La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a Movistar devolver más de $ 6.000 millones a 208 mil usuarios de telefonía móvil por haber condicionado el cambio de modalidad de pospago a prepago con el cobro de una suma equivalente a $ 30 mil a título de recarga inicial, pese a que, según la regulación vigente, el trámite es gratuito. Con esta conducta, Movistar violó el Régimen de protección de usuarios de servicios de comunicaciones establecido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Para el efecto, la empresa de telefonía deberá, dentro de los siguientes 20 días calendario, elaborar el listado completo de los consumidores que fueron afectados, el cual deberá ser publicado en el sitio web del operador, así como en las oficinas físicas de atención y en avisos de prensa. Adicionalmente, la superintendencia impuso la máxima multa establecida en la legislación vigente para las infracciones a los derechos de los consumidores por un valor cercano a los $ 1.400 millones.