Las obligaciones que resultan de los procesos de compraventa de vivienda y que están pendientes de cumplir por parte de las sociedades en trámite de reorganización deben ser reflejadas en el proyecto de calificación y graduación de créditos que el representante legal debe presentar, junto con la documentación exigida para su admisión. Por su parte, corresponde a los acreedores la carga procesal de verificar los proyectos de calificación y graduación, en los términos de la Ley 1116 del 2006, y formular las objeciones a que haya lugar, en torno al reconocimiento de las obligaciones claras, expresas y exigibles. Así las cosas, indicó la Superintendencia de Sociedades, la cancelación de hipotecas de mayor extensión, por cumplimiento del contrato prometido, estará precedida del anterior procedimiento y su cancelación se surtirá de acuerdo con la prelación de créditos.