Carlos Andrés Rebellón: “La CRC adoptaría nuevas medidas para promover la competencia en telefonía móvil”

 

Los cerca de tres millones de teléfonos móviles hurtados en Colombia durante el 2009 y el 2010, las vidas cegadas en algunos de esos hechos y los demás ilícitos derivados de ese flagelo forzaron al Estado a adoptar una serie de medidas de choque en el último año.

 

Entre ellas, sobresalen la restricción a la venta y activación de celulares; la creación de bases de datos positiva y negativa, que almacenarán la información de los equipos legales y los robados, respectivamente, y la penalización de conductas, como la manipulación y la reprogramación de dispositivos móviles.

 

Para activar los equipos, las compañías celulares deben consultar esas bases, autorizar los que estén en la positiva y rechazar los de la negativa. Los que no figuren en ninguna base se incluirán en la primera, si existe prueba de su procedencia legal.

 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha liderado la adopción de este nuevo sistema. Su director ejecutivo, Carlos Andrés Rebellón Villán, habló con ÁMBITO JURÍDICO sobre el tema, el nuevo Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Comunicaciones y las posibles medidas regulatorias que tomará en contra del operador dominante en el mercado de telefonía móvil, entre otros asuntos de interés para los usuarios del sector.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo va el proceso de implementación de las bases positiva y negativa?

 

Carlos Rebellón Villán: Ya están funcionando. Desde el pasado 1° de enero, la información de cualquier celular reportado como robado ingresa a la base de datos negativa, lo que imposibilita su funcionamiento, excepto si es alterado. Pero recuerde que el Estatuto de Seguridad Ciudadana (L. 1453/11) castiga esa conducta hasta con seis años de cárcel, sin contar el agravante. De otro lado, los operadores tienen plazo hasta el próximo 31 de julio para incluir en la base positiva los datos de sus cerca de 47 millones de usuarios y sus números celulares, el IMEI (código único de cada equipo) y la información de la SIM (módulo de identidad del usuario). Actualmente, se discuten nuevas reglas que extenderían dicho plazo hasta el 1° de octubre, pues el reporte de celulares por parte de los usuarios ha sido lento.

 

Á. J.: ¿Qué pasará después del 1° de octubre?

 

C. R. V.: Quien pretenda utilizar un celular que no figure en la base de datos positiva deberá probar su procedencia legal, mostrando la respectiva factura. De lo contrario, no lo podrá registrar ni le funcionará en ninguna red. Si se trata de un equipo alterado, el operador deberá retener el equipo y denunciar el caso a las autoridades competentes.

 

Á. J.: ¿Qué sucederá si alguien cambia la SIM de su celular?

 

C. R. V.: Deberá registrarla, y la antigua SIM no le funcionará más. Si se trata de un cambio temporal, lo podrá hacer. Por ejemplo, una persona viaja, olvida su cargador, se le descarga el equipo y le pide a alguien un celular para hacer una llamada urgente con su SIM. Al hacer el cambio, el operador notará inmediatamente que esa SIM no corresponde al celular registrado. El operador le envía un mensaje de texto o lo llama, para advertirle que tiene un plazo (la propuesta actual es de 20 días) para registrar el equipo. Si en ese lapso pone nuevamente la SIM en su celular, no pasa nada. Pero si a los 20 días no registra el equipo, no le funcionará, hasta que lo registre, demostrando su adquisición legal.

 

Á. J.: ¿Y si es un equipo nuevo adquirido en el exterior?

 

C. R. V.: Igual. Lo debe registrar, con la factura legal. Esta nueva regulación pretende que los usuarios sean responsables con lo que adquieren y conserven la factura, para no tener problemas. Además, a partir del próximo 1° de octubre, las personas solo podrán comprar equipos móviles en los lugares autorizados por el Gobierno. Durante estos meses, los comercializadores deberán tramitar el permiso y cumplir con lo previsto en la reciente regulación que expidió la CRC (Res. 3530/12).

 

Á. J.: ¿Qué impacto esperan de la medida frente a los niveles de delincuencia?

 

C. R. V.: Esperamos una mejoría notable, pues los celulares robados no se podrán activar con ningún operador. Además, estas grandes bases de datos les facilitarán a las autoridades hacer mejor trazabilidad. Por ejemplo, identificar usuarios que registran frecuentemente equipos o cambios de SIM o que poseen celulares adquiridos o importados ilegalmente, etc.

 

Á. J.: ¿La manipulación de celulares no se volverá como la piratería de música o de películas, que, pese a ser delito, su comisión es habitual?

 

C. R. V.: Probar la manipulación de un equipo es más fácil, porque el IMEI es un número único en el mundo. Si la policía va a un establecimiento, podrá detectar si tiene celulares alterados, consultando las bases de datos. Entonces, los comercializadores deberán ser muy prevenidos con sus proveedores de equipos.

 

Á. J.: Otro tema: ¿Cuáles son las principales novedades del régimen de protección de usuarios, cuyas disposiciones han entrado a regir gradualmente?

 

C. R. V.: Primero, que es muy amigable con el usuario. Los derechos y deberes están escritos en un lenguaje muy sencillo, para facilitar su entendimiento y cumplimiento. Segundo, se amplían a cinco los canales de atención. Antes solo se hablaba de atención por teléfono y en oficina física. Ahora, se incluyen oficinas virtuales, redes sociales y mensajes de texto. También se definieron indicadores de calidad de atención. El 80 % de los usuarios que acudan a oficinas físicas debe ser atendido en máximo 15 minutos, en promedio. Si es por teléfono, la llamada debe ser contestada antes de 20 segundos, para el porcentaje señalado.

 

Á. J.: ¿Qué reforma se adoptó en el tema de compra de servicios en “combo”?

 

C. R. V.: Sin importar cuántos operadores hay involucrados en la adquisición de servicios empaquetados (internet, telefonía fija, televisión, etc.), el usuario solo está sujeto a un contrato. Es decir que se reduce a una ventanilla el trámite de peticiones y quejas, etc. Otra novedad es que los operadores están obligados a informar las tarifas del servicio de manera individual y con las combinaciones posibles de empaquetamiento, para que el usuario tome la mejor decisión.

 

Á. J.: ¿Y sobre las condiciones para contratar y cancelar servicios?

 

C. R. V.: Ahora, independientemente de que el servicio se pida por teléfono o internet, los operadores de telecomunicaciones están obligados a confirmar la petición por escrito, a más tardar, en 30 días. Esto no significa que sea por papel. La confirmación puede ser por correo electrónico. Y la cancelación del servicio puede hacerse por la misma vía, es decir que los operadores no podrán exigirle al cliente que vaya a la oficina física. Igualmente, esas compañías deben conservar las grabaciones de solicitudes de servicios y de peticiones, quejas y reclamos durante seis meses. Esto, a nivel probatorio, es fundamental.

 

Á. J.: ¿Qué novedad hay en materia de cláusulas de permanencia mínima?

 

C. R. V.: Se permiten permanencias mínimas hasta de 36 meses, cuando los planes subsidian terminales de acceso a internet (computadores, tablets, etc. Incluso, smartphones, bajo ciertas condiciones.). Sin embargo, los operadores también deberán ofrecerles a los usuarios la posibilidad de adquirirlos con permanencia de 24 ó 12 meses o sin permanencia mínima (sin subsidio).

 

Á. J.: La Superindustria sancionó recientemente a Comcel, por vender ‘smartphones’ con cláusulas de 36 meses.

 

C. R. V.: En el caso citado, la Superindustria consideró que la principal función de un smartphone no es acceder a internet, por lo cual no se podían aplicar cláusulas superiores a un año. Sin embargo, consideramos que el tema de fondo debe ser que el operador no ofreció las alternativas de adquisición con y sin permanencia que le mencioné.

 

Á. J.: En el 2009, la CRC constató que Comcel tenía posición dominante en el sector y le reguló sus tarifas. ¿Cuál es el panorama actual y qué medidas adicionales preparan?

 

C. R. V.: Comcel sigue ostentando posición de dominio. La regulación del 2009 benefició a los usuarios, con las rebajas de las tarifas de las llamadas off net (hacia otros operadores), pero las condiciones de competencia del mercado móvil no han cambiado. Por eso, la CRC inició en septiembre pasado una actuación administrativa, para adoptar medidas sustitutas o complementarias tendientes a promover la competencia.

 

Á. J.: ¿En qué estado va esa actuación?

 

C. R. V.: Estaba andando, hasta que Comcel me recusó, con el argumento de que yo trabajé en una compañía del sector. Esa recusación, después de haber pasado por la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, está en manos del Consejo de Estado, que decidirá la entidad competente de resolverla.

 

Á. J.: La estrategia comercial ‘calling club’ (“elegidos”) del operador dominante hace difícil la competencia, pues los minutos gratis son solo entre sus usuarios. Esto, además, incrementa su participación en el mercado. ¿Qué medidas adoptarían al respecto?

 

C. R. V.: Esos son aspectos que analizaremos en la actuación administrativa. Sin embargo, no puedo hablarle de medidas, porque no se han adoptado.

 

Á. J.: La CRC mantuvo la intervención regulatoria de las tarifas de fijo a celular y bajó su tope. ¿La medida continuará?

 

C. R. V.: Sí. El minuto de fijo a móvil, que el año pasado estaba a 177 pesos más IVA y en enero de este año disminuyó a 153 pesos, quedó a 138 pesos más IVA, desde el pasado 1° de abril. En enero del próximo año, la tarifa volverá a bajar, y así sucesivamente hasta el 2015, cuando estimamos que estará a menos de 100 pesos. De otro lado, el cargo de acceso a redes móviles pasó de 98 pesos a cerca de 84 pesos más IVA. Aunque esta última reducción se aplica a los operadores, queremos incentivar el ofrecimiento de mejores tarifas a los usuarios.

 

Á. J.: ¿Cómo garantizarán que la reducción de los cargos beneficie a los usuarios?

 

C. R. V.: En la última resolución incluimos un artículo de monitoreo, para verificar que los operadores les trasladen el beneficio a sus usuarios. No definimos cuánto deben bajar las tarifas, porque sería exceso de intervencionismo, pero sí esperamos que sean más favorables.

 

Á. J.: ¿Qué impacto ha tenido la eliminación gradual de los subsidios de telefonía fija?

 

C. R. V.: Tras la regulación que expedimos el año pasado, el subsidio ha bajado, pero no se han registrado alzas significativas, porque ese servicio está en declive. El subsidio se eliminará totalmente en el 2015. Lo positivo es que se liberan recursos para otorgar subsidios de internet, como lo dispuso el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

 

Á. J.: ¿Qué destaca de la reciente regulación sobre neutralidad en internet?

 

C. R. V.: Colombia es el segundo país de la región, después de Chile, que adopta una regulación de este tipo. Entre otras medidas, la norma prohíbe bloqueos de contenidos y la discriminación de tráfico para desplazar a un competidor. La regulación es balanceada y deberá evolucionar.

 

Á. J.: ¿Y en cuanto a las velocidades?

 

C. R. V.: Sigue vigente el reglamento sobre el tema. Para comercializar acceso a internet como banda ancha se debe garantizar una velocidad permanente de bajada de una mega y una de subida de 512 kbps. Por esa razón, no conocemos ofertas de internet móvil que cumplan con dicha regulación.

 

Á. J.: ¿Qué avances hay sobre las medidas de “ciberseguridad” y “ciberdefensa” que ordena el Documento Conpes 3671 del 2011?

 

C. R. V.: Antes de ese documento, la CRC expidió una regulación sobre el particular. Tenemos plazo hasta el próximo año para definir si se requiere ajustarla a las directrices del Conpes.

 

Á. J.: La agenda regulatoria de la CRC para este año incluye las barreras normativas de la banca electrónica. ¿En qué consiste eso?

 

C. R. V.: Estamos analizando la regulación de los países que han sido exitosos con banca electrónica, para definir qué nos faltan. Quizás no son normas de la CRC, sino de otras autoridades, pero la idea es adecuar la normativa interna, para impulsar esos servicios.