La Corte Constitucional declaró inexequible la ley que reformó el Código de Minas (L. 1382/10), por no haberse consultado previamente con las comunidades indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, la inconstitucionalidad se difirió a dos años, con el fin de que el Congreso subsane la omisión.

En efecto, ya está en trámite un proyecto de ley que reviviría esta ley, el cual se sometió a la consulta previa.