Juan Carlos Echeverry: “No creo en una reforma tributaria estructural”

 

Las leyes y reformas constitucionales aprobadas por el Congreso en el primer año de la actual administración no tienen precedentes en la historia reciente del país.

 

La reforma tributaria, la Ley de Formalización y Generación de Empleo, la reforma a la salud, la Ley de Víctimas, la regla fiscal, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los actos legislativos de regalías y de sostenibilidad fiscal son las iniciativas gubernamentales más trascendentales, solo por mencionar las de mayor impacto económico.

 

Y las que se avecinan seguramente también lo serán, pues el Gobierno anunció una nueva reforma tributaria, el aumento de las edades de jubilación y la venta de otro 10% de Ecopetrol. ÁMBITO JURÍDICO conversó con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry, sobre estos temas, los altos costos de los servicios financieros, el incremento de las tasas de interés y los precios de los combustibles, entre otros asuntos.

 

ÁMBITO JURÍDICO: Las tres principales agencias calificadoras del mundo le otorgaron este año a Colombia el grado de inversión. ¿Qué representa esto para el país?

 

Juan Carlos Echeverry: Significa que nos graduamos como destino de inversión de clase mundial. Implica ingresar a un nuevo mundo, a nuevos retos, a muchas más posibilidades de negocios. Las inversiones son promesas. Entonces, Colombia ahora es una mejor promesa para invertir. ¿En qué sectores? Lo dirá el mercado. La economía es un proceso de descubrimiento. Este país, hace unos 15 años, no sabía que era bueno para las flores. Y hoy es la segunda potencia mundial en el sector. Entonces, vale la pena invertir en Colombia, porque hay muchas cosas por descubrir.

 

Á. J.: La parte negativa de esto, por así decirlo, es la persistente apreciación del peso. ¿El Gobierno adoptará medidas adicionales para contrarrestar la caída del dólar?

 

J. C. E.: El éxito del país demanda mayores exigencias y responsabilidades, porque llega más inversión. Y la apreciación es el indicador de eso. Sin embargo, es necesario identificar los fenómenos permanentes y los transitorios y tener cuidado de que la apreciación no deteriore la competitividad del país. Los exportadores y quienes compiten con importaciones pueden vivir con cierto nivel de apreciación, pero no en exceso. A raíz del relajamiento cuantitativo dos (QE2) de EE UU, que implicó un nuevo aumento de la cantidad de dólares en la economía mundial, nuestra moneda se apreció bastante. Y el Gobierno ha luchado contra los efectos excesivos ante esa coyuntura y lo continuará haciendo.

 

Á. J.: Entonces, ¿no descarta un control de capitales?

 

J. C. E.: No puedo descartar nada. Todo es posible.

 

Á. J.: Hablemos de la emergencia invernal. ¿Cuántos recursos se han destinado a esta causa y cuántos faltan por apropiar?

 

J. C. E.: A la fecha, se han destinado más de cuatro billones de pesos a las fases uno y dos (atención humanitaria de corto plazo y rehabilitación), representados en raciones de comida, subsidios de arriendo, construcción de albergues y obras de menos de 250 millones de pesos, entre otras inversiones. Para estas dos fases, que tardarían entre uno y dos años, ya tenemos fondeado todo el pago hasta diciembre de este año. El monto restante se completará con el reciente traslado presupuestal por cerca de 1,6 billones de pesos y con recursos del presupuesto del próximo año. Estos también se destinarán al Fondo Adaptación, para comenzar a estructurar los grandes proyectos de construcción y de reconstrucción de zonas afectadas por el invierno. Pero el grueso de recursos para ejecutar esa tercera fase provendrá de la venta del 10% de Ecopetrol.

 

Á. J.: ¿Cuándo saldrá a la venta ese 10%?

 

J. C. E.: El 20 de julio, presentaremos al Congreso el nuevo proyecto de ley, pues el que se radicó tuvo inconvenientes por un asunto de competencias entre comisiones. Posteriormente, hay que hacer unos trámites de Ley 226 de 1995 y de Ley 1118 del 2006, para salir al mercado. Entonces, todo el proceso tardará unos buenos meses.

 

Á. J.: ¿Y el restante 9,9% que puede vender Ecopetrol para su capitalización?

