En reciente concepto, la Superintendencia de Sociedades resolvió algunas inquietudes relacionadas con la Ley 1902 del 2018, por la cual se estableció el marco general para la libranza. Entre otros aspectos, indicó que las entidades operadoras de libranza no vigiladas por la Superintendencia Financiera que pretendan enajenar, total o parcialmente, derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza, a favor de personas o entidades no sujetas a la vigilancia de esta última solo podrán hacerlo a patrimonios autónomos administrados por sociedades fiduciarias sujetos a supervisión o a fondos de inversión colectiva.