Comprar un teléfono reportado como robado constituye el delito de receptación, tipificado en el artículo 447 del Código Penal, que prevé penas privativas de la libertad y sanciones económicas. La conducta puede acarrear prisión de 6 a 13 años y multas equivalentes a varios salarios mínimos; por ello, la adquisición de equipos de procedencia dudosa tiene consecuencias jurídicas relevantes para quien los compra.

Además de la responsabilidad penal, el dispositivo puede quedar inutilizable si es reportado por su número IMEI, pues los operadores móviles bloquean el equipo para llamadas y acceso a la red, hecho que convierte una aparente “ganga” en una pérdida económica directa. Cuando las autoridades acrediten que el equipo proviene de un hurto el teléfono puede ser incautado y perder todo valor comercial. (Lea: Fiscalía reorganizó los Gaula, para fortalecer su capacidad investigativa)

El comprador también asume riesgo procesal: si la investigación identifica la procedencia ilícita, la persona que adquirió el equipo puede ser objeto de indagaciones penales y administrativas. En consecuencia, la recomendación práctica es comprobar documentalmente el origen del dispositivo antes de cualquier pago, porque la falta de comprobantes facilita la apertura de procesos en su contra.

Para evitar riesgos, se aconseja exigir factura de venta, verificar el IMEI en las plataformas oficiales de la Policía Nacional y operadores telefónicos y confirmar que el equipo no esté reportado como hurtado. Estas verificaciones previas protegen tanto la inversión económica como la libertad jurídica del comprador y reducen la circulación de dispositivos de origen ilícito.

 Siga nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Gracias por leernos. Recuerde que si es suscriptor puede descargar el archivo soporte de esta noticia haciendo clic en el botón azul. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.