La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Juan Manuel González Torres, exgobernador del Meta, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado a favor de terceros, ambos en modalidad de continuado. Se negaron mecanismos sustitutivos de suspensión condicional de la pena y prisión domiciliaria.

Se fijó una pena de 234 meses más un día de prisión; inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por 234 meses, 7 días; inhabilitación intemporal para el ejercicio de derechos y funciones públicas y multa de $ 21.685’000.000. Así mismo, fue condenado por indemnización de perjuicios a pagar $ 1.433’001.604 a favor del departamento del Meta. Se dicto orden de captura.

De acuerdo con los hechos, durante la administración de González Torres (2006-2007), el tesorero y el secretario administrativo financiero, previa autorización del comité financiero, integrado por ellos, suscribieron 38 contratos denominados “oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición”, utilizando excedentes de liquidez, a través de los cuales la entidad territorial se comprometió a colocar recursos públicos en patrimonios autónomos.

Los acuerdos de voluntades fueron suscritos mediante contratación directa, vulnerando el trámite del artículo 17 de la Ley 819/03, que autorizaba inversiones en instrumentos financieros específicos, en especial los de menor riesgo y mejor rentabilidad, como títulos de deuda pública interna con alta calificación o depósitos en entidades financieras calificadas, además de los principios de economía, transparencia y responsabilidad.

Dichas inversiones, indica el fallo, ascendieron a $ 182 mil millones, algunas renovadas. Vencido el plazo pactado, los contratistas devolvieron al departamento $ 94.282’728.658, faltando por reintegrar más de $ 87 mil millones. Durante el trámite y la celebración de los contratos, el exgobernador no ejerció deberes de control y vigilancia como ordenador del gasto, lo que produjo apropiación de los rubros de las empresas contratistas (M. P. Ariel Augusto Torres Rojas).

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