“Para que el ciberespacio judicial sea una realidad, se debe diseñar una arquitectura confiable”

Durante el mes mayo del 2020, en medio de la contingencia sanitaria que se vivía en el mundo, la Corte Suprema de Justicia convocó una serie de eventos virtuales para socializar el Decreto Legislativo 806 del 2020, que incorporaba estrategias para garantizar el funcionamiento de la justicia digital.

En medio de las conversaciones, la intervención de una jueza de Vichada llamó la atención de Daniel Castaño Parra, docente e investigador en regulación y nuevas tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. La funcionaria relataba cómo en su despacho no contaban con un flujo estable de energía eléctrica ni tampoco con servicio de internet, por lo cual debía gestionar más del 90 % de sus funciones desde su teléfono móvil.

Luego de reflexionar sobre ese asunto, Castaño, junto con Microsoft y el Instituto de Ciencia Política (ICP), iniciaron la tarea de elaborar un documento que sirviera como hoja de ruta para la implementación de un modelo de justicia como servicio digital. Como resultado de esa labor, en octubre, se publicó el estudio titulado La justicia como servicio digital, que puede ser consultado por los interesados en el tema en el siguiente enlace: https://icpcolombia.org/cms/wp-content/uploads/2022/11/14.10.22-final-diagramado-Virtual-1.pdf

ÁMBITO JURÍDICO conversó con  Andrés Rengifo, director de Asuntos Corporativos, Externos y Legales de Microsoft para la región Andina Sur, y con Daniel Castaño, que también es socio-fundador de Mokzy, una firma consultora especializada en tecnología disruptiva, Derecho y política pública.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles son las barreras que ralentizan la transformación de la justicia en un servicio digital y cómo enfrentarlas?

 

Daniel Castaño y Andrés Rengifo: Desafortunadamente, el caso de la jueza de Vichada no es un caso aislado, sino que hace parte de la cotidianidad de muchos jueces y litigantes de regiones apartadas de Colombia, en donde el acceso a la tecnología y a la conectividad siguen siendo limitados. De acuerdo con la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), al cierre del 2020, reposaban más de 1,8 millones de procesos en los despachos judiciales sin presentar mayores avances, una congestión provocada por el cambio procesal ocasionado por la pandemia y que podría significar el colapso del mismo sistema. En Colombia, hay solo 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el parámetro ideal internacional es de 65 por cada 100.000, según la CEJ. Sumado a esto, el 57 % de los departamentos del país se clasifica en niveles altos o elevados de impunidad, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad del 2019. 

Y, a pesar de que la pandemia pudo haber causado un colapso del sistema judicial, paradójicamente, gracias a la intensificación del uso de las tecnologías de la información, durante el 2020 aumentó la productividad de las altas cortes, el sector ahorró cerca de 5.396 millones de pesos y las audiencias virtuales aumentaron, pasando de 29.000, en el 2019, a 856.756, en el 2020, según revelan los datos del ICP.

Á. J.: ¿Por qué la justicia digital debe ser concebida como un servicio y qué debe entenderse por justicia digital nativa? 

 

D. C. y A. R.: La puesta en marcha de la justicia como servicio digital requiere el diseño e implementación de un conjunto de estrategias orientadas a consolidar un sistema digital nativo, que permita abandonar la idea de que la administración de justicia exige un lugar físico para funcionar y gestionar las actuaciones judiciales por medios análogos, así como contar con documentos físicos que acumulen polvo en los anaqueles de los despachos judiciales.

Este estudio nos muestra cómo a través de una implementación estructurada y completa de la tecnología se pueden lograr cambios profundos en nuestro sistema de administración de justicia. Aunque para esto existen retos aún importantes por resolver, relacionados con el fomento del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) desde las universidades, la digitalización de los expedientes, la generación de un marco tecnológico unificado para todo el sistema de justicia y el impulso del uso de las TIC por parte de los funcionarios de la Rama Judicial, esta visión de la tecnología proyecta su uso como articulador de la solución de viejos problemas que han afectado a la administración de justicias actual. 

Resulta esencial transformar la educación legal y acelerar la gestión del cambio para que estas tecnologías puedan ser rápidamente implementadas. También es necesario optimizar la eficiencia de las entidades públicas encargadas de la administración de la Rama Judicial del sector público de nuestro país.

Á. J.: ¿Por qué es importante estructurar el proceso de implementación de la tecnología para lograr la meta de una verdadera justicia digital? 

 

D. C. y A. R.: El ciberespacio judicial busca romper barreras geográficas, económicas, culturales y tecnológicas, las cuales se traducen en la falta de accesibilidad a los servicios legales en zonas rurales o apartadas, la carencia de equipos y herramientas tecnológicas aptas para la digitalización de los expedientes y las fallas en la conectividad a internet para, por ejemplo, acceder a las capacitaciones y a la enseñanza virtual. Para que esto sea una realidad tangible, la Rama Judicial debe diseñar e implementar un modelo de justicia digital que incorpore una arquitectura del proceso judicial confiable, transparente, eficiente, rápida y accesible para todos.

Idealmente, una justicia digital nativa o ciberespacio judicial debería estar soportada en sistemas de servicios digitales y documentos que se presenten en cualquier medio. Estos deberían incorporar datos, información y conocimiento del mundo físico y de la propia realidad digital, a efectos de estructurar herramientas capaces de comunicarse entre sí, aprender y razonar de manera automatizada, con el fin de optimizar el ejercicio de la función jurisdiccional. De esta manera, el ciberespacio judicial debería alcanzar tal grado de sofisticación que combine el mundo análogo con el digital para facilitar el procesamiento de datos disponibles, con el fin de acelerar el trámite de los procesos judiciales y optimizar la administración de justicia en términos de cobertura, calidad, consistencia, transparencia, accesibilidad y velocidad. 

 

Á. J.: ¿Cómo evitar la “balcanización” de la justicia durante su digitalización?

 

D. C. y A. R.: Ante la inexistencia de un expediente digital único para toda la Rama Judicial, el artículo 4º de la Ley 2213 del 2022 les asignó a los despachos judiciales y a las partes procesales la carga procesal de velar por la integridad del expediente. 

Nos preocupa que esto pueda devenir en la “balcanización” de nuestra justicia y, con ello, la vulneración de los artículos 29 y 229 de la Carta Política de 1991. Por “balcanización” nos referimos a la fragmentación tecnológica y procesal que podría experimentar nuestro sistema judicial a causa del uso de diferentes herramientas digitales o sistemas de información por los despachos judiciales de manera descoordinada y sin una metodología estándar para la gestión digital de los actos procesales. 

Pensemos, por ejemplo, el caso hipotético en el que un juzgado administrativo realice la audiencia inicial por medio de la herramienta X y luego la audiencia de pruebas por la herramienta Z o en el evento en que las partes procesales utilicen herramientas digitales diferentes con protocolos y formatos distintos que imposibiliten el ejercicio del derecho de contradicción o su consulta por parte del juez. Ambos escenarios serían viables bajo el citado artículo 4º.

Á. J.: ¿Qué va a pasar cuando estos procesos suban en alzada ante el ‘ad quem’ en diferentes formatos que puedan ser incompatibles entre sí? ¿Qué va a ocurrir si la incompatibilidad de formatos impida que las partes ejerzan a cabalidad todas las garantías que forman parte del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva?

D. C. y A. R.: La balcanización se puede evitar con el diseño y puesta en marcha de un sistema que conciba la justicia como un servicio digital que opere en la nube con total respeto por los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Es decir, un expediente judicial digital único para todas las especialidades jurisdiccionales y despachos judiciales de nuestro país.

Á. J.: ¿En qué consiste y por qué es importante el servicio de computación en la nube en medio de la implementación de la justicia digital?  

D. C. y A. R.: La gestión del proceso judicial en Colombia se ha caracterizado tradicionalmente por la presencialidad y la gestión documental en formato análogo o físico. A pesar de ello, la tendencia en derecho comparado ha sido la de digitalizar algunos aspectos de la justicia para lograr una mayor celeridad procesal, economía y eficacia en términos de acceso e igualdad material al sistema de justicia. La tecnología permite ahorrar costos administrativos significativos en el uso de papel y ayuda a promover un almacenamiento documental eficiente de grandes cantidades de información. 

