Fiscales al límite. Cuando de la política criminal solo queda la “política”

Alejandro F. Sánchez C.

Doctor en Derecho. Abogado penalista y profesor universitario

www.alejandrofsanchez.com

Aprovecho para expresar mi agradecimiento a todos los que leyeron y difundieron la última columna titulada Jueces, dejen de cuidar a los fiscales como a niños chiquitos, la cual fue trending topic entre la comunidad jurídica. Agradezco todos los comentarios recibidos tanto a nivel virtual como personal, no importa si estaban en concordancia o no con la opinión.

Entre las líneas de crítica que despertó la columna, debo destacar las de algunos fiscales amigos y conocidos, para quienes los cuestionamientos expuestos no consideraban el escenario real de acción a partir del cual los acusadores deben cumplir con su misión, contexto caracterizado por una carga inhumana de trabajo y una presión constante por evacuarlo en el menor tiempo posible y exponer positivos de forma sistemática.

Comparto la crítica. Todo parece indicar que la política criminal, más allá de la racionalidad, sistematicidad y serenidad que debe inspirarla, ha cedido a las voces enardecidas de la “posverdad criminal”, más interesada en ver a los fiscales convertidos en policías que en límites del poder, cargándoles la imposible misión de devolver a la sociedad la esperanza y el orden perdidos.

La presión hacia los fiscales es constante, se refleja en la necesidad de dar positivos, de disponer mensualmente determinado número de capturas, imputaciones, acusaciones y sentencias condenatorias, porque las absolutorias no cuentan como tampoco los archivos; las estadísticas, así perfiladas, pesan más que la dogmática y la inmediatez termina imponiéndose a la razón.

En temas de “trascendencia” nacional o regional, un fiscal no puede darse el lujo de que se le “caiga” una captura o una medida de aseguramiento, mucho menos dejar de pedirla, pues corre el riesgo de que le abran una investigación disciplinaria o ser reubicado a los lugares más apartados del territorio nacional. He escuchado comentarios, a los que no quiero dar crédito, que por el nivel de angustia algunos fiscales acuden previamente ante los jueces para comentarles las consecuencias laborales que afrontarían si la audiencia respectiva “no sale bien”.

A través del poder central, se reasignan asuntos, se cambian fiscales y se canaliza el derrotero procesal y estratégico que guiará el manejo de determinado caso. No se trata de lineamientos generales, sino de intervenciones directas en casos concretos. La autonomía se encuentra profundamente cercenada a través de razones internas desconocidas públicamente. No por nada algunos llaman a este nuevo modelo el neo-inquisitivo.

Fiscales al límite de sus posibilidades logísticas, administrativas y humanas, en situaciones laborales precarias e inestables a quienes les exigen resultados de impacto y trascendencia mediática, parecen no tener otra opción que ceder ante las pretensiones de una política criminal que olvidó el complemento y se ha quedado solo en la “política”, dejando de lado los derroteros garantistas y la orientación propia de un acusador en un Estado social de derecho, donde se supone que el ser humano es el eje fundamental y el sistema penal un instrumento de última razón y contención del poder.

Percibo, en efecto, como lo indicaron mis comentaristas, que el escenario de la política criminal parece entregado a la agenda mediática, sin que se aprecien voces capaces de ir contra la corriente, de alzar una voz pública por la racionalidad y las garantías; queda solo la lucha interna, solitaria y silenciosa, la del proceso penal, la del juez imparcial y la democracia, como alguna vez, en las épocas más oscuras de nuestra historia contemporánea reclamó Calamandrei, como último fuerte de resistencia para contener las oscuras y poderosas fuerzas del populismo que se tomaron nuestro tiempo.