 

J. C. E.: Ecopetrol tiene plena libertad de sacar a la venta esas acciones.

 

Á. J.: ¿Sabe si lo va a hacer?

 

J. C. E.: Lo sé, pero no puedo contarle.

 

Á. J.: ¿Qué puede revelar sobre la próxima reforma tributaria?

 

J. C. E.: Primero, que lo importante de la reforma ya pasó, con la Ley 1430 del 2010, que representó bastante recaudo. Esto nos permite pensar en una reforma orientada a generar más volumen de negocios formales. En Colombia, hay ocho millones de trabajadores informales y dos millones y medio de desempleados. Para formalizarlos y emplearlos, necesitamos más negocios formales. La gran pregunta es: ¿La solución está en lo laboral o en lo tributario? Probablemente, ambos códigos hay que ajustarlos, pero yo comenzaría por el tributario.

 

Á. J.: Pero siempre se menciona que uno de los factores que frena la formalización laboral es la alta carga laboral y prestacional a cargo de los empresarios.

 

J. C. E.: Lo sé. Por eso, mis amigos de la Universidad de Los Andes, de Fedesarrollo y de los bancos multilaterales dicen que lo primero que hay que reformar es el Código Laboral. Sin embargo, se lo pongo en estos términos: ¿Si cambiamos el Código Laboral, con los negocios actuales generaríamos empleos formales para esa cantidad de personas? ¿O necesitamos muchos más negocios para formalizar y emplear a esas personas? Yo me inclino por la segunda hipótesis.

 

Á. J.: ¿Y cómo se generaría más volumen de negocios?

 

J. C. E.: Por ejemplo, otorgando incentivos. Debemos generar estímulos para que más gente haga negocios en Colombia y ponernos en el radar de muchos inversionistas mundiales que han vuelto a mirar a Latinoamérica, en virtud del aumento de los costos salariales en China.

 

Á. J.: ¿Esos incentivos serán nuevas exenciones?

 

J. C. E.: No. Incluso, eliminamos la deducción de renta del 30% por la inversión en activos fijos productivos. Lo que pretendemos es hacer que el Estado sea un mejor socio de todos los empresarios que invierten en el país.

 

Á. J.: Desde hace tiempo, se ha sostenido que Colombia necesita una reforma tributaria estructural. ¿Usted será el ministro que la sacará adelante?

 

J. C. E.: Es que yo no creo en eso. Ese es el cuento de muchos economistas que siempre piden ponerle IVA al arroz y a la sal. Eso es una bobada. Para mí, lo verdaderamente importante es fomentar la creación de nuevos negocios y formalizar las transacciones, en vez de gravar más los negocios actuales. Si formalizamos la gran cantidad de transacciones que se hacen por debajo de la mesa, aumentando la bancarización, por ejemplo, se revelaría el verdadero valor de la economía y los recaudos subirían automáticamente. Eso no lo han mencionado mis colegas en sus “reformas tributarias estructurales”.

 

Á. J.: Pese a los recientes cambios en el impuesto al patrimonio, continúa alta la evasión de este tributo. ¿Qué hará el Gobierno contra ese fenómeno?

 

J. C. E.: Tenemos un negocio conjunto con los alcaldes. Los impuestos a la propiedad han aumentado en el mundo y lo seguirán haciendo. Por ejemplo, Europa está pasando de impuestos a los ingresos a impuestos a la propiedad. Sin embargo, esto implica, primero, que la propiedad revele su verdadero valor. En Colombia, la propiedad está desvalorizada, porque otorgamos incentivos para que la gente oculte su valor real. Entonces, estamos trabajando muy duro con los alcaldes en la actualización del catastro y en los avalúos. Ya subimos el impuesto predial, a través del plan de desarrollo, además, porque queremos cambiar el carácter especulativo de la tierra y volverla productiva. También aumentamos el impuesto al patrimonio, aunque esperamos que eso sea transitorio.

 

Á. J.: Algunos sugieren que debería bajarse el umbral del impuesto al patrimonio, para que paguen ese tributo quienes tienen subvaloradas sus propiedades. ¿Qué opina de esa propuesta?

 

J. C. E.: No me pronunciaré sobre detalles de la reforma, pero me gustan esas propuestas.

 

Á. J.: Pasemos a otros temas. El Gobierno incluyó en el proyecto del PND un artículo para incrementar las edades de jubilación, que retiró para presentarlo en un proyecto independiente. ¿Qué avances hay en esta materia?

 

J. C. E.: Eso está bajo el liderazgo del Ministerio de la Protección Social.

 

Á. J.: ¿Cuánto le costará al país la Ley de Víctimas?

 

J. C. E.: He sido muy cuidadoso de no lanzar cifras astronómicas, pues hay una inmensa incertidumbre sobre el número real de víctimas. Además, anunciar cifras ex ante es riesgoso y contraproducente, porque mucha gente podría hacerse pasar por víctima sin serlo. Ese costo sólo se sabrá ex post. Será responsabilidad del Gobierno y del Congreso, en la ley de presupuesto anual, aprobar el monto fiscalmente razonable que demande la ley, según los beneficios que se reconozcan. Entonces, será una valoración continua.

 

Á. J.: El 2010 cerró con un déficit del sector público consolidado (SPC) del 3,2% y el del Gobierno Central (GC), del 3,8%, es decir, alrededor de 21 billones de pesos de descuadre entre ingresos y gastos. ¿Qué impacto fiscal tendrán la Ley de Víctimas y la atención de la emergencia invernal?

 

J. C. E.: Recuerde que al 7 de agosto del año pasado, las cifras que recibí eran del 3,6% y del 4,3%, respectivamente. De manera que el esfuerzo de la presente administración se ha reflejado en menores déficits. El plan fiscal del Gobierno, que va hasta el 2014, contempla un déficit del 0,6% del SPC y del 2,4% del GC. Las reformas que hemos impulsado nos permitirán alcanzar esas metas.

 

Á. J.: ¿Por qué se cambió la denominación de “principio” a “criterio” en la reforma constitucional de sostenibilidad fiscal?

 

J. C. E.: El proyecto original, que presentamos el pasado 20 de julio con el entonces ministro Óscar Iván Zuluaga, señalaba que la sostenibilidad era un derecho. Pero como esto no es comparable con el derecho a la vida o al buen nombre, etc., lo cambiamos a principio. Pero resulta que los principios son casi más fuertes que los derechos. Entonces, lo modificamos a un principio de colaboración armónica entre los poderes públicos. Pero esto era bastante etéreo. Finalmente, acogimos la propuesta de establecer el criterio de la sostenibilidad fiscal.

 

Á. J.: ¿Y qué implicará esta reforma?

 

J. C. E.: El presupuesto nacional, que es anual; el PND, que es cuatrienal, y la forma en que el Estado intervendrá la economía deberá regirse por un marco de sostenibilidad fiscal. ¿Para qué? Para cumplir los derechos de los colombianos. Por ejemplo, para garantizarles a las personas los derechos a la salud y a la educación se requiere un Estado sostenible y viable financieramente. De lo contrario, existirán los derechos, pero vacíos, pues no habrá recursos para garantizarlos. Entonces, la sostenibilidad fiscal es darles contenido a los derechos, para hacerlos efectivos.

 

Á. J.: Opositores argumentan que la sostenibilidad fiscal será un límite al reconocimiento, por vía jurisprudencial, de los derechos fundamentales, pues, en la medida en que no exista presupuesto, estos no podrán reconocerse.

 

J. C. E.: En la reforma quedó un parágrafo según el cual ninguna autoridad de naturaleza administrativa, legislativa o judicial podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva. De esta forma, quedan protegidos esos derechos.

 

Á. J.: Hablemos de los costos de los servicios financieros. A principios de este año, usted afirmó que las entidades financieras estaban abusando de esas tarifas. Seis meses después, ¿el panorama es igual o cambió?

 

J. C. E.: Ese ha sido un diálogo con los bancos, que ha migrado de una cordial diferencia a una colaboración armónica. Algunas entidades han reducido los costos de muchos de sus servicios, aunque se puede avanzar más. Aún hay servicios excesivamente costosos, por ejemplo, sacar dinero de un cajero que no pertenece a la entidad en la que uno tiene la cuenta. ¿Cuál es mi aspiración? “Bancarizar” a todos los colombianos. ¿Cuál es mi temor? Que si los costos son altos, probablemente no lo hagan, especialmente los de bajos ingresos. Esto es de sentido común. Entonces, debe haber un principio de proporcionalidad. Las cosas deben costar razonablemente.

 

Á. J.: La reforma tributaria facultó al Gobierno para intervenir o regular esas tarifas. ¿Cómo va esa reglamentación?

 

J. C. E.: Más que reglamentación, son acciones que debe aplicar la Superintendencia Financiera. Por ejemplo, realizar unos estudios y publicar las tarifas que cobran las entidades, para promover la competencia. Y eso ya lo está haciendo. En la medida en que la gente conozca las tarifas, puede forzar a su banco a ofrecerle servicios más baratos, pues, de lo contrario, se irá para la competencia. Así funciona el capitalismo.

 

Á. J.: En el último año, la tasa de intervención del Banco de la República pasó del 3% al 4,25% anual y la de los microcréditos, del 33,93% al 48,50% anual. ¿Cómo explica ese aumento tan exagerado?

 

J. C. E.: Son dos cosas diferentes. La tasa del Emisor incide en todas las tasas del mercado, mientras que la de los microcréditos se aplica a un segmento específico, abarcado por el “gota a gota”, que cobra tasas hasta del 240% anual. Y la batalla que estamos dando es permitirles a las entidades financieras competir en ese mercado con unas tasas que reflejen el mayor riesgo y costo en que incurren al otorgar ese tipo de préstamos. Sin embargo, nuestra visión de largo plazo es que la gente se formalice y pase a tasas más bajas.

 

Á. J.: ¿El Gobierno ha pensado en modificar la fórmula para fijar los precios de los combustibles?

 

J. C. E.: Por supuesto. Hemos analizado mucho ese tema y tenemos una fórmula lista. Sin embargo, como actualmente están “disparados” los precios internacionales del petróleo, estamos esperando a que se normalice el mercado. Por lo pronto, hemos asumido pérdidas cercanas a un billón de pesos, por otorgar subsidios a quienes tienen carro. La pregunta es si eso se justifica. Yo considero que no.

 

Á. J.: ¿Y la idea es que los precios de los combustibles en Colombia estén en paridad con los internacionales y que su aumento o disminución dependan de ese mercado?

 

J. C. E.: Lo que pasa es que hay bastante sobrecosto por los impuestos nacionales y las sobretasas. Pero es que la gente no sabe, por ejemplo, que los “transmilenios” tienen un subsidio muy alto, pues en el pasaje no se cobra la infraestructura. El Gobierno subsidia eso en un 70% y las alcaldías, en un 30%. Y ese 30% sale de la sobretasa a la gasolina, que también se destina al mantenimiento de las vías, etc. Entonces, no me aparto de la posibilidad de calcular mejor el precio, pero esos son recursos con los cuales los municipios y la Nación financian tales obras. Además, el precio es un regulador del consumo. Si las cosas están caras, el mensaje para el consumidor es claro: use menos el carro. Y eso está bien. Uno no puede ficticiamente generar una realidad de burbujas al país por consentirlo. Y yo no soy un ministro consentidor.

 

Á. J.: Una de las “locomotoras” del Gobierno para impulsar la economía es el sector agropecuario. Recientemente, usted dijo que, en los últimos 20 años, el Gobierno no había hecho nada por ese sector. ¿Esta es una autocrítica, teniendo en cuenta que usted fue director de Planeación Nacional hace 10 años?

 

J. C. E.: Yo sí creo que todos debemos autocriticarnos. Considero que el sector agropecuario ha sido la cenicienta del desarrollo económico de Colombia. Y eso hay que remediarlo, por dos motivos. Primero, porque alguna parte de la violencia se genera por la falta de oportunidades en el campo, y segundo, porque el sector tiene un inmenso potencial, que debemos explotar, como hizo Brasil, Chile, Perú, Argentina, México, etc. Colombia es el único país grande de América Latina cuyo sector agropecuario no se ha “disparado”. Entonces, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el sector agropecuario se vuelva dinámico, emprendedor, progresista y haya prosperidad para todos, como dijo el presidente Santos.

 

Á. J.: ¿Qué otra gran reforma diferente de los temas conversados en esta entrevista tiene en mente el Gobierno?

 

J. C. E.: No es una idea mía, pero me gustó mucho. La pregunta es: ¿Debemos seguir subsidiando a los ricos? Una de las razones por las cuales Colombia es muy inequitativa es porque se reparten mal los subsidios. Alguien me propuso esa reforma y me gustó mucho.