Alejando Ramelli: “Los sistemas procesales fracturaron la realidad de la guerra”

Los altos índices de impunidad frente a la criminalidad organizada y la complejidad de fenómenos propios del conflicto armado fueron algunas de las razones que motivaron a la Fiscalía General de la Nación a diseñar estrategias que permitieran evitar el colapso de la justicia en estas materias.

 

Un importante paso en el camino a la concreción de estos esfuerzos se dio con la creación de la Unidad Nacional de Análisis y Contextos (UNAC), adscrita al Despacho del Fiscal General de la Nación, creada mediante la Resolución 01810 del 4 de octubre del 2012.

 

Al frente de la UNAC está Alejandro Ramelli Arteaga, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Paris X Nanterre (Francia) y Doctorado en Derecho de la Universidad de Salamanca (España).

 

El pasado mes de octubre, la UNAC presentó su informe de rendición de cuentas 2012-2013 Innovación en la investigación penal. ÁMBITO JURÍDICO entrevistó a Ramelli sobre el balance del primer año de este novedoso sistema, que viene abordando temas como ejecuciones extrajudiciales, crímenes contra sindicalistas, periodistas, reclutamiento de menores y la corrupción administrativa, entre otros.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo surge este nuevo esquema de investigación penal?

 

Alejando Ramelli Arteaga: Cuando comenzó la actual administración hicimos un diagnóstico del funcionamiento de la Fiscalía. Luego, de los talleres desarrollados en junio y julio del 2012 con actores estatales y organizaciones no gubernamentales, surgió la propuesta de crear una unidad integrada por expertos en diferentes ciencias sociales para construir los contextos de violencia, basada en experiencias de tribunales penales internacionales.

 

El tema de la priorización llegó con las discusiones frente al colapso de modelos de justicia transicional, por ejemplo, en Justicia y Paz, donde hay cerca de 400.000 hechos delictivos que difícilmente van a llegar a sentencia.

 

La gran transformación propuesta en esos debates es que la priorización no es un tema exclusivo de Justicia y Paz, es un problema cuando exista una organización. Por otra parte, no es exclusivo de derechos humanos.

 

Á. J.: ¿Cuál es el efecto de las investigaciones caso a caso?

 

A. R. A.: Los fiscales, dentro de su lógica tradicional, funcionan tratando de resolver casos individuales sin tomar en cuenta que realmente la gran mayoría de delitos son cometidos por organizaciones criminales. Esos delitos se vienen investigando de una manera tradicional, que conllevan a una duplicidad de esfuerzos y al debilitamiento del aparato de investigación. El problema es que estamos atacando el resultado de la organización criminal, que es el delito, y no a la organización propiamente. Entonces, esta sigue funcionando y no hemos solucionado el problema de fondo, que es la estructura.

 

Á. J.: ¿Esta nueva metodología podría solucionar las deficiencias de las investigaciones frente a los grupos armados ilegales?

 

A. R. A.: Estos grupos han actuado durante mucho tiempo en diversos departamentos, y observar el fenómeno de la guerra desde un estricto punto de vista jurídico lo fracciona. En lugar de haberse investigado en su totalidad, los diversos sistemas procesales aplicables fracturaron la realidad, por lo que ha sido difícil comprenderla en toda su magnitud.

 

Á. J.: ¿Hablamos de la Ley de Justicia y Paz?

 

A. R. A.: Lo que pasa con Justicia y Paz es que se investiga al postulado, pero no necesariamente a todos los que financiaron y colaboraron con el grupo armado. En estos casos se compulsan copias a la justicia ordinaria. La existencia de esos distintos sistemas procesales parte la investigación, a pesar de que el problema es el mismo.

 

Á. J.: ¿Es en este punto en el que interviene la nueva metodología?

 

A. R. A.: En principio, este esquema apunta a conectar ambos mundos. Lo importante no es solamente armar el contexto de los integrantes del grupo, sino identificar las conexiones exteriores. Además, se trata de investigar en contexto. La realidad es que no toda la verdad está en Justicia y Paz, sino que gran parte está en la justicia ordinaria.

 

Á. J.: ¿Se trata de un problema de las conexidades?

 

A. R. A.: Al existir diversos sistemas procesales, no siempre las conexidades se pueden dar. Cada normativa establece unos requisitos, y nosotros no podemos cambiar los esquemas. Entonces, lo que venimos haciendo en la UNAC, con la idea de que esta metodología se implemente en toda la Fiscalía, es recurrir a otra forma de organizar la información a través de la delimitación de situaciones.

 

Á. J.: ¿En qué consiste?

 

A. R. A.: Una situación logra abarcar toda la información, así se encuentre en diferentes sistemas procesales. Esto no significa que nosotros suplantemos a Justicia y Paz, ni que podamos investigar al postulado. Lo que hacemos es traer la información para crear una situación.

 

Á. J.: ¿Cómo se supera el tema de los distintos sistemas procesales?

 

A. R. A.: El término “situación” es mucho más amplio que la conexidad. Esta última tiene sus límites en las normas procesales, pero las situaciones no, y abarcan diversas investigaciones, aunque formalmente no se pueda aplicar la conexidad, pero permite trabajar bajo una misma hipótesis investigativa. Esa es una novedad importante.

 

Á. J.: ¿Deben desmonopolizarse estas materias, que, tradicionalmente, han estado en manos de los abogados?

 

A. R. A.: Claro. El problema es que en Colombia, por un lado, iba la investigación jurídica y, por el otro, la investigación social. Los abogados tenemos una visión bastante limitada de la realidad. Pero si uno quiere entenderla, necesariamente una investigación criminal tiene que articularse con las ciencias sociales, pero no como ciencias auxiliares, como tradicionalmente se ha entendido. Esa visión tradicional, bastante arrogante frente a las demás, no ha permitido comprender, incluso, fenómenos jurídicos. Además, a través de la geografía y las matemáticas, por ejemplo, se pueden entender fenómenos como la sistematicidad, más que a través de pruebas tradicionales. Por eso, pienso que este modelo, que está en formación, es el que va a darle una respuesta integral al problema de la impunidad.

 

Á. J.: ¿Por qué?

 

A. R. A.: La impunidad no es un problema aislado de la forma de investigar, y se le asocia con la carencia de recursos. Entonces, en el modelo tradicional se dice que entre más investigadores, la impunidad disminuiría. Se parte de considerar una especie de relación de causalidad entre la escasez de recursos con la impunidad. Yo no digo que no necesitamos recursos, lo que analizamos es cómo se emplean mejor. Si se sigue trabajando con el modelo tradicional, estos siempre van a ser insuficientes, porque se vuelven a dar las lógicas de duplicidad de funciones.

 

Á. J.: ¿Cuál es el principal esfuerzo de las investigaciones en la UNAC?

 

A. R. A.: Los contextos, autores y participación. Es una necesaria articulación con la dogmática penal, que, incluso, la explica. Por ejemplo, se tiene estudiada una organización criminal y, de allí, se pude determinar cuál es la forma de autoría y participación por emplear, si se trata de una coautoría o a una forma de aparato organizado de poder. Lo más importante no es comenzar con las imputaciones, sino la construcción de esa nueva metodología, de la cual estamos convencidos va a cambiar los resultados.

 

Á. J.: ¿Las investigaciones están concentradas solo en el conflicto armado?

 

A. R. A.: La mayoría de situaciones que estamos construyendo tiene que ver con el conflicto, pero también estamos brindando apoyo para temas de corrupción, como la contratación en Bogotá. El grueso es el conflicto armado, aunque es una metodología que puede aplicarse a cualquier forma de delincuencia cometida por una organización.

 

Á. J.: ¿Esto acaba con la idea de que el esquema está ligado a la justicia transicional?

 

A. R. A.: Así es. De hecho, las temáticas que manejamos no tienen que ver con la justicia transicional. Lo que pasa es que tomamos todo lo que han hecho allí, por ejemplo, las declaraciones de los postulados para entender los fenómenos.

 

Á. J.: ¿Qué responde frente a la crítica de que se dejarán muchos casos sin investigar?

 

A. R. A.: La idea es que la priorización implica que casos que venían siendo investigados de forma aislada se vean como un todo. Esto apunta a identificar patrones criminales para llegar a la organización y a los máximos responsables. Si la priorización se profundiza y logramos que toda la Fiscalía funcione de esta manera, no ocurrirá que unos casos sean investigados  y otros no. Lo que pasará es que todos se investigarán de una forma distinta.

 

Á. J.: ¿Es un mensaje de confianza?

 

A. R. A.: El mensaje a la ciudadanía es que esta forma de investigar es mucho más eficiente, más eficaz, los resultados serán más contundentes. Creo que el mayor resultado de la UNAC es cambiar en un año la forma de investigar.