Bienaventurada la intervención de precios

Néstor Humberto Martínez Neira Socio de Martínez Neira Abogados Consultores

La historia nos muestra que las ideas se mueven en distintos ciclos al alza y a la baja, desaparecen y luego aparecen con todo su rigor. Es lo que estamos viendo con el tema de la intervención de precios por parte del Estado, idea que creíamos superada por virtud de los postulados del libre mercado y la libertad de iniciativa privada, en un régimen constitucional en el que el papel de las autoridades es el de evitar los acuerdos anticompetitivos, para asegurar que el funcionamiento de la oferta y de la demanda favorezca a los consumidores.

Lo cierto es que las medidas de control de precios de los años sesenta y setenta, de vieja estirpe intervencionista, vuelven a mostrar su hocico. Recientemente el Ministro de Minas intervino los precios de la gasolina al consumidor y la ley de reforma tributaria de finales del año pasado autorizó al Gobierno para intervenir las comisiones del sector financiero, al que se le muestra a diario como una industria voraz e insensata que vive de la sangre de los ahorradores y deudores.

Mala noticia. Y es mala, porque esta política populista daña el funcionamiento de los mercados y genera asimetrías y beneficios inexplicables a favor de los sectores que tienen posiciones de dominio en ellos y que están dispuestas a hacerlas valer en su propio favor, en el mediano y en el largo plazo.

Lo peor de todo es que esta manifestación del neopopulismo es producto de un desconocimiento extremo acerca de cómo operan los mercados. Porque, cuando concurren abierta y libremente la oferta y la demanda, los consumidores suelen beneficiarse de bienes y servicios de mejor calidad y precios más bajos, siempre que los ciudadanos tengan acceso a una adecuada información sobre los productos que se anuncian y que, como ocurre en Colombia, la autoridad de la competencia se asegure de proscribir los abusos de posición dominante y las prácticas restrictivas que inhiben la libre formación de precios entre nosotros.

Los ejemplos abundan. Cuando los precios de los productos de la canasta familiar estaban regulados, la calidad no era un factor de diferenciación de los mismos y las amas de casa no veían precios diferenciales, como los que hoy existen, en medio de una verdadera “guerra” promovida por los hipermercados, tratando de capturar el mayor número de consumidores.

Lo mismo ocurrió en materia de seguros a partir de los años noventa, después de la reforma promovida por la Ley 45. Veinte años después todos los estudios muestran que se ha ganado una mayor profundización del seguro y a precios relativos más favorables de los que existían cuatro lustros atrás.

Pero, ¿qué se pretende ahora con la intervención de los mercados? De seguro, con la intervención de los precios de la gasolina al por menor, se inhibe la competencia y las autoridades terminan cuidando lo imposible, en vez de lograr que los consumidores obtengan fluida información y ellos mismos seleccionen las estaciones que les suministran combustible a precios más competitivos.

Es lo que ocurre precisamente en materia de servicios bancarios y, en particular, de los servicios de tarjetas de crédito y débito. Algunos legisladores se muestran como aliados de los usuarios de los bancos y lograron que en la pasada reforma tributaria se estableciera una facultad para que el gobierno regulara las comisiones por servicios bancarios. Medida francamente exótica e innecesaria. Basta ver las publicaciones sobre las tarifas bancarias de los distintos establecimientos, que revela periódicamente el Superintendente Financiero, para advertir la diversidad de tarifas que existen en la industria y, sobre todo, que algunos bancos no cobran comisiones a su clientela. Si esto es así, lo que debería hacerse es contribuir a difundir esa realidad y romper las asimetrías  de información que existen, para que los clientes bancarios se beneficien de las condiciones de un mercado que es realmente competitivo. Por ejemplo, quien esto escribe nunca ha pagado comisiones por uso de tarjetas débito.

Pero la posibilidad de fijar topes a las comisiones del sistema financiero, lejos de favorecer una sana competencia, la inhibe. En Ecuador, por ejemplo, el gobierno de Correa avanzó en el mismo sentido, y las consecuencias no se hicieron esperar. Los bancos pequeños y medianos se han resentido y perdieron capacidad para sobrevivir, entregándoles su participación de mercado a los más grandes, que por sus economías de costos están en condiciones de subsistir con rentabilidad, lo que ha terminado consolidando en ese país un verdadero oligopolio financiero.

Con las medidas intervencionistas que están promoviendo están lesionando la democracia económica y logrando, por ende, que se reduzca el número de agentes en los mercados, menos diversidad de servicios y, en últimas, que subsistan unos pocos empresarios, con posiciones de dominio. Por ello puede afirmarse, sin eufemismos, que los mayores enemigos del consumidor son los populistas que promueven políticas de intervención de los precios, para consolidar entre nosotros los oligopolios.