La Superintendencia Financiera ordenó a las entidades bajo su control adoptar políticas internas y manuales de procedimiento sobre la recepción y tratamiento de denuncias de quienes detecten eventuales irregularidades en sus vigiladas. Dichas políticas deberán prever al menos los siguientes elementos: protección a denunciantes frente a represalias; confidencialidad de las denuncias y de la identidad de los denunciantes; capacitación a los funcionarios de la entidad sobre estas políticas y las diferentes instancias dentro de la entidad que asumirán conocimiento de las mismas, incluyendo las reglas y principios que rijan su investigación, análisis, tratamiento, escalamiento e información a las autoridades competentes. Igualmente, las entidades podrán incluir en sus políticas mecanismos de incentivo y recompensa a denunciantes de buena fe. Estas políticas y sus modificaciones deben ser aprobadas por la junta directiva de la entidad. Tales estrategias, junto con los manuales de procedimiento que sean necesarios para hacerlas efectivas, deben estar a disposición de la Superfinanciera.