“La UGPP era necesaria”

 

La incertidumbre jurídica en un país con hiperinflación de leyes es el desayuno amargo con el cual nos despertamos día a día. Así lo asegura Carlos Mario Sandoval, gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo.

 

En su opinión, “hoy, tenemos que enfrentar procesos muy críticos, tanto para el sector empresarial como para sus colaboradores, que están llevando a una redefinición de lo que debemos entender como estabilidad laboral. En lo colectivo, reinan la inseguridad y la incertidumbre”.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué cambios de la reciente reforma tributaria (L. 1819/16) destacaría en materia de seguridad social?

 

Carlos Mario Sandoval: La Ley 1819 del 2016 deja algunos cambios importantes, referidos, en su mayor parte, a los beneficios que tienen los contribuyentes de aportes al Sistema de la Protección Social (SPS), en los procesos adelantados por la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP). Con reducciones que pueden ir hasta el 80 % en las sanciones e intereses, las empresas tienen hasta octubre para llegar a un acuerdo de terminación de estos procesos ante la UGPP, inclusive si hay una liquidación oficial en firme. Para las empresas que aún no han sido requeridas, o aquellas que ya fueron requeridas por un año y tienen otros periodos sin fiscalizar, el plazo es hasta el mes de junio, con una reducción del 70 % en los intereses a los diferentes subsistemas.

 

Por otro lado, si las empresas tienen procesos en la jurisdicción contenciosa contra liquidaciones oficiales de la UGPP, también existe la posibilidad de terminar el proceso por mutuo acuerdo y el beneficio dependerá del momento procesal en el cual se encuentren.

 

Á. J.: ¿Qué otro tema resaltaría?

 

C. M. S.: Otro tema importante es que determinó que los procesos contra los actos administrativos proferidos por la UGPP deberán ser llevados ante la jurisdicción contencioso administrativa, solventando así el conflicto que teníamos ante las jurisdicciones administrativa y laboral, lo que dilató muchos procesos, generó incertidumbres y afectó los derechos de los contribuyentes y, por supuesto, sus finanzas. Finalmente, rescato que la Ley 1819 incluye a nuevos beneficiarios de las exoneraciones de aportes al Sena, ICBF y a salud, tales como las zonas francas.

 

Á. J.: ¿Ha servido la UGPP?

 

C. M. S.: La UGPP era necesaria. En un país en donde la evasión de aportes al SPS era, en el 2012, superior al 26 %, se requería tener una entidad que velara por su recaudo. Es claro que, si bien el Sena y el ICBF presentaban adelantos en esta materia, con relación a los aportes al Sistema de Seguridad Social, la realidad era muy diferente, ya que las entidades públicas y privadas a cargo de las mismas no tuvieron la capacidad ni ejercieron efectivamente los cobros que estaban a su cargo. A raíz de tantos años de falta de control en el recaudo, muchas personas hoy no tienen una prestación económica que les procure una vida digna, ya que sus empleadores no cotizaron o lo hicieron sobre las bases que no correspondían. Por ello, bienvenida sea la UGPP, que tiene a su cargo la encomiable labor de recuperar los aportes que no se hicieron o se hicieron de manera defectuosa.

 

Á. J.: ¿Qué críticas le haría?

 

C. M. S.: No obstante, mi crítica a la UGPP siempre ha sido que, en su fase inicial, no solamente desbordó su propia capacidad, sino que hubo demasiada improvisación y falta de tecnicismo jurídico, lo cual trajo como consecuencias resultados que amenazaron la sostenibilidad financiera de muchas empresas en Colombia. Considero que, como todo tributo, las reglas de juego tienen que ser muy claras, y claridad fue lo que más faltó.

 

A manera de ejemplo, aún hoy, seguimos con un Acuerdo 1035 muy cuestionado y con imprecisiones jurídicas muy fuertes, como que los viáticos accidentales y herramientas de trabajo podrían llegar a ser base de aportes en lo que exceda del 40 % del total de la remuneración. No es sano para las empresas de Colombia, agobiadas y golpeadas por las más de 13 reformas tributarias de las últimas dos décadas, que ahora tengan una UGPP con unas reglas tan inciertas.

 

Aplaudo que la UGPP siga cumpliendo su labor de proteger los aportes al SPS y ojalá que los empresarios igualmente entiendan que no es solamente un deber social constitucional y legal el que deben cumplir con efectuar los pagos correspondientes, sino es garantía de vida, de dignidad, de humanidad, para sus trabajadores y para ellos mismos. Señores UGPP, un fuerte llamado para que, con mesas de trabajo conjuntas, podamos cosechar en terrenos donde la seguridad jurídica pueda dar sus frutos.

 

Á. J.: ¿Cuál es el estado actual del Derecho Laboral en el país?

 

C. M. S.: En mi rol como Gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo y la Seguridad Social de Colombia, con las múltiples vivencias que comparten nuestros colegiados, puedo decir que el país pasa por uno de los momentos más críticos en su historia, desde una perspectiva de Derecho Laboral. Esto aplica en lo individual, colectivo, procesal y, con más preocupación, en la seguridad social.

