La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Superintendencia de Industria y Comercio se unieron para reiterar la importancia y pertinencia de solicitar conceptos de abogacía de la competencia como herramienta de daño antijurídico y así evitar futuras demandas contra la Nación cuando se expidan actos administrativos que impliquen un impacto en la libre competencia de los mercados. Por ello, los titulares de las entidades firmaron una circular dirigida a todas las autoridades de regulación en las que se les reitera la obligación legal de informar a la SIC todos los actos que pretendan expedir y que impliquen una regulación “que pueda tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados”, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1340 del 2009. En el documento se advierte que no cumplir con este requisito significa la nulidad de la norma por expedición irregular y violación de las normas en que debe fundarse.