“La Corte Constitucional no está debilitando la separación de poderes, sino ejerciendo sus competencias”

A partir de esta edición, ÁMBITO JURÍDICO publicará una serie de entrevistas con los candidatos presidenciales, con el fin de conocer la gestión que desarrollarían en materia de justicia. La política penitenciaria y carcelaria, el funcionamiento del sistema acusatorio, la estructura de la Rama Judicial y la congestión judicial, entre otros, son los temas que responderán los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño.

 

Ingrid Betancourt, candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, inicia esta serie de entrevistas.

 

ÁMBITO JURÍDICO: A raíz de la pandemia, se expidieron varias normas de emergencia encaminadas a promover la justicia digital. En su mandato, ¿qué participación tendría la virtualidad en la modernización de la justicia?

 

Ingrid Betancourt: Uno de los propósitos en mi gobierno es continuar incluyendo la tecnología en la administración pública, para que sea más eficiente y más transparente. El Decreto 806 del 2020 fue uno de los cambios positivos que trajo la pandemia, mediante el cual se permitió hacer las diligencias jurídicas a través de tecnologías de la comunicación e información. Mi primera propuesta es garantizar que la vigencia transitoria del decreto se convierta en ley permanente durante la primera legislatura, porque ha mejorado la eficiencia de los trámites y reducido la congestión judicial. Adicionalmente a las diligencias jurídicas, debemos crear un sistema integrado de información digital de la Rama Judicial. Este sistema debe incluir la búsqueda y el seguimiento de procesos, la unificación de la información de todas las cortes de la Rama Judicial y el aceleramiento de la implementación del expediente electrónico.

 

Á. J.: Con la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana se prevé un aumento importante de la población carcelaria, lo que presionaría aún más el hacinamiento. ¿Qué propuestas tiene en materia de política penitenciaria y cupos carcelarios?

 

I. B.: Uno de los principales problemas en materia penitenciaria es que cerca de la mitad de la población privada de la libertad no ha sido condenada. Sabemos que la detención domiciliaria es más eficiente por la cantidad de funcionarios que se requieren para la vigilancia. Por ejemplo, en Bogotá, solo 10 funcionarios vigilan a 10.000 personas en detención domiciliaria. Por lo tanto, debemos aumentar el número de funcionarios para expandir la capacidad de monitoreo en detención domiciliaria para delitos menores. Esto nos va a permitir implementar detención domiciliaria, por delitos menores asociados, por ejemplo, al porte de sustancias ilícitas o por delitos de sostenimiento alimenticio, etc.

 

El otro tema central es combatir la reincidencia en los delitos. Primero que todo, vamos a implementar terapias que se enfocan en tratar los trastornos de salud mental, estrés postraumático y la depresión, porque son efectivas reduciendo la violencia y la criminalidad. Segundo, es necesario que en los centros penitenciarios haya alternativas productivas para las personas: vamos a llevar al Sena para que forme a los presos e instale unidades productivas que permitan generar un ingreso para los presos, para que les envíen dinero a sus familias, y al sistema penitenciario, para invertir en mejoras de infraestructura penitenciaria.

 

Á. J.: ¿Tiene alguna objeción al articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana vigente?

 

I. B.: Tenemos múltiples objeciones a esta ley. En primer lugar, la inseguridad ciudadana no se combate con populismo punitivo, como lo hizo este Gobierno. La creación de nuevos delitos y el aumento en las penas solamente congestiona el sistema judicial, no reduce la criminalidad. En segundo lugar, el artículo 30 deja abierta la puerta a la flexibilización del porte de armas. Estas iniciativas han demostrado que aumentan los homicidios entre el 10 % y el 30 %, y los suicidios en el 5 %, pero no reducen la criminalidad. Este es el claro ejemplo de una política que genera más confrontación entre los ciudadanos y no resuelve sus problemas.

 

Durante la discusión sobre la constitucionalidad de la ley, es posible que la Corte Constitucional identifique los vicios de forma y de fondo en el trámite de esta ley. De no ser así, desde el gobierno promoveré la derogación de la ley durante la primera legislatura.

 

Á. J.: Expertos en materia penal indican que el sistema penal acusatorio colapsó, lo que se evidencia en la congestión, la escasa investigación, el aumento de la delincuencia común y la impunidad. ¿Es necesaria una reforma?

