La tormenta perfecta de la salud

Andrés Flórez Villegas Socio de Esguerra Barrera Arriaga Asesores Jurídicos aflorez@esguerrabarrera.com

En los últimos tiempos, diversas autoridades del país han realizado anuncios o tomado decisiones sobre el sistema de salud que lo han puesto en estado terminal. En lugar de sanar los problemas de que adolece el sistema, lo que han hecho es generar confusión y una enorme desconfianza entre los inversionistas, que hasta entonces estaban dispuestos a construir la infraestructura de salud que necesita el país.

Hace un par de semanas, el presidente Santos afirmó que en el corto plazo cambiará por completo el sistema. En medio de su discurso, señaló que en el futuro Colombia contará con un plan de beneficios universal que no va a excluir ninguna patología. Y a renglón seguido señaló que la salud no se puede enfocar como un negocio, pues se trata de un servicio social.

El anuncio dejó desconcertados a todos los interesados. En primer lugar, ningún país del mundo –ni siquiera los más desarrollados Estados de bienestar– tiene sistemas de salud con beneficios universales. Y es que, es una verdad de a puño, ningún sistema puede asumir sin límites todas las patologías de la población, pues ello simplemente es ruinoso. Todos los sistemas tienen límites, pues son escasos los recursos de cualquier economía.

De otra parte, el señalamiento de que la salud no es un negocio tiene a muchas personas rascándose la cabeza. ¿Qué significa eso? ¿Quiere decir que ya no podrán existir en Colombia EPS con ánimo de lucro, esto es, sociedades anónimas que ofrezcan aseguramiento en salud? ¿Significa ello que en adelante solamente el Estado prestará servicios de salud, es decir, que volveremos a la época del ISS con la calidad que lo caracterizaba? ¿El Estado continuará apoyando un sistema basado en EPS, pero estas tendrán que ser organizaciones sin ánimo de lucro como fundaciones y cooperativas?

En realidad no fueron claras las declaraciones del Presidente, como tampoco lo son las intenciones del Gobierno. En todo caso, lo cierto es que en la actualidad nadie en sus cabales, con semejantes declaraciones de por medio, está dispuesto a fundar una EPS o a capitalizar una existente. Lo que se ha generado es una enorme desconfianza, pues nadie sabe para dónde va el Gobierno en esa materia.

Meses antes de esas declaraciones, la Superintendencia Nacional de Salud le ordenó a una EPS “devolver al sistema de salud” sumas cuantiosas, pues, en su opinión, ellas habían sido invertidas en activos fijos como clínicas, en lugar de destinarse a la prestación de servicios de salud.

La lógica de dicha orden parece kafkiana: no genere infraestructura en salud, pues construir clínicas que se doten de camas disponibles para los enfermos está mal. Allá los pacientes con sus dolencias. Que los atiendan en la calle, eso sí con muchos medicamentos.

Increíblemente, quien profirió esta sanción no se da cuenta de que construir clínicas e infraestructura hospitalaria es intrínseco a la prestación del servicio de salud. ¿Será que no han visto que en este país la atención en los pasillos de las clínicas es tan común como ver un amanecer? ¿Será que la atención en los pasillos les parece a esas autoridades lo correcto?

Finalmente, hace unos días, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones que superan los 16.000 millones de pesos a varias EPS, porque supuestamente se pusieron de acuerdo para negar servicios a los usuarios, realizando prácticas contrarias a la competencia. Según dicha autoridad, las pruebas demuestran la unificación artificial de criterios entre las entidades agremiadas a Acemi “en torno a la negación de servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, así como de los servicios de salud que debían considerarse POS y No POS, lo que constituye una infracción a las normas”.

En realidad, las sanciones impuestas resultan incomprensibles. En primer término, la propia regulación es la que establece qué servicios se consideran POS y No POS. Luego, ¿cómo puede uno acusar a las EPS de ponerse de acuerdo sobre algo que determinan las propias normas? Pero, aun si hubiere acuerdos, ¿no será que los mismos se producen justamente porque la regulación en salud es deficiente y permite un amplio margen de interpretaciones? Si este fuere el caso, ello sería responsabilidad de las autoridades que deben expedir las normas eliminando las zonas grises, no de las EPS que intentan interpretarlas.

Por otra parte, pareciera que la SIC no se percatara de que las EPS del país vienen perdiendo plata a chorros y de tiempo atrás. Ello, pues varias autoridades de este país por acción o por omisión han generado un caos en el sistema que hace que este no pueda funcionar adecuadamente. Imponer semejantes sanciones en este estado de las cosas lo único que hace es afectar más a los usuarios, que es a quienes deberían proteger las autoridades.

En efecto, en este momento las EPS con sus pérdidas se están comiendo su patrimonio a pasos agigantados. Las sanciones de la SIC deberán pagarse contra ese patrimonio. Ello simplemente significa menos plata disponible para medicamentos, médicos y demás. ¿Eso era lo que querían lograr con su flamante sanción? 

Ante los problemas tan complejos del sistema de salud lo que se necesita son soluciones de fondo y claridad mental. Mensajes parciales e inconexos y sanciones al garete lo único que hacen es ahondar el problema.