“Hay que trabajar conjuntamente para garantizar el cumplimiento oportuno de los fallos de tutela”

De acuerdo con Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional, gracias a la Carta Política, que este año cumplirá 30 años de vigencia, los jueces se han tomado en serio los derechos y se han comprometido con la justicia material. En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, Lizarazo habló sobre sus retos al frente de esa institución, entre otros temas.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿A qué retos se enfrenta durante su presidencia en la Corte Constitucional? 

 

Antonio José Lizarazo: En primer lugar, asumimos desde este mediados de enero la competencia para la resolución de conflictos entre jurisdicciones. Vamos a recibir 622 expedientes que venía tramitando la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

 

En segundo lugar, continuar con nuestro proceso de transformación digital. Dimos grandes pasos el año pasado, pero aún debemos consolidar el expediente judicial electrónico, para lo cual trabajaremos con toda la Rama Judicial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este frente de transformación es necesario incluir como prioridad el mejoramiento de nuestro sistema de Relatoría, para que la búsqueda de la jurisprudencia sea más fácil y precisa.

 

El acercamiento a los ciudadanos es el tercer punto. El año pasado, logramos traducir nuestras decisiones a lenguas indígenas e innovamos en la forma de comunicarnos a públicos no abogados a través de infografías, videos y podcasts. Pero aún falta.

 

Por último, tenemos el reto de cohesionar la jurisdicción. Es importante crear canales más eficaces de comunicación con los jueces, para hacer una mejor divulgación de nuestra jurisprudencia y fortalecer el respeto del precedente. También es importante trabajar conjuntamente para garantizar el cumplimiento oportuno de las sentencias de tutela, cuyo seguimiento corresponde, por regla general, al juez de instancia.

 

Á. J.: ¿Qué lecciones dejó para la corporación la implementación inmediata de la virtualidad para el ejercicio de sus funciones? ¿Cómo seguirán trabajando en virtualidad en este año 2021, aún con pandemia?

 

A. J. L.: Confirmamos la importancia de la tecnología como eje de transformación de la justicia y vencimos muchas barreras culturales que dificultaban su implementación.

 

Los ciudadanos pudieron interactuar con la Corte con menores costos y tiempos, se eliminaron muchas tareas operativas que restaban eficiencia a nuestro trabajo, acortamos los tiempos de remisión de expedientes de tutela para el trámite eventual de revisión y recuperamos espacios físicos en nuestras instalaciones. Además, con la remisión electrónica de tutelas, se ahorrarán 11.000 millones de pesos anuales en correo físico.

 

Nuestra forma de trabajo en el 2021 dependerá mucho de la situación sanitaria, pero contamos con las condiciones para mantener nuestro trabajo virtual. Indudablemente, tenemos que implementar medidas que garanticen, por una parte, que el trabajo en casa no afecte los derechos de los servidores de la Corte y que pueden realizar sus funciones en las mejores condiciones posibles y, por la otra, que no se afecte el acceso de los colombianos a la Corte.

 

Á. J.: Hay quienes insisten en que las medidas extraordinarias adoptadas por superar la emergencia sanitaria, como el aislamiento obligatorio, restringieron desproporcionadamente derechos fundamentales. ¿Alguna opinión al respecto? 

 

A. J. L.: Las medidas extraordinarias para enfrentar la pandemia, como el aislamiento social obligatorio, indudablemente generaron impactos de todo tipo en la vida colectiva e individual de los colombianos. La Corte ejerció control sobre las medidas legislativas adoptadas en desarrollo del estado de emergencia declarado por el Gobierno y verificó si se encontraban ajustadas o no a la Constitución y declaró inexequibles varias de dichas medidas, precisamente, por afectar desproporcionadamente derechos fundamentales. Cabría, igualmente, una valoración sobre la proporcionalidad de ciertas restricciones en los casos concretos que tengan por objeto la protección de los derechos fundamentales.

 

Á. J.: A finales del 2020, la Corte Constitucional presentó la herramienta tecnológica PretorIA. Cuéntenos, ¿qué ha pasado con su implementación?

 

A. J. L.: PretorIA es un sistema de información que apoya el proceso de selección de tutelas a través de tres funcionalidades:

 

(i) La búsqueda de información por diferentes categorías, por ejemplo, el sentido de la decisión del juez de instancia.

 

(ii) La búsqueda de palabras claves en las sentencias, por ejemplo, “Covid”.

 

(iii) La generación de estadísticas.

 

El sistema se incubó en un esfuerzo conjunto de la Corte, la Universidad del Rosario y el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. En los últimos meses del año nos concentramos en la instalación de la herramienta, en su integración con los sistemas que actualmente soportan la tutela digital y en la conformación de un equipo de cuatro expertos en inteligencia artificial, que está a cargo de su perfeccionamiento y expansión. Actualmente, estamos haciendo las capacitaciones y las pruebas con usuarios de la Corte.

 

La modernización tecnológica va muy bien. Este es uno de los objetivos centrales del proyecto de modernización que empezó la Corte en el 2017. Ya teníamos avances en los procesos de constitucionalidad y la pandemia nos obligó a actualizarnos en el de tutela. De acuerdo con un diagnóstico que hizo el BID a comienzos del año pasado, este proceso se realizaba en un 99 % por medios físicos; hoy me atrevo a decir que esa cifra se invirtió y solo nos resta culminar un remanente de expedientes en papel. Es un cambio enorme en la forma de gestionar las 600.000 tutelas que se tramitan en promedio cada año en el país y el resultado de un trabajo articulado de toda la Rama Judicial.