De hecho, la digitalización permite estructurar y organizar la información interna de cada pieza procesal con el objetivo de que los datos sean fácilmente accesibles y procesados por las autoridades judiciales y las partes del proceso. A su vez, la integración de herramientas para alcanzar una mayor inmediación por parte del juez, involucra la grabación de las audiencias y el uso de mecanismos de autenticación como firma digital directamente agregada a la plataforma que contiene el expediente del proceso judicial.

Así mismo, la computación en la nube tiene el potencial de mejorar cómo se presenta y procesa la evidencia en el proceso judicial, ya que el uso de la tecnología, para tal fin, resulta en un espacio digital común para los tribunales, lo que permite mejorar y acelerar la cooperación entre autoridades y jurisdicciones. Incluso, la consolidación de acuerdos de cooperación internacional basados en el poder de la colaboración de la nube permitiría que la obtención de pruebas en procedimientos transfronterizos sea más efectiva y flexible en términos de diligencias administrativas y de relaciones exteriores. 

Al final, el ciberespacio judicial basado en computación en la nube se traduce en transparencia, en la medida en que la tecnología presenta una suerte de trazabilidad que tiene el potencial de reducir los casos de corrupción y fomentar una cultura del cambio que fomenta facilidades de acceso y el aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles. Igualmente, las herramientas de predicción y análisis de datos permiten hacer seguimiento a la consolidación de líneas jurisprudenciales y garantiza el acceso a las providencias de forma automatizada en línea 

Á. J.: ¿De qué manera la inteligencia artificial puede contribuir a que se avance en el proceso de digitalización? 

D. C. y A. R.: El plantear el uso de analítica de datos e inteligencia artificial no es un asunto nuevo para la profesión jurídica, pues ya tiene aplicación en el sector privado para identificar patrones, regularidades y correlaciones en aras de mitigar los riesgos y asegurar una mayor debida diligencia en derecho corporativo. Esta visión puede aplicarse en el sistema judicial con el objetivo de mitigar los riesgos y fomentar una cultura de respeto al precedente judicial. En definitiva, el contar con una arquitectura tecnológica robusta en la justicia permitiría mejorar la eficacia de aplicar el precedente judicial, puesto que un componente algorítmico dentro del proceso puede ser instrumento para guiar el acatamiento de líneas jurisprudenciales mediante economía conductual.

Ahora, al extrapolar el uso de inteligencia artificial en tribunales en línea se plantea la necesidad de reasignar competencias administrativas en la justicia por la capacidad de la tecnología de adoptar competencias básicas y constantes que en la actualidad son realizadas por seres humanos. No obstante, la intervención humana reviste particular importancia en el carácter decisorio, porque, de acuerdo con el Parlamento Europeo, “la aplicación de la inteligencia artificial en el sector de la justicia también puede contener el riesgo de perpetuar y posiblemente fortalecer la discriminación existente, incluidos los estereotipos, los prejuicios o las desigualdades estructurales”.

Á. J.: ¿Cuáles son esos aspectos que no pueden obviarse en la arquitectura del ciberespacio judicial? 

 

D. C. y A. R.: La incorporación de actuaciones judiciales al ciberespacio suscita nuevas preguntas procesales, cuyas respuestas requieren un estudio detallado de los principios clásicos del derecho procesal a la luz de los principios propios del ciberespacio y de las características mínimas que deben tener las herramientas digitales para garantizar, desde el diseño, el pleno ejercicio de los derechos fundamentales al debido proceso, a un recurso judicial efectivo y al acceso a la administración de justicia. Pero, a pesar de existir una amplia gama de reglas y principios prevalentes en las cuestiones procesales, con el advenimiento de la innovación y la transformación digital surge un escenario de convergencia donde los principios del derecho procesal deben armonizarse con los principios de la sociedad de la información y del ciberespacio a la luz de la regulación de los mensajes de datos, el comercio electrónico, las tecnologías de la información como servicio público y el gobierno digital. 

La tecnología no debe servir únicamente para gestionar o automatizar los trámites legales existentes, sino también para crear nuevas instituciones, procesos y métodos que permitan avanzar hacia un modelo de administración de justicia digitalmente nativo que sea transparente, accesible, rápido y eficiente. Para tal efecto, este documento propone que, con el fin de garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales, el diseño y operación del ciberespacio judicial debe observar los principios de equivalencia funcional, debido proceso, accesibilidad, inclusión, transparencia, inmediación digital, legalidad, neutralidad tecnológica, gratuidad y privacidad.