Teniendo en cuenta que no existe reglamentación legal de las criptomonedas o criptoactivos y que no se pueden entender como monedas de curso legal con poder liberatorio, quienes adquieran o efectúen transacciones sobre los mismos arriesgan voluntariamente su patrimonio y, así mismo, quienes se sientan afectados deben tener claro que ninguna entidad estatal está legalmente facultada para realizar un control sobre dichas transacciones, sin perjuicio de las acciones que en materia de derechos y protección al consumidor o desde la perspectiva penal se puedan entablar, si lo consideran pertinente. Cabe anotar que recientemente se radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca regular el uso, intercambio y restricciones de las criptomonedas.