La intervención judicial de la Superintendencia de Sociedades en la designación y remoción de los administradores, en virtud de las facultades otorgadas a través de la Ley 1564 del 2012, solo se produce de manera excepcional cuando se acreditan debidamente los presupuestos de abuso del derecho de voto o se verifica alguna otra violación al ordenamiento societario. Así las cosas, el demandante debe probar que la decisión del máximo órgano social tiene una finalidad ilegítima, por lo que no basta con alegar que las decisiones aprobadas en una reunión de asamblea fueron contrarias a los intereses subjetivos del accionista minoritario, para el caso bajo análisis.