 

I. B.: En Colombia, a pesar de tener penas altas por la comisión de delitos, las tasas de condena efectiva son bajas. Es necesario priorizar penas cortas, que no impliquen altos costos para el Estado, pero que se cumplan.

 

Para esto, debemos empezar por despenalizar comportamientos que no afectan la criminalidad. Por ejemplo, la inasistencia alimentaria no debe ser un delito. A los hijos no les sirve un papá o una mamá en la cárcel, y con el encarcelamiento no se resuelve el problema. Lo mismo ocurre con el consumo de marihuana. El 87 % de las multas por posesión de sustancias ilícitas se pusieron a personas con menos de 20 gramos de marihuana. Los esfuerzos de la Policía y de la Rama Judicial se pierden en actividades que no rebajan la criminalidad y congestionan el sistema judicial.

 

En segundo lugar, vamos a lograr que la probabilidad de captura de una persona sea alta y que esta implique una pena efectiva por la comisión de sus delitos. Para ello, vamos a fortalecer la investigación judicial, articuladamente entre Policía y Fiscalía, para que los capturados sean efectivamente condenados cuando tengan responsabilidad penal.

 

Á. J.: ¿Qué paquete legislativo presentaría al Congreso en materia de justicia? ¿Qué puntos cree que hay que mejorar en la estructura de la justicia?

 

I. B.: Es necesario fortalecer la rendición de cuentas entre estas instituciones de la Rama Judicial y la ciudadanía a través de mecanismos más directos y transparentes.

 

En segundo lugar, vamos a proponer aumentar los canales interdisciplinarios para apoyar la labor de los jueces; hoy, la mayoría de estas funciones son realizadas por abogados que no necesariamente tienen conocimiento en estos temas. Por ejemplo, las labores operativas y administrativas pueden ser complementadas por profesionales de otras disciplinas que mejoren la eficiencia del sector. Son necesarios ingenieros industriales y de sistemas, administradores, entre otros, que permitan un funcionamiento más adecuado de la rama y que mejoren su eficiencia a la hora de prestarle servicios a la ciudadanía.

 

Por último, hay otras instancias que dependen del Ejecutivo y que prestan servicios de justicia, como las superintendencias. Vamos a ampliar y potenciar las capacidades de estas instituciones para acercar a los ciudadanos a los servicios de justicia y aliviar presiones al sistema judicial.

 

Á. J.: ¿Se debe modificar la elección de los altos funcionarios del Estado, como el Contralor, el Fiscal y el Procurador, así como de los magistrados de las altas cortes?

 

I. B.: Es evidente que la elección de los jefes de los entes de control entró en crisis, porque ha terminado siendo el mecanismo para garantizarle impunidad tanto a los congresistas corruptos, sus secuaces y funcionarios públicos corruptos. Los congresistas que pueden estar señalados por corrupción o acciones irregulares son quienes eligen a quienes los van a investigar, juzgar y destituir. Adicionalmente, los entes de control tienen que dejar de ser un trampolín para más altas ambiciones políticas, o un mecanismo de persecución política.

 

Por lo tanto, el mal se debe atacar desde la raíz, desarticulando las maquinarias políticas que le hacen trampa a la democracia y que son las que eligen a estos funcionarios. El problema número uno de Colombia es la corrupción.

 

Vamos a asegurar que la elección de estos funcionarios se realice por un cuerpo colegiado independiente, sin intereses políticos y con las mejores calificaciones. El objetivo es que los entes de control sean tan independientes y tengan tanta credibilidad como la ha tenido el Banco de la República en su competencia económica.

 

Vamos a presentar una reforma política para que cada ente de control tenga una comisión directiva de cinco miembros que van a definir políticas de la entidad y nombrar al jefe de cada organismo. Cada cinco años, el Presidente nombrará dos miembros de la comisión directiva de la Fiscalía; la Corte Suprema de Justicia nombrará dos miembros de la comisión de la Procuraduría y la Corte Constitucional tendrá derecho de nombrar dos miembros de la comisión de la Contraloría.

 

Adicionalmente, vamos a inhabilitar a quienes lideren un ente de control y aspiren a cargos de elección popular durante los ocho años siguientes a su salida del ente de control. La misma inhabilidad va a aplicarse en los entes territoriales.

