Justicia exportada: Londres como centro global de arbitramento

Daniel Raisbeck

¿Qué hacen dos oligarcas rusos y acérrimos enemigos que, aunque enfrentados en un arduo combate jurídico por miles de millones de dólares, están de acuerdo en que el sistema legal de su país no es confiable? Últimamente, la solución ha sido llevar a cabo los procedimientos judiciales no en Moscú ni en San Petersburgo, sino en las austeras cortes de Londres.

El sistema legal inglés, conocido internacionalmente por su eficiencia, imparcialidad y el ínfimo nivel de corrupción entre sus jueces, se ha convertido en el escenario en el cual corporaciones multinacionales, potentados árabes y plutócratas rusos, entre otros extranjeros en busca de probidad jurídica, arreglan sus pleitos comerciales.

Los demandantes y demandados deciden usar el sistema alternativo de resolución de conflictos inglés no solo por la ecuanimidad judicial que este les garantiza, sino también por motivos de costo. Como explica el periodista Nick Cohen en la revista The Spectator, una audiencia en la Alta Corte o en la Corte de Apelaciones de Inglaterra cuesta tan solo 1.090 libras esterlinas, independientemente de su duración, y el gobierno ha mantenido el bajísimo precio precisamente para atraer a “turistas jurídicos” de alto rango.

El año pasado, la Corte Comercial de Londres, una subsección especializada de la Alta Corte de Justicia (High Court of Justice, Queen’s Bench Division) que se encarga de asuntos de arbitramento, fue el objeto de una avalancha de atención mediática, ya que dirimió la mayor batalla de litigio privado en la historia. Curiosamente, ninguna de las dos partes involucradas era británica; el demandante era el fallecido billonario ruso Boris Berezovsky, cercano colaborador del expresidente Boris Yeltsin y del actual mandatario Vladimir Putin, hasta que este último llegara al poder y Berezovsky se convirtiera en su más virulento crítico. La contraparte era el oligarca Roman Abramovich, compatriota y antiguo socio de Berezovsky, actual amigo de Putin y dueño del equipo de balompié Chelsea FC.

Tras un proceso de cuatro meses en el 2011, la juez Elizabeth Gloster falló en agosto del año pasado que la demanda contra Abramovich, a quien Berezovsky acusaba de deberle 3,2 mil millones de libras, carecía de fundamentos. Para el abogado Peter Smith, el juicio presentó un ejemplo de justicia propiamente aplicada. La corte, escribe Smith, de nuevo probó por qué Londres es “una excelente jurisdicción para gobernar contratos comerciales, acuerdos corporativos, y todo el abanico de disputas empresariales entre accionistas, directores, dueños y empleados”.

Y los políticos son conscientes de la importancia de la industria legal para la economía británica. El año pasado, el antiguo ministro de Justicia Kenneth Clarke estuvo en Rusia promoviendo el uso de los servicios ingleses de arbitramento y mediación, mientras que el alcalde de Londres, Boris Johnson, impulsa frecuentemente un sector económico que exporta el 47 % de los servicios legales en el mundo.

La práctica de usar la justicia inglesa como producto de exportación también tiene sus críticos. Cohen sostiene que, mientras los abogados de los oligarcas ganan fortunas (pueden cobrarle a un cliente extranjero entre 800 y 1.500 libras por hora), es el contribuyente al fisco británico el que financia los bajos costos de las cortes y los salarios de los jueces que le dedican meses o años a casos que, como el de Berezovsky vs. Abramovich, no conciernen a Inglaterra de manera alguna.

Aunque los cresos de todo continente hayan empezado a recurrir a los mecanismos ingleses de arbitramento tan solo en las últimas décadas, esto se debe al desarrollo del sistema legal establecido por la dinastía Plantagenet y por la Magna Carta de 1216. Como escribió Winston Churchill, la importancia de la última radica “no en sus detalles, sino en la afirmación general del principio de que existe una ley a la cual la Corona misma es sujeta”, concepto expresado en la frase Rex non debet esse sub homine, sed sub Deo et lege (el rey no debe estar por debajo del hombre, sino de Dios y la ley).

El que Londres se beneficie de los casos legales de oligarcas rusos se debe a que, al menos desde el punto de vista de estos, aquellos que controlan el poder político en su país, aunque no sean monarcas, están supra leges o por encima de la ley.