Endurecerían penas por explotación ilícita de minerales (3:16 p.m.)
07 de Octubre de 2016
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Nota:
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Así lo propone un proyecto radicado ante la Cámara de Representantes que busca otorgar herramientas jurídicas a las diferentes autoridades del Estado para perseguir la extracción ilícita de minerales y controlar la producción, uso, transporte, almacenamiento y comercialización de químicos como el zinc, bórax, cianuro y mercurio utilizados en procesos de exploración, explotación y extracción. La iniciativa modificaría la Ley 599 del 2000 en el sentido de aumentar las penas de prisión por destruir, inutilizar o hacer desaparecer los recursos naturales, o a los que estén asociados con estos; así, se incurriría en prisión de cuatro a nueve años y multa de 133 a 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), lo cual implica un aumento significativo si consideramos que la pena de prisión en la actualidad va de dos a seis años y la multa de 100 a 10.000 smmlv. Además, se contempla un aumento de pena por el delito de ecocidio, entendido este como el daño extenso, destrucción parcial o total, o la pérdida de uno o más ecosistemas de un territorio especifico con grave afectación para la población, quien cometa esa conducta incurrirá en prisión de ocho a doce años y multa de 300 a 50.000 smmlv. En cuanto a la exploración o explotación ilícita de minerales, se reformaría el artículo 338 del Código Penal y se establecerían penas de prisión de cuatro a nueve años y multa de 140 a 50.000 smmlv. Por último, en cuanto al uso de mercurio, se otorgaría la responsabilidad a los ministerios de Ambiente, de Minas y Energía y de Salud de establecer un marco regulatorio y sancionatorio sobre el uso, comercialización, almacenamiento y transporte de mercurio en todo el territorio nacional. Así, quien industrialmente requiera este material para fines diferentes a la minería deberá solicitar una licencia de uso, de venta, de transporte o de comercialización a las autoridades competentes, teniendo que acreditar que con dicha actividad no pondrá en peligro el medio ambiente, las fuentes hídricas y la salud de la población.
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