Gerardo Hernández Correa: “El sector financiero presenta un comportamiento muy saludable”

 

La volatilidad de los mercados financieros internacionales y su potencial efecto sobre la economía colombiana, que hasta ahora parece inmune a esos vaivenes, ha obligado a las autoridades nacionales a adoptar una serie de medidas preventivas, con el fin de fortalecer las instituciones financieras y reforzar su supervisión.

 

Este proceso lo lidera la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera), que, al margen de esa coyuntura, ha promovido varias reformas para mejorar la protección de los usuarios y clientes del sector, avanzar en la inclusión financiera y aumentar la seguridad para la realización de las transacciones.

 

El titular de ese organismo, Gerardo Hernández Correa, conversó con ÁMBITO JURÍDICO sobre estos y otros temas a su cargo.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo está la situación del sector financiero?

 

Gerardo Hernández Correa: A nivel internacional, la coyuntura es de incertidumbre, por la situación de algunos bancos europeos, el caso de Grecia y el menor ritmo de crecimiento de las grandes economías, como EE UU y China. Aparentemente, las decisiones que tomaron los países euros sobre la capitalización de los bancos, el aumento de sus niveles de solvencia y la condonación de parte de la deuda griega, entre otras medidas, ayudarán a resolver esa incertidumbre, lo cual será muy favorable para nuestro país.

 

Á. J.: ¿Y en cuanto a Colombia?

 

G. H. C.: Hasta el momento, no hemos visto que la situación internacional tenga algún impacto en Colombia. La economía está creciendo bien, la inflación estará dentro del rango meta del 2 % al 4 % y el sector financiero presenta un comportamiento muy saludable. Los niveles de solvencia de los establecimientos de crédito superan el 15 %, cifra muy superior al promedