Un ciudadano solicitó la nulidad de los artículos 23 y 24 del Decreto 393 del 2002, por considerar que vulneraron la Constitución Política al establecer la graduación de la tarifa para la inscripción y/o renovación del registro de la matrícula mercantil, la cual, a su juicio, resulta desproporcionada y, en consecuencia, las empresas pequeñas tienen que cancelar un porcentaje mayor que las grandes. No obstante, la Sala negó las pretensiones de la acción, en tanto las disposiciones no vulneraron la Constitución, en la medida en que las tarifas fueron fijadas por la autoridad competente; no fueron discriminativas, sino equitativas entre sus pares conforme a la capacidad patrimonial societaria, por lo que no se afectó el derecho al trabajo ni a la libre competencia, ni a la libertad de empresa ni económica. Pero también porque no se violó el principio de la buena fe, dado que la renovación anual tuvo como sustento la necesidad de respaldar el servicio ofrecido y la obligación estatal de otorgar publicidad y acceso a información verídica y actualizada (M. P. María Elizabeth García).