El fin de la intuición

Francisco Reyes Villamizar Miembro de la Academia Internacional de Derecho Comercial societario@gmail.com

Entrará Colombia en la OECD?, ¿mejorará nuestra pobre infraestructura?, ¿habrá justicia adecuada en este país de huelgas judiciales?, ¿existirá una mejor distribución del ingreso? Debido a que se suele pensar con el deseo, la respuesta a estos y otros interrogantes será, por lo general, relativamente optimista. Pero un país del tamaño y la creciente importancia económica de Colombia no puede contentarse con el tradicional facilismo de las promesas demagógicas. Se justifica ver un poco más allá de los discursos oficiales.

El célebre sicólogo Daniel Khaneman recomienda no ser esclavo de las emociones, evitar el raciocinio basado en la intuición e intentar superar los errores cognoscitivos. El mismo autor, ganador del premio Nobel de Economía, invita a desarrollar la capacidad de examinar y reconocer los propios prejuicios y a considerar objetivamente las probabilidades estadísticas de que un acontecimiento suceda en la realidad. Lo propio hace el profesor Ian Ayres, para quien los métodos analíticos contemporáneos deben basarse esencialmente en inmensas cantidades de información estadística. Para Ayres, un raciocinio basado en números y estadísticas es incluso más confiable que las conclusiones que suelen dar los expertos con fundamento en su conocimiento e intuición.

Y en esta era de estudios empíricos sobre todo, contamos con un copioso acervo de datos sobre Colombia y su posición en el mundo. Desde información acerca del PIB (la cuarta economía de América Latina), pasando por el índice de desarrollo humano (puesto 87), hasta el ranking de Estados fallidos (donde Colombia ocupa, insólitamente, el puesto 52 entre 177 países y se encuentra al lado de incómodos vecinos de infortunio como Angola, Libia y Suazilandia).

De todos estos índices, el más importante en las condiciones actuales es el índice sobre la percepción de corrupción que suministra la reconocida organización Transparencia Internacional. En el informe correspondiente al 2012, Colombia aparece en el puesto 94 entre 174 países. La seriedad de esta ONG es tal que, para el caso colombiano, se han utilizado siete encuestas diferentes, cuyos resultados se tabulan rigurosamente.

Los resultados para el año en curso muestran que la corrupción en nuestro país es un fenómeno estructural. Nada diferente podría esperarse, si se siguen los métodos cognoscitivos de Khaneman y Ayres y se analiza el fenómeno a partir de la información pública de la que se dispone sobre este flagelo.

Corrupción en toda su perversa majestad. Enseñoreada en todos los ámbitos: público y privado, empresarial y gubernamental, laico y confesional, individual y colectivo. Y está medido empíricamente. En los innumerables procesos penales, administrativos y fiscales a toda suerte de funcionarios. En ellos están comprometidos desde los funcionarios de menor rango hasta congresistas, ministros de Estado y exalcaldes de Bogotá. Y no precisamente por trivialidades. Mientras que todo esto ocurre, los ciudadanos impávidos presenciamos, solo para el caso de la capital, una ciudad empobrecida, sin vías decorosas, con servicios públicos deficientes, sin servicios de salud adecuados, con barrios paupérrimos poblados de personas que demandan urgentemente la asistencia social del Estado.

En el ámbito nacional las perspectivas tampoco parecen más prometedoras. Los índices del Banco Mundial sobre el excelente clima de negocios en Colombia no se compadecen con la vergonzosa infraestructura nacional. Esta solo es comparable con la de Haití o Bolivia. ¿Qué ha ocurrido con los multimillonarios impuestos que se han pagado en la última década? Y ¿qué decir de los recursos asignados al AIS o el impuesto al patrimonio para conjurar la temporada de lluvias del 2010?

Transparencia Internacional afirma, con razón, que “la corrupción destruye vidas y comunidades. También derrumba a los países y sus instituciones. Conduce a la imposibilidad de suministrarle a la población servicios básicos como la educación o la salud e imposibilita la construcción de infraestructura, desestabiliza sociedades y exacerba los conflictos y la violencia”.

Todo ello es cierto. A pesar de lo cual, aún no se le ha dado a este problema la trascendencia que tiene. La contralora Sandra Morelli, en una afirmación valerosa, se ha declarado impotente ante el status quo. Y, para colmo de males, la persona encargada de hacerle frente al problema acaba de ser reelegida en circunstancias poco halagüeñas. Y, a propósito de números, ese mismo funcionario fue escogido por el Congreso a partir de una terna de uno.