Superindustria revela existencia de cartel de empresas de seguridad privada

Por presuntas prácticas de cartelización empresarial en 252 procesos de contratación pública ante 149 entidades estatales, la Superintendencia de Industria y Comercio (Superindustria) formuló pliego de cargos contra ocho empresas de vigilancia y seguridad privada.

Así lo informó el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, al señalar que las empresas investigadas son Guardianes Compañía Líder de Seguridad Ltda., Cooperativa de Vigilantes Starcoop CTA, Cobasec Ltda., Centinel de Seguridad Ltda., Expertos Seguridad Ltda., Compañía Interamericana de Seguridad y Vigilancia Privada Insevig Ltda., Cooperativa de Trabajo Asociado Sejarpi CTA y Security Management Group S.A.

La entidad también formuló pliego de cargos contra 32 personas naturales, en calidad de accionistas, administradores, empleados y exempleados de las sociedades y cooperativas de seguridad privada.

La investigación, que comenzó con una denuncia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), reveló que las presuntas empresas cartelistas participaron durante los años 2010, 2011 y 2012 en unas 100 licitaciones, y lograron ganar 25 de ellas, por un valor superior a los 63.000 millones de pesos.

A partir de esta denuncia, la Superindustria analizó el comportamiento de las empresas denunciadas en diferentes procesos de contratación estatal, y encontró vínculos de tales personas jurídicas con otras empresas.

Como consecuencia, entre abril del 2012 y febrero del 2013, realizó visitas administrativas de inspección a ocho empresas de vigilancia, en las que encontró documentos y correos electrónicos con listas e información de procesos de selección contractual ante distintas entidades públicas, que evidenciaban posibles estrategias anticompetitivas encaminadas a la adjudicación de contratos.

Posteriormente, en diciembre pasado, el exrepresentante legal de una de las empresas investigadas se presentó ante la Superindustria, con el fin de colaborar y reconocer su participación en el presunto cartel empresarial, y aportar pruebas que demostrarían la existencia de los acuerdos, su funcionamiento y la forma de hacerles seguimiento.

El presunto cartel anticompetitivo, al parecer, buscaba lograr la adjudicación de al menos 252 contratos, cuyo valor superaba los 320.000 millones de pesos.

Adicionalmente, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, anunció que por la presunta participación de 16 personas en el cartel de la seguridad privada, establecida mediante una investigación paralela entre la Superindustria y la Fiscalía, se les imputará, en una primera fase, el delito de acuerdos restrictivos de la competencia.

La Fiscalía estableció que los acuerdos del cartel afectaron licitaciones en diversas entidades públicas del orden municipal, regional y nacional, entre ellas la Secretaría de Integración Social de Bogotá, la Contraloría de Bogotá, el Sena regional Cundinamarca y la Gobernación del Meta.