El atentado contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay cometido por un joven de 15 años revive el debate sobre la responsabilidad penal de los menores de edad.

La Fiscalía General de la Nación anunció que al menor se le imputarán los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, pero fue clara en que por tratarse de un adolescente el proceso tendrá un enfoque pedagógico y restaurativo.

Y es que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes habla privación de la libertad para menores de 18 años hallados responsables de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda los seis años de prisión. Se habla de sanción, no de una condena, porque prevalecen los derechos de los menores y se busca su restablecimiento.

Esto nos permite preguntarle a reconocidos expertos sobre la necesidad de actualizar las normas penales para enfrentar estos casos. Y es que en un homicidio o tentativa de homicidio la pena mínima estaría entre dos y ocho años. Además, al menor no le quedarían antecedentes y no pasaría su sanción en una cárcel vigilada por el INPEC sino en un sitio de transición.

Para Iván Cancino, si una persona que cumple 16 años ya puede manejar un vehículo o definir si cambia de sexo ya tiene un importante nivel de comprensión, por lo que plantea que en caso de delitos graves (homicidio, secuestro, violaciones y extorsiones) debe ser tratado como adulto.

Por su lado, Francisco Bernate, director de la maestría en Derecho Penal de la Universidad de Rosario, no cree sensato que los menores enfrenten penas de hasta 60 años, pues su situación es diferente, aunque pide debatir otras sanciones más efectivas que no se equiparen a un adulto, especialmente porque los adolescentes son generalmente instrumentalizados para cometer delitos.

Miguel González Sánchez, abogado litigante en Derecho Penal y conjuez, considera que la responsabilidad debería generarse a partir de los 14 años con pena similar a los adultos cuando haya conductas graves. En su criterio, esto desalentaría el uso de menores de edad y reduciría la impunidad.

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