Luego de que la Corte Constitucional declarara la inexequibilidad de la norma que permitía la aplicación del principio de oportunidad a los desmovilizados, se profirió la Ley 1424 del 2010, que permite concederles la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

En esta ocasión, la Corte declaró la constitucionalidad de la ley. Así, se aseguró la permanencia de más de 20.000 desmovilizados en Justicia y Paz.