 

Á. J.: Explíquenos un poco sus preocupaciones

 

C. M. S.: La incertidumbre jurídica en un país con hiperinflación de leyes es el desayuno amargo con el cual nos despertamos día a día. Hoy, tenemos que enfrentar procesos muy críticos, tanto para el sector empresarial como para sus colaboradores, que están conllevando a una redefinición de lo que debemos entender como estabilidad laboral. El denominado fuero de salud es un capítulo que ha dividido la historia del país, y hoy se cierne como una amenaza en el sector empresarial. Lo que surgió como una iniciativa de protección a trabajadores en condiciones de discapacidad probada, hoy se ha convertido lastimosamente en un caldo de cultivo para múltiples abusos, que sumado a las sentencias de los jueces de tutela – que dicho sea de paso no son laboralistas en su mayoría – han creado situaciones insostenibles.

 

El Ministerio de Trabajo debe, y tiene la obligación, tanto como por su función como por el mandato que la Corte Constitucional le ha hecho, de revisar el tema con suma profundidad y procurar los procedimientos que sean necesarios para evitar que esta situación se prolongue. Siendo un tema de la mayor sensibilidad hoy, con una mirada despolitizada, el Gobierno debe buscar una solución que trascienda lo mediático y aborde con responsabilidad los múltiples fueros que asfixian al sector empresarial y que, visto a largo plazo, también afectarán a los mismos trabajadores.

 

Á. J.: ¿Y cuáles son sus reparos en lo colectivo?

 

C. M. S.: Desde hace décadas, reinan la inseguridad y la incertidumbre. Siendo que desde el año 1991 la Constitución ordenó, en su artículo 53, la expedición del Estatuto del Trabajo, un cuarto de siglo después, aún no ha sido posible. Más que si es necesaria su expedición, debo decir que es un mandato que hemos incumplido y que hoy no está pasando la cuenta de cobro.

 

La pregunta que me hago es si el Estatuto del Trabajo que pensó la constituyente de 1991 es el que necesitamos hoy, atendiendo no solamente que han pasado dos décadas y media, casi tres nuevas generaciones de colaboradores, sino que los tiempos han cambiado y el entorno político actual dista de ser el de antaño. Viviendo lo que mundialmente se ha denominado la cuarta revolución industrial, donde la tecnología y sus rápidos avances nos indican que estamos en una transición hacia unos nuevos modelos productivos y sociales, las discusiones sobre el Derecho Laboral que Colombia debe tener trascienden la hora desde que se debe pagar el recargo nocturno, que el Congreso lleva al menos unos cuatro años discutiendo.

 

Á. J.: ¿Qué nuevos desafíos tiene que enfrentar el Derecho Laboral?

 

C. M. S.: En los países emergentes como Colombia, aún seguimos teniendo las mismas discusiones desde la expedición del Código Sustantivo del Trabajo hace más de 65 años. El mundo cambió y va a seguir cambiando. Ya lo hemos vivido en la historia, que la tecnología determina muchos de los sistemas productivos y sociales. Hemos visto cómo el Derecho Laboral ha ido poco a poco surgiendo y adecuando a cada coyuntura. Pero en este momento particular, es tanto el avance tecnológico y tan rápido, que la mayor preocupación es comenzar a dar las discusiones que debemos dar hoy y no años o décadas después. Ya se habla de fábricas inteligentes con fuerzas de trabajo reducidas a su mínima expresión, con el uso de automatización y robótica que no solamente reduce los tiempos, mejora la productividad y el impacto ambiental, sino que se pueden operar a distancia. A nivel mundial se está imponiendo el uso de la fuerza de trabajo flotante, donde se contrata a los interesados para labores muy puntuales y por muy poco tiempo, para no tener nóminas permanentes.

 

El Ministerio del Trabajo se ha focalizado en la tercerización e intermediación laboral y el año pasado impuso multas que superaron los 80.000 millones de pesos. Allende los tecnicismos, debemos trabajar en procurar reglas que garanticen un trabajo humano decente, digno, con unos principios mínimos y un sistema de protección social que realmente garantice el acceso a la salud y a las contingencias de vida. No se puede continuar trasladando la ineficiencia del Estado a las empresas, bajo el ropaje de la función social, ya que llegará el punto de quiebre en el cual empresas nacionales y/o extranjeras comiencen a mover sus industrias y procesos productivos a países con mejor competitividad laboral que Colombia, entendiendo por competitividad no solamente si es más o menos barata las cargas prestacionales y parafiscales, sino de versatilidad para adecuarse a los cambios.

 

 

Carlos Mario Sandoval

 

Estudios realizados: abogado y especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de Los Andes. También tiene una especialización en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana.

 

Cargos desempeñados: abogado senior de Prietocarrizosa, socio líder de la práctica de Human Capital de EY en Colombia, Gerente de Impuestos de EY, asesor de compañías multinacionales y nacionales en temas de inmigración, Derecho Laboral y tributación de personas naturales, conferencista y docente universitario.

 

Ocupación actual: socio de EY Colombia y Gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo.