Mauricio Fajardo Gómez: “Esperamos llevar todos los procesos pendientes a su terminación”

 

Tras la sanción del la Ley 1437 del 2011, que adopta un nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, descongestionar la jurisdicción es uno de los principales retos que asumirá Mauricio Fajardo Gómez, nuevo presidente del Consejo de Estado.

 

Fajardo habló con ÁMBITO JURÍDICO sobre la puesta en marcha de un plan de descongestión que, en los próximos cuatro años, pondría al día a los despachos, y se refirió, entre otros temas, a las denuncias de corrupción que han afectado la buena imagen de la corporación que preside.

 

ÁMBITO JURÍDICO: El 2 de julio del 2012 entra en vigor un nuevo procedimiento administrativo. ¿Es factible que, para esa fecha, la jurisdicción tenga un nivel de descongestión que permita comenzar en buena forma?

 

Mauricio Fajardo Gómez: El propio código trae unas disposiciones relacionadas con un plan de descongestión que, en los próximos cuatro años, permitiría la finalización de los procesos represados. Ahora bien, el código fue diseñado para los nuevos procesos. Eso significa, en principio, que durante un tiempo mantendríamos una dualidad de legislaciones: a los procesos en curso se les continuarán aplicando las normas vigentes al momento de su iniciación, mientras que a los nuevos procesos se les aplicarían las nuevas disposiciones. La previsión que el código trae en relación con los procesos anteriores es que, a través de ese plan de descongestión, que debe ser definido entre el Consejo de Estado y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el transcurso de este año, se adopten las medidas necesarias para que puedan culminarse en la forma más rápida.

 

Á. J.: ¿Ya se ha avanzado en ese plan con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura?

 

M. F. G.: Estamos a punto de arrancar. Ya empezamos a hablar, todavía muy preliminarmente, acerca de la necesidad de que adoptemos todas esas medidas. Por supuesto, esperamos contar con los recursos necesarios para la ejecución de ese plan de descongestión, pues los recursos técnicos, financieros y humanos son aspectos fundamentales para la ejecución de cualquier propuesta.

 

Á. J.: ¿Se ha puesto alguna fecha límite para tenerlo listo?

 

M. F. G.: Queremos hacerlo. Hemos iniciado unas conversaciones sobre la necesidad de adoptar un cronograma. Por ejemplo, la ley ordena contar con un gerente de proyecto del plan de descongestión, que debe seleccionarlo y contratarlo la Sala Administrativa de una terna presentada por la Sala Plena del Consejo de Estado. Estamos en plan de definir los cronogramas de presentación de la terna y contratación del gerente, y esperamos que, en los próximos cuatro años, Dios nos permita hacer realidad el sueño de llevar todos los procesos pendientes a su terminación.

 

A. J.: Los recursos de la Rama Judicial son limitados. ¿No se corre el riesgo de que, por cuestiones presupuestales, no se pueda poner en marcha ese plan de descongestión? 

 

M. F. G.: Existe ese riesgo, pero esperamos contar, no solo con los recursos, sino con la disposición y la buena voluntad del Gobierno. Estos recursos son necesarios incluso para darles cumplimiento a las previsiones de la Ley 1285 del 2009 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia) que ordenan que, durante los años siguientes, se apropie el 0,5% del PIB para la implantación del sistema oral. En ese punto, debemos tener presente que la entrada en vigencia del nuevo código, que adopta unos procedimientos que involucran aspectos de oralidad, requerirá disponer de recursos para tecnología, salas de audiencias, capacitación, etc. Además, esperamos que el plan de descongestión cuente con un fondo suficiente para que no se nos quede en letra muerta.

 

Á. J.: ¿Se ha aliviado la carga de trabajo con la creación de subsecciones en la Sección Tercera y el nombramiento de más consejeros?

 

M. F. G.: Sin duda alguna, se redujo bastante la carga. Teníamos una angustia enorme, porque esa gran congestión nos había impedido estar a la altura de las necesidades y las expectativas de los usuarios de la administración de justicia. Pero soy un convencido de que, al finalizar el año, podremos medir en qué términos contribuyó la creación de esos nuevos despachos, y sobre todo el funcionamiento en subsecciones, a salir de la congestión que ha venido asfixiando a la Sección Tercera.

 

Á. J.: El nuevo código obliga a la administración a tener en cuenta las sentencias de unificación del Consejo de Estado. ¿Qué pasa si estas sentencias entran en contradicción con un precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional?

 

M. F. G.: Yo aspiraría a que, con arreglo a las previsiones y a la organización que el ordenamiento jurídico consagra, se puedan superar las diferencias de orientación y criterio en forma armónica. Pero también tengo claro que la Constitución, en forma expresa, dice que el Consejo de Estado cumple la función de tribunal supremo de lo contencioso administrativo. Eso tiene un sentido muy claro. Sobre esa base, sin entrar a discutir ni a cuestionar la competencia y las funciones de otras instancias, es claro que el Consejo tiene unas competencias perfectamente definidas que debe ejercer y cumplir. Con esto no se pretende invadir órbitas de competencia de otras corporaciones, sino respetar los ámbitos de competencia del Consejo de Estado.

 

Á. J.: ¿Las demandas de los ciudadanos que piden la aplicación del precedente jurisprudencial podrían generar más congestión en el Consejo de Estado?

 

M. F. G.: Esperemos que ello no ocurra. Es posible que en un primer momento, y mientras la figura empieza a decantarse, haya una demanda superior de pronunciamientos. Pero si finalmente se consigue que las autoridades identifiquen las sentencias de unificación y las respeten, no debería convertirse esto en una fuente de congestión. En este momento, resulta sorprendente que algunas autoridades administrativas, en forma que pareciera sistemática, a pesar de que hay temas que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido en forma clara, uniforme y reiterada, persistan, sin una argumentación suficiente, en negarle al ciudadano los derechos, obligándolo a demandar, a congestionar la administración de justicia y a terminar, nuevamente, condenando a la administración y haciendo más costoso el reconocimiento de esos derechos.

 

Á. J.: Cómo presidente del Consejo de Estado, ¿qué tiene que decir ante los señalamientos de corrupción que se han hecho a través de diferentes medios?

 

M. F. G.: El tema de corrupción en el Consejo de Estado obedece a la conducta de unos funcionarios que la misma corporación se ha encargado de denunciar y de pedirle a las autoridades competentes que investigue y sancione. Nosotros somos los primeros interesados en que se haga total claridad y en que los organismos competentes adopten las decisiones que correspondan. Hemos manifestado nuestra disposición real para colaborar en el esclarecimiento de esos hechos. Permanentemente, les hemos venido solicitando a los organismos de control que avancen en las investigaciones, que cuenten con nuestra colaboración. Es la línea que la corporación mantiene y quiere mantener, porque está absolutamente convencida de que se debe preservar el buen nombre de la institución y el de los consejeros, que, a veces, ha sido afectado con comentarios vagos y generalizados.

 

Á. J.: ¿Ha habido algún avance en esas investigaciones?

 

M. F. G.: Nosotros hemos venido solicitando que se avance. Sé que se ha hecho, pero esto tiene sus tiempos, sus complejidades, sus dificultades. Nos corresponde respetar las competencias de los organismos de control. De nuestra parte, hemos procurado mantener algún tipo de actualización sobre el estado de las actuaciones y expresar nuestro reiterado deseo de que estas situaciones se esclarezcan y se impongan las sanciones correspondientes.

 

Á. J.: ¿Cuál es la posición del Consejo de Estado ante la propuesta de reforma a la justicia que impulsa el Gobierno?

 

M. F. G.: Como vocero de la corporación, mal haría en hacer pronunciamientos sobre aspectos que ella no haya definido. Luego de los cambios que se dieron en la composición de la Sala Plena hacia el segundo semestre del año pasado, resulta necesario definir, con la mayor claridad posible, la postura del Consejo de cara a la reforma e, incluso, señalar aquellos aspectos que no están incluidos, pero que podrían ser pertinentes.

 

Á. J.: ¿Qué podemos esperar de su gestión como Presidente del Consejo de Estado?

 

M. F. G.: Lo que aspiro y espero es interpretar adecuadamente a la corporación. Yo sólo soy un vocero de ella. Queremos responderles de mejor manera a los usuarios, que son la razón de nuestra existencia. Queremos fortalecer la imagen de la jurisdicción, mostrando todo lo que se hace y se decide. El nivel de productividad es extraordinario. Si uno mira las cifras del Consejo Superior de la Judicatura, rodea el 103%. ¿Qué significa eso?, que de todos los procesos que ingresan, se resuelve la totalidad e, incluso, un poco más. Eso implica un verdadero compromiso, que esperamos mantener, y evidencia que en lo que tenemos dificultades es en el rezago que viene dado por la congestión.