La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que el derecho a la asistencia jurídica cualificada escogida por el procesado o provista por el Estado, consagrado en el artículo 29 superior, debe manifestarse como garantía intangible, real o material y permanente, bajo el entendido que es irrenunciable, ha de ser palpable y efectiva con actos de gestión en pro de los intereses del procesado a lo largo de todo el trámite procesal. Por esa razón, no alcanza a configurarse una nulidad por el desconocimiento o afectación al derecho a la defensa cuando un abogado aduce que a su antecesor le faltó diligencia y eficacia y, en esa vía, cuestione la estrategia utilizada durante el proceso (M. P. Eugenio Fernández).