La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó una sentencia que declaró responsable disciplinariamente a un fiscal por cuanto en un proceso penal suscribió un preacuerdo con el procesado dentro del cual se plasmó que el acusado habría realizaría una reparación integral a las víctimas por $ 12.000.000.

Sin embargo, el dinero nunca se entregó a estas, al juez de conocimiento ni a la Fiscalía General de la Nación, pues el disciplinable se quedó con él. Entonces, se le impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por 15 años.

El disciplinable incurrió en una conducta que se encuentra tipificada en el Código Penal como peculado por apropiación, pues con su actuar afectó los derechos de las víctimas dentro del proceso penal, que para el caso en estudio eran menores de edad presuntamente abusados sexualmente.

De modo que irrespetó e incumplió la ley y la Constitución y atentó contra la honorabilidad, moralidad y lealtad que debía desempeñar las funciones de su cargo. Lo anterior se demostró en grado de certeza con el acta de preacuerdo. Así mismo, resultó relevante la constancia suscrita por la asistente de la Fiscalía, en donde la madre de una menor aseveró en su condición de víctima no haber recibido el valor ofrecido en el preacuerdo como indemnización por los perjuicios causados a su hija, y expuso que el investigado le informó que había sido depositada la suma de $ 4.000.000 para ella, suma igual para cada una de las víctimas, dinero que les sería entregado una vez finalizado el proceso; no obstante, aseguró que las madres de las menores se negaron a firmar el preacuerdo y dio a conocer que ninguna de las víctimas había recibido los valores entregados como reparación (M. P.: Julio Andrés Sampedro Arrubla).