Clemencia Dupont Cruz: “Las cooperativas de trabajo asociado no se van a acabar”

 

Con ocasión de las recientes discusiones para lograr la pronta aprobación del tratado de libre comercio (TLC) con EE UU en el Congreso de ese país, el Gobierno colombiano impulsó varias normas que buscan terminar con la intermediación laboral de algunas cooperativas de trabajo asociado (CTA).

 

Aunque algunos medios de comunicación informaron que estas disposiciones terminarían con las CTA, Clemencia Dupont Cruz, presidente ejecutiva de la Confederación de Cooperativas de Colombia, aclara sus verdaderos alcances.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo surgen los problemas con las CTA?

 

Clemencia Dupont Cruz: Desde el 2003, el cooperativismo de trabajo asociado ha venido presentando inconvenientes, ya que se ha utilizado el modelo de una manera indiscriminada, a través de la creación de CTA para prestar servicios de forma incorrecta para empresas públicas y privadas. En la mayoría, no hubo un conocimiento pleno de las características básicas, de la filosofía, de los derechos y de los deberes de los asociados. Eso llevó a que el modelo se utilizara de manera indebida y se crearán falsas CTA, para hacer intermediación laboral y desconocer los derechos de los trabajadores, bajo el ropaje cooperativo.

 

Es lamentable, porque el cooperativismo es un movimiento social del sector empresarial. Hace muchísimo tiempo, nosotros, como gremio, llamamos la atención sobre el tema.

 

Á. J.: ¿Han sido efectivas las decisiones del Gobierno para ponerle fin a esta práctica?

 

C. D. C.: El Gobierno ha tomado decisiones, algunas muy circunstanciales, como la obligación de pagar parafiscales, pues, al parecer, por no pagarlos, se generaba una ventaja y una competencia desleal. Se pensó que eso arreglaba el problema, pero no fue así. Luego, se expidieron el Decreto 4588 del 2006 y la Ley 1233 del 2008, que procuraron o buscaban darle una solución definitiva. Nosotros avalamos esas normas, pues creemos que con ellas quedó una suficiencia normativa. Allí, quedaron muy claras su definición, características, objetivos, actividades por desarrollar, sanciones y regímenes internos.

 

Á. J.: ¿Qué se necesitaba?

 

C. D. C.: Control. Por eso, las normas legales reforzaron el trabajo de las superintendencias y del Ministerio de la Protección Social (Minprotección). Creemos que con una norma clara, lo que faltaba era la acción del Gobierno para sancionar.

 

Á. J.: ¿Cómo surge la discusión sobre la posible eliminación de las CTA?

 

C. D. C.: En el proyecto original de la Ley 1429 del 2010, no aparecía nada sobre CTA, pero con ocasión de unas declaraciones del Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, se discutió su eliminación. Nos opusimos verticalmente a esa propuesta. Nosotros defendemos el modelo de las CTA, porque creemos que es válido, que es un instrumento para crear puestos de trabajo dignos y desarrollo empresarial, ya que la tendencia de las empresas es a “tercerizar”, por distintas razones, como costos, especializaciones, procedimientos, etc. Entonces, el modelo es perfectamente válido para prestar esos servicios. Pero para que una CTA sea auténtica, se debe promover por voluntad de los asociados y con total autonomía, no puede incurrir en el envío de trabajadores en misión, no debe haber subordinación, deben ser propietarias y tenedoras de los medios y, por supuesto, deben actuar como empresa, tener patrimonio, cumplir con normas sociales, pagar seguridad social, etc. Así, no deberían tener ningún cuestionamiento ni ser prohibidas.

 

Ante la propuesta de desaparecer las CTA, nosotros fijamos la posición de defenderlas, y consideramos que se debe respetar y apoyar a las CTA que operan bien y sancionar a las que actúan mal.

 

Á. J.: ¿Cómo se evitó la desaparición de las CTA?

 

C. D. C.: Esa propuesta se modifica y se dicta el artículo 63, que prohíbe a las empresas contratar actividades misionales con CTA que hagan intermediación laboral. Así mismo, señala que para la remuneración de los trabajadores asociados se deben aplicar las normas del Código Sustantivo de Trabajo (CST), incrementa sustancialmente las multas para las empresas que contraten con ellas y dispone la liquidación de las CTA que incumplan esas reglas. Nunca entendimos por qué esas disposiciones regían a partir del 2013, si el problema era tan grave.

 

Con el TLC, hay un capítulo especial para CTA que nosotros compartimos, porque pone fin a la idea de terminar las CTA. Ese acuerdo habla de armonizar algunas disposiciones, reforzar el control, nombrar 100 inspectores para las CTA y crear programas de divulgación sobre el modelo cooperativo.

 

Á. J.: ¿Cómo reciben la reglamentación del Decreto 2025 del 2011?

 

C. D. C.: El Decreto 2025 tiene buenas intenciones, pero excede la ley, porque, en primer lugar, prohíbe radicalmente la contratación de toda actividad misional, es decir, a las empresas les prohíbe “tercerizar” sus actividades misionales con las CTA, pero las autoriza a realizarlas con otros modelos y figuras. Con esa norma, desaparecería la mayoría de CTA que prestan servicios.

 

Del mismo modo, el decreto tiene un vacío grande sobre la vigencia, pues dice que queda prohibido contratar actividades misionales por parte de CTA, pero no hay claridad sobre si se trata de los contratos en desarrollo o de los nuevos.  

 

Otro punto importante es que la Ley 1429 señala que para efectos de remuneración, se aplica el CST. En el reglamento, esperábamos que se aclararan las normas que se debían tener en cuenta, pero, por el contrario, señala que son “todas las normas de la Constitución Política y de la ley”.

 

Á. J.: Algunos medios dijeron que las nuevas normas significarían la desaparición de las CTA. ¿Usted qué opina?

 

C. D. C.: Las CTA no se van a acabar. La norma prohíbe las CTA que prestan servicios para actividades misionales de las empresas, lo que, en términos cuantitativos, tendrá un gran impacto. Son muchas las CTA que se dedican a prestar servicios de actividades misionales. Las que continúan son aquellas que prestan otros servicios, como de producción de bienes. Nos parece que la mejor forma de depurar el sector no era a través de prohibiciones, sino ejerciendo más control.

 

Á. J.: ¿Qué le dice a usted el hecho de que empresas como Carrefour, Éxito y Fabricato anunciaran la vinculación directa de personal que trabaja con CTA?

 

C. D. C.: Nos parece bien. En el caso particular de los empacadores, el tratamiento es distinto a los demás, porque todas las CTA, con la Ley 1233, estaban obligadas a reconocer compensaciones iguales o superiores a un salario mínimo. Ese ejemplo, en particular, lo vemos bien, porque las grandes superficies no estaban reconociendo lo justo a las CTA para remunerar a los trabajadores. Todo esto es bienvenido, para mejorar las condiciones de los trabajadores.

 

Á. J.: ¿Por qué se sigue estigmatizando al sector?

 

C. D. C.: Ha habido malas prácticas y experiencias, que atribuimos a entidades que se llaman CTA, pero que no lo son y que han afectado el buen nombre del sector. Consideramos que al Gobierno le corresponde ponerle fin a esas prácticas, un tema tan sencillo como sacar del mercado a esas malas CTA.

 

Á. J.: ¿Qué le responde al vicepresidente de la República, cuando califica a las CTA como violadoras de los derechos laborales?

 

C. D. C.: Primero, en las CTA no se aplica el derecho laboral, ya que tienen un régimen de trabajo especial, regulado por la ley, aprobado por los dueños de las CTA y por el Minprotección. Estamos de acuerdo con él en que deben ser sancionadas las CTA que están violando la ley y los derechos de los trabajadores y precarizando el trabajo. Lo que pasa es que él generaliza, situación con la que no estamos de acuerdo.

 

Creemos que el Gobierno fue inferior a su obligación de controlar a las falsas CTA y no ha reconocido las bondades al buen modelo cooperado. El Estado dejó crecer el problema e, incluso, promocionó la contratación de esas falsas CTA en las entidades públicas.

 

Á. J.: ¿Qué futuro les espera a las CTA?

 

C. D. C.: Si el Consejo de Estado no tumba el Decreto 2025, es un golpe duro para el cooperativismo, en el sentido de cerrarle la puerta a un modelo cooperativo empresarial. Así mismo, creemos que el Gobierno se excedió frente a la ley y la Constitución. Si se anula el decreto, la tarea del Estado es reforzar su control, ser estricto con esas falsas CTA y depurar el sector. La salida no es eliminarlas.