 

Á. J.: Hace poco, el presidente de la República se reunió con los magistrados de la Corte Constitucional en relación con una futura y posible tutelatón por la priorización de las vacunas. ¿No fue esa una injerencia indebida del Ejecutivo en la Rama Judicial?

 

A. J. L.: La Corte recibió al Presidente de la República y al Ministro de Salud bajo el entendido de que se trataba del suministro de información en el marco de la colaboración armónica entre ramas del Poder Público, sin que ello implicara compromisos de ninguna índole en el ejercicio autónomo de las competencias de la Corte.

 

Á. J.: Este año se cumplirán 30 años de la Constitución Política. ¿Cómo cambió el país y la justicia, a raíz de su promulgación?

 

A. J. L.: La Constitución de 1991 adoptó, como forma de organización política, el Estado social de derecho, y un nuevo modelo de democracia, participativa y pluralista, y ello, indudablemente, cambió el rumbo de nuestro país. En el campo de la justicia, introdujo sustanciales cambios, como la tutela, en virtud de la cual toda persona puede reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos fundamentales vulnerados o amenazados. La Constitución de 1991, como ninguna otra carta fundamental lo hizo, ha impactado la vida cotidiana de colombianos que se han visto en la necesidad de acudir ante sus jueces más próximos en procura de la defensa de sus derechos fundamentales, y han encontrado respuestas concretas y de fondo a sus reclamaciones. Y ese impacto ha sido posible por dos razones principales: de un lado, porque la Constitución no es solo la norma fundamental que distribuye y organiza los poderes públicos, sino que presenta un contenido sustancial que condiciona la validez de las otras normas y ha sido capaz de modelar las relaciones sociales. De otro lado, porque los jueces se han tomado en serio los derechos y se han comprometido con la justicia material.

 

Á. J.: ¿Qué proyecto piensan desarrollar para celebrar los 30 años de la Constitución?

 

A. J. L.: Este año es muy importante porque tienen lugar dos hechos históricos que marcaron la edificación de nuestro Estado nacional: los 30 años de la Constitución de 1991, el 4 de julio; y el bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta de 1821, que puede considerarse como la primera constitución nacional, republicana, completa y permanente de Colombia (para ese momento la Gran Colombia). Este año nos convoca entonces a recordar la historia constitucional de nuestro país. Para ello tenemos como proyecto realizar diferentes actos conmemorativos: charlas mensuales de historia constitucional, un foro a mediados del año para celebrar los 30 años de la Constitución de 1991 y el XVI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que estará dedicado a la Constitución de 1821 y sus intertextualidades con las posteriores cartas fundamentales. 

 

Á. J.: ¿Cree en la necesidad de una jurisdicción constitucional?

 

A. J. L.: Depende de lo que se entienda por jurisdicción constitucional. Conforme al actual diseño, todos los jueces de la República son jueces constitucionales. Lo más importante sería dotar a todos los jueces de las herramientas y capacidades indispensables para la interpretación constitucional para que apliquen el Derecho a la luz de las exigencias de la justicia que reclama la solución de los casos concretos, en favor de la materialización de los principios y valores esenciales que definen al Estado colombiano.

 

Á. J.: ¿Cuáles son los últimos y más importantes debates constitucionales que está afrontando la corporación? 

 

A. J. L.: El último y más urgente es el que tiene que ver con el cumplimiento de los fallos de tutela. En la rendición de cuentas realizada por el saliente Presidente de la corporación, Alberto Rojas Ríos, se hizo referencia a una cifra que nos preocupa: el 66 % de las decisiones de tutela no se está cumpliendo. Ello pone en la agenda de la Corte Constitucional la necesidad de diseñar medidas tendientes a lograr una mayor eficacia del mecanismo constitucional de la tutela, que implica un diálogo permanente con los demás poderes públicos y las entidades e instituciones que más se ven concernidas en dichos incumplimientos, para ratificar el compromiso con el respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas.

 

Otro debate que ha implicado un trabajo permanente de la corporación y que seguirá estando en su agenda es el del reconocimiento de los derechos de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, o históricamente más discriminados, entre ellos, las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, Rrom, raizales y palenqueras, las mujeres, las personas LGBTI y las personas en situación de discapacidad o con capacidades diversas. Precisamente, el XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional estuvo dedicado al tema central de la diversidad y el reconocimiento, con el fin de hacer un balance sobre los avances en el respeto a nuestra diversidad pluriétnica y multicultural. Aunque se ha avanzado en la materia, varios retos nos siguen convocando para alcanzar una igualdad material.

 

Á. J.: ¿Qué hacer frente al incumplimiento de las sentencias de tutela? 

 

A. J. L.: Creo que deberíamos poner el foco en las autoridades que con sus acciones y omisiones obligan a las personas a acudir ante los jueces para obtener la protección de sus derechos. Y con mayor razón, en aquellas que, además de incumplir sus obligaciones, incumplen los fallos de tutela. El Gobierno y los organismos de control tiene en esta materia un desafío importante.