La regla general es que la capacidad jurídica o de ejercicio de la sociedad se delimita por su objeto social, de manera que frente a sus asociados y terceros condiciona la validez jurídica de sus actos o negocios únicamente a la realización de las actividades previstas y autorizadas con anticipación, clara y expresamente en aquel, indicó la Superintendencia de Sociedades. Lo anterior no obsta para que una sociedad eventualmente sea parte de la junta directiva de otra sociedad o persona jurídica de otra índole, aunque no esté previsto como actividad principal del objeto social, siempre que se verifiquen las condiciones legales de pertinencia como actividad secundaria.