La precaria democracia en Europa

Daniel Raisbeck

El pasado 7 de abril, doce eurodiputados presentaron frente a la Unión Europea (UE) una petición con el fin de que esta suspenda su tratado de libre comercio con Colombia. Según el representante alemán Jürgen Klute, la UE debe congelar el libre intercambio con Colombia hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una decisión acerca del caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Klute, el promotor de la moción, pertenece al partido alemán Die Linke (La Izquierda). Este movimiento lo formaron en el 2007 varias facciones, incluyendo los restos del Partido Socialista Unificado de Alemania, el cual brutalmente acaparó el poder en la Alemania Oriental comunista durante más de cinco décadas.

Según el autor Peter Carstens, Die Linke todavía mantiene una “plataforma comunista” y defiende el modelo de la República Democrática Alemana “no por razones nostálgicas, sino porque representa la causa del futuro”.

Carstens también nota que Die Linke ampara a un “grupo de trabajo” oficial llamado Cuba Sí, el cual ha afirmado que la lucha del gobierno cubano “contra las organizaciones contrarrevolucionarias es una lucha legítima a favor de la humanidad”.  

Klute afirma que la destitución de Petro viola “el Estado de derecho, los derechos humanos y la democracia”, pero aparentemente no considera objetable que su partido apoye abiertamente a un país que, según Human Rights Watch, es “el único (…) en Latinoamérica que reprime virtualmente toda forma de disidencia política”.

La alegación de Klute, basada en la defensa de la democracia, es inconsistente no solo con el apoyo de su partido a regímenes opresivos, sino también con las actuaciones de la misma UE. De hecho, la Constitución europea actual fue impuesta en contra de los deseos de la mayoría de los ciudadanos que, en varios países, se expresaron en las urnas a favor de la soberanía nacional y en contra del centralismo favorecido por aquellos que pretenden crear los Estados Unidos de Europa.  

En el 2005, una mayoría de votantes en Francia y en Holanda -dos Estados fundadores de la Comunidad Europea- votaron en referendos en contra de la Constitución europea, la cual suplantaría numerosas áreas de las constituciones nacionales. Como resultado, los encargados en Bruselas decidieron recurrir al mecanismo de la negociación al más alto nivel y “enmendar” los tratados existentes. Luego fueron cancelados los plebiscitos planeados en República Checa, Dinamarca, Polonia, Portugal y Reino Unido.

El resultado fue el Tratado de Reforma (Tratado de Lisboa) del 2007. Este creó nuevos cargos en la cúspide del gobierno europeo, estableció el marco para la adopción eventual de una política de defensa común y le otorgó a la UE más poder para intervenir en áreas claves de las economías nacionales.

Ya que la Constitución irlandesa requiere la aprobación de cualquier enmienda a los tratados europeos por medio de un referendo nacional, en el 2008 se llevó a cabo un plebiscito en Irlanda para decidir la ratificación del Tratado de Lisboa. Cuando una mayoría de los votantes rechazó la transferencia de poder a Bruselas, la Comisión Europea decidió organizar un segundo referendo en Irlanda para el 2009. En esa ocasión se aprobó finalmente el Tratado de Lisboa, pero solo tras una gran inversión por parte de la UE en una masiva campaña de relaciones públicas para “comunicar la idea de Europa”.

La manera forzosa en la cual la UE hizo ratificar el Tratado de Lisboa es tan solo un ejemplo de las prácticas poco democráticas de sus líderes. También viene a la mente el derrocamiento de dos primeros ministros electos -Georgios Papandreou y Silvio Berlusconi- en menos de una semana en noviembre del 2011.

Como escribió en ese entonces Fraser Nelson, editor de la prestigiosa revista británica The Spectator, estas expulsiones, “las cuales otrora se llamaban un coup d’ètat”, fueron orquestadas desde la cúspide de la UE, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional.

En efecto, el puñado de tecnócratas y políticos -la mayoría de ellos no electos- a cargo del destino de países como Grecia derribaron a dos gobiernos democráticos porque sus líderes se atrevieron a cuestionar el funcionamiento del euro y la estrategia de los rescates financieros a los Estados de la eurozona.

¿Debería el Congreso colombiano expresar preocupación por el “déficit democrático” en Europa?