampliación de 20.000 cupos en cárceles ya existentes.

 

A. J.: ¿Las nuevas cárceles solucionarán el problema de hacinamiento?

 

G. A. R.: Es un plan de 60.000 cupos más, que no soluciona totalmente el problema, pero prevé el crecimiento poblacional de los próximos dos años. Hoy tenemos una superpoblación de 40.000 internos, lo que equivale a un hacinamiento del 52,1 %. Este año vamos a terminar con 130.000 internos, es decir, la población carcelaria se desbordó, y la que hoy tenemos estaba planeada para el año 2022. De las 3.200 personas que ingresan mensualmente, nos quedan más de 1.700 y, por ejemplo, solo en enero quedaron 2.200.

 

A. J.: ¿Qué dificultades les ha generado ese aumento?

 

G. A. R.: El Inpec, a raíz de la Ley de Seguridad Ciudadana, cambió su población. Antes, el 80 % eran condenados y el 20 %, sindicados. Hoy, 37.852 son sindicados y 77.318, condenados. Según esas cifras, el Inpec tiene capacidad para que el total de la población condenada, que llenaría los 75.726 cupos, viva de acuerdo a los parámetros internacionales. Mantener a los condenados es realmente la filosofía del Código Penitenciario. Al Inpec solo le corresponde la población condenada. Los sindicados deben estar por cuenta de los alcaldes, porque es una población que rota continuamente. Hay que tener en cuenta que el sistema penal acusatorio ordenaba a sus jueces que la última medida que debía tomarse era privar de la libertad a una persona, pero hoy es la generalidad.

 

A. J.: ¿El Inpec ha hecho alguna propuesta sobre la Ley de Seguridad Ciudadana?

 

G. A. R.: Esa ley no tuvo en cuenta el concepto del Consejo de Política Criminal. Lo que hemos sugerido es que cada vez que se vaya a implementar una ley que aumenta la pena o establezca una nueva conducta punible, se pida el concepto de ese Consejo, donde el Inpec tiene asiento. Entonces, podrá decir el impacto de esa nueva medida en el crecimiento poblacional, así como el impacto financiero y de salud. Con la Ley 1453, de 27.000 sindicados pasamos a 37.000, en casi dos años, teniendo en cuenta, además, la declaratoria de inexequibilidad de la Ley de Pequeñas Causas.

 

A. J.: Sobre el tema de la salud, se ha manifestado recientemente la Defensoría del Pueblo. ¿Qué pasa en esa materia?

 

G. A. R.: Caprecom, que les presta el servicio de salud a los internos del Inpec, tampoco pudo resistir el crecimiento poblacional. Cuando comenzó sus funciones, el total de internos era de aproximadamente 75.000, mientras que hoy son 114.000 más los 37.000 sindicados, lo que no hace posible mantener el sistema de salud. El problema también se puede entender de esta manera: un ciudadano usualmente acude al médico dos o tres veces al año, mientras que el interno lo hace entre 14 y 17 veces. El año pasado hicimos más de 100.000 remisiones. Todo esto tiene que revisarse, al momento de incrementar penas o crear nuevos delitos.

 

A. J.: Entonces, las remisiones de internos constituyen otro problema derivado del hacinamiento.

 

G. A. R.: En el año 2010, se hicieron 210.000 remisiones médicas y judiciales. En el 2011, fueron 336.000, y en el 2012, 401.000. Al multiplicar eso por pasajes, viáticos, vehículos, combustibles, se desborda la capacidad del Instituto. Por eso, implementé 54 salas virtuales y, por primera vez, existen las visitas virtuales. El año pasado hicimos 1.022 audiencias virtuales y 1.200 visitas con la misma modalidad. Esto sirve para no correr riesgos con el traslado de los internos o enfrentar aplazamientos, suspensiones o demoras en las audiencias, por lo que la audiencia virtual debe traducirse en una obligación de los jueces.

 

A. J.: ¿Cuál es el impacto del hacinamiento, en el número de guardianes del Inpec?

 

G. A. R.: Para funcionar normalmente, necesitaríamos 3.000 guardianes más. Este año, el Gobierno nos autorizó 1.500. Para el próximo año, tenemos que mirar cómo llegar a esa cifra. Además, tenemos 2.200 internos siquiátricos, pero Medicina Legal tiene un déficit de planta de médicos que no pueden hacer la evaluación de su imputabilidad. Mire que Colombia no tiene un lugar especial para esta población, y el Inpec tiene que curarlos, resocializarlos y sacarlos a la calle.

 

A. J.: ¿Cuál es el enfoque del Inpec sobre los derechos humanos?

 

G. A. R.: Por primera vez, en el Instituto hay una política de derechos humanos. Organicé una directiva y un modelo de internos que son cónsules de derechos humanos en patios y pabellones. Ellos, como veedores del respeto de sus derechos, tienen la posibilidad de entrevistarse sin ninguna clase de obstáculos con todos los órganos de control. Además, ordené que en el currículo de los alumnos que serán guardianes se incorpore el tema de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.

 

A. J.: ¿Y en la protección de las minorías?

 

G. A. R.: Atendiendo una sentencia de la Corte Constitucional, somos el único país con una política penitenciaria clara para la población LGBTI. Hicimos un censo voluntario, según el cual hay aproximadamente 1.400 internos pertenecientes a esta comunidad. Para ellos, dicté una política exclusiva de protección.

 

A. J.: Tutelas recientes ordenan tomar medidas frente al hacinamiento. ¿Qué ha hecho el Inpec?

 

G. A. R.: Frente a la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país, tengo varias de las órdenes cumplidas. La he desarrollado en una directiva, mediante planes de salud y contra el hacinamiento y la corrupción. Para el hacinamiento, ocupamos 1.563 de los 1.800 cupos en las cárceles municipales y también lo hemos hecho con las cárceles militares y policiales. Cuando llegué al Inpec, había 14.000 cupos de las cárceles nuevas que estaban sin ocupar. Hoy quedan pendientes 2.500, por problemas de seguridad e infraestructura. Por otra parte, hicimos 40.000 peticiones, de las que quedan pendientes 7.500, sobre internos con pena cumplida, derecho a libertad condicional o alternativas de prisión domiciliaria, lo que representa un importante trabajo junto con los jueces de ejecución de penas. Por ello, estamos buscando que los jueces apliquen la prisión domiciliaria, a pesar de la presión social que rechaza estas medidas. Hoy, son 23.171 internos sujetos a ella.

 

A. J.: ¿Qué les queda por hacer?

 

G. A. R.: En Colombia, hay que pensar en los efectos del estatuto de seguridad ciudadana, sobre todo al verse fenómenos como el cambio de la población carcelaria. Antes ocupaban el primer lugar los condenados por homicidio, pero ahora son los condenados por hurto o por tráficos de estupefacientes o armas de fuego. Cuando entra un promedio mensual de 1.700 internos, cada dos meses habría que construir una nueva cárcel en Colombia. Eso es imposible. Nosotros proponemos las cárceles agrícolas para las poblaciones campesinas, seis en total, que sean compromiso de alcaldes y gobernadores.

 

A. J.: ¿Qué opina sobre la privatización de las cárceles?

 

G. A. R.: Los expertos dicen que poner a funcionar las nuevas megacárceles en concesión puede costar anualmente un promedio de cinco billones de pesos, más un billón al Inpec y otro a la Unidad Administrativa, lo que equivaldría casi al presupuesto total de la Policía. Lo importante es definir costos y comparar cuánto le cuesta el sostenimiento de un interno mensualmente o por año al Estado, y cuánto costaría por concesión.