 

En cuanto a los magistrados, vamos a proponer una reforma para que sean cargos vitalicios. De esta manera, evitamos que haya intereses políticos en las altas cortes y garantizamos que sean independientes.

 

Á. J.: ¿Quién debe investigar y juzgar a los altos dignatarios aforados? ¿La Comisión de Acusaciones debe seguir asumiendo dichas funciones?

 

I. B.: Los resultados que ha arrojado la Comisión de Acusaciones son limitados. Por ejemplo, en el proceso que lideré por la entrada de dineros del narcotráfico en la campaña del presidente Samper, la Comisión, compuesta por congresistas, no lo condenó ni lo destituyó a pesar del material probatorio que recogimos. El diseño del tribunal y sus funciones no son los temas problemáticos. El objetivo es que las personas que componen la Comisión de Acusaciones sean transparentes y honestas en estos procesos.

 

Por lo tanto, lo que debemos hacer es que el Congreso esté compuesto por personas honestas que realicen estos procesos de manera independiente. Mi propuesta, en los últimos 30 años, ha sido la de hacer política de manera transparente y combatir la corrupción. El cambio en las altas esferas del Estado solo lo podemos hacer si elegimos personas que estén alejadas de las maquinarias y de la corrupción. 

 

Adicionalmente, vamos a crear una jurisdicción especial contra la corrupción, compuesta por jueces incorruptibles. Mi compromiso con el país es que quienes cometan delitos de corrupción en el servicio público sean juzgados, condenados, que paguen sus condenas en la cárcel, que sean sujetos a multas proporcionales a los desfalcos y que recuperemos los recursos.

 

Á. J.: ¿Qué cambios plantearía para fortalecer la justicia transicional? ¿Cree que está funcionando?

 

I. B.: El principal problema de la justicia transicional es el tiempo que se ha tomado en fallar los casos. La primera decisión se espera para el 2023 y las víctimas necesitamos respuestas pronto. Es fundamental darle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) las herramientas para que acelere su funcionamiento y logre cumplir con todos los casos antes de terminar su vigencia, en el 2028. Así, es necesario complementar el trabajo de la JEP con equipos interdisciplinarios que se concentren en acelerar el proceso de esclarecimiento de los hechos, de juzgamiento y declaración de sentencias y los procesos de reparación de las víctimas. La verdad y la paz solo la construiremos si las víctimas son el centro de los procesos.

 

Si la JEP no termina los procesos durante la actual vigencia, es fundamental tramitar la extensión del periodo para garantizar que los responsables sean juzgados, que no entremos en vacíos jurídicos y que le cumplamos a las víctimas del conflicto condenando a quienes no hayan cumplido con lo pactado.

 

Por otro lado, adicionalmente al esclarecimiento de la verdad y la reconciliación, mi gobierno va a liderar la reparación de las víctimas estableciendo un fondo para ese fin, financiado por los dineros incautados al narcotráfico.

 

Á. J.: ¿De qué forma su gobierno adoptaría el fallo sobre el aborto? ¿Qué hacer en este tema y asuntos como la eutanasia, frente a los cuales el Congreso no legisla?

 

I. B.: Mi gobierno respetará, acatará e implementará todos los fallos de la Corte. La institucionalidad es un tema que está en juego en estas elecciones y debemos protegerla. Frente al aborto, como he dicho, mi labor como presidenta es que cada mujer tenga las garantías para tomar las decisiones sobre su cuerpo de manera libre.

 

Adicionalmente, vamos a impulsar el uso de la pastilla del día después, para prevenir los abortos. Además de estar en el POS, en mi gobierno vamos a fortalecer el conocimiento sobre estos medicamentos y a facilitar su distribución de manera gratuita y anónima. Estos medicamentos deben ir acompañados por procesos de educación sexual, desde los colegios, para que las mujeres tengan información completa y pertinente y tengan mayor libertad para tomar sus decisiones de vida.

 

Á. J.: ¿Cómo atacará la corrupción judicial? ¿Cómo fortalecer el ingreso de buenos abogados a la Rama Judicial? ¿Cuál es su posición sobre las convocatorias y las demoras para proveer las listas por mérito en la Rama Judicial?

 

I. B.: Proponemos tres soluciones concretas. En primer lugar, vamos a crear programas de promoción de ofertas laborales de la Rama Judicial en las universidades. Debemos conectar el mercado laboral y el sector público con los espacios de formación profesional. La mayoría de firmas privadas usan estas prácticas y es necesario replicarlas desde la rama para lograr incentivar que estudiantes altamente capacitados conozcan las ofertas del sector.

 

En segundo lugar, vamos a mejorar la transparencia y la eficiencia de la Rama Judicial. La inclusión de la tecnología permite que haya mayor transparencia en los procesos, que se eviten las demoras, que la información esté disponible y que, de manera general, mejore la eficiencia de la rama.

 

Por último, la posición en el ranking de los exámenes determinarán la posición que pueden ocupar los aspirantes a la Rama Judicial. Es fundamental garantizar que los abogados que ingresen puedan ascender rápidamente a cargos de alta responsabilidad. El trabajo en esta rama del Estado debe ser uno de los mayores honores de la sociedad y para eso es esencial garantizar que sea un proceso de meritocracia.

 

Á. J.: Recientemente, se declaró un nuevo estado de cosas inconstitucional por la situación de inseguridad de los firmantes de la paz, ¿sobre esta figura (estado de cosas inconstitucional) qué planes tiene para cumplir las diversas órdenes que ha dado la Corte?

 

I. B.: Uno de los principales riesgos que hemos identificado para la construcción de paz es el riesgo y la violencia contra los firmantes del Acuerdo y los líderes sociales. Es un deber prioritario que el Estado debe cumplir por proteger sus vidas y la construcción de paz. Estos actores son quienes se oponen a los grupos armados en los territorios y a las economías ilícitas. Vamos a dar cumplimiento a todas las ordenes de la Corte, garantizar los derechos de la ciudadanía es un requisito sine qua non.

 

En el caso específico del estado de cosas inconstitucional por la inseguridad de los firmantes de la paz y de los líderes sociales,  vamos a dar cumplimiento desde el 8 de agosto fortaleciendo los mecanismos de inteligencia de las Fuerzas Militares que han demostrado ser efectivos a la hora de proteger a estas personas. Para esto, vamos a implementar Consejos Integrados de Inteligencia para garantizar la estabilización de los territorios para mejorar la protección y el liderazgo de los líderes en estas zonas del país. No es únicamente militarizando el territorio que lograremos consolidar la paz, vamos a hacerlo con inteligencia militar y protegiendo a los grupos poblacionales más vulnerables.

 

Á. J.: ¿Cómo disminuir la congestión judicial?

 

I. B.: Durante la entrevista, he mencionado propuestas para reducir la congestión judicial. Oponernos radicalmente al populismo punitivo, que congestiona el sistema aumentando penas y delitos, y derogando la Ley de Seguridad Ciudadana. Promover el uso de las tecnologías y la digitalización para aumentar la transparencia y la eficiencia en los procesos judiciales. Impulsar la resolución de conflictos por vías que no sean penales ni en los que intermedie la Policía, como, por ejemplo, estrategias de justicia comunitaria, simplificación de procesos y fortalecimiento de los servicios de las superintendencias, entre otros.

 

Á. J.: En relación con las decisiones que toma la Corte Constitucional en las que actúa como legislador, ¿usted considera que se está desfigurando la separación de poderes? ¿Hay que limitar las competencias de la Corte en ese sentido?

 

I. B.: Los congresistas se pronuncian en temas que resuelven sus intereses personales, pero guardan silencio en los asuntos fundamentales para la ciudadanía y prefieren pasar de agache: esto es el resultado de la corrupción electoral y la trampa que lleva al Congreso personajes cuyo objetivo es enriquecerse y que no representan los intereses de la ciudadanía. En estas circunstancias, la Corte Constitucional responde a la necesidad expresada por los ciudadanos a través de las tutelas para que se llenen los vacíos jurídicos que dejan a los colombianos sin poder ejercer sus derechos, como en el caso del aborto o de la suspensión del uso del glifosato. Por lo tanto, la Corte Constitucional no está debilitando la separación de poderes, sino, por el contrario, ejerciendo sus competencias.

 

Lo que sí evidencia esta situación es el disfuncionamiento de un Congreso que se ha convertido en una máquina para saquear al Estado, incapaz de legislar en los temas de sociedad y de resolver los problemas cotidianos que aquejan a los ciudadanos.