Defensoría advierte sobre tratamiento de reclusos con problemas de salud mental

De acuerdo con un diagnóstico elaborado por la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, en el país hay 2.060 internos con problemas de salud mental, situación que contrasta con los 120 cupos habilitados para ellos en las 138 cárceles del país.

Según la Defensoría, es evidente la situación de desprotección a la que se ven sometidos estos internos, que afrontan condiciones de reclusión incluso más precarias que las del resto de la población carcelaria, y no reciben el tratamiento especializado que su condición requiere. Los puntos más críticos, afirmó, se ubican en Jamundí (Valle) y Acacías (Meta).

“La Defensoría visitó la cárcel de Jamundí, donde se presentan algunos de los casos más críticos, pues según constató un equipo de la entidad, los reclusos con trastorno psiquiátrico carecen de atención permanente de especialistas, psicólogos y terapeutas ocupacionales”, señaló.

La entidad advirtió que la situación tiende a empeorar, luego que Caprecom liquidara el contrato con la empresa encargada de proveer los servicios de asistencia médica, sin que fuera reemplazado el contratista, para asegurar la asistencia a los internos.

Además, destacó la situación de 75 internos que inicialmente se encontraban en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villahermosa, y fueron trasladados por labores de adecuación inicialmente previstas para tres meses, pero que el pasado 27 de septiembre cumplieron un año, sin que exista una solución definitiva. A esto se suma el hecho de que las celdas no cuentan con agua, y la toma de sol se hace en jaulas construidas dentro de la Unidad de Salud Mental.

El mes pasado, la Defensoría, a través de su Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, elaboró un diagnóstico de los 10 centros de reclusión con mayor índice de hacinamiento en el territorio nacional.

Según la entidad, la “operación reglamento” en el Inpec y el paro judicial han complicado la grave problemática de derechos humanos en las cárceles, que se ha extendido, con preocupantes consecuencias, a los centros de detención transitoria. En el caso de Bogotá, por ejemplo, se evidenció que tanto en las URI como en las estaciones de Policía, el hacinamiento es superior al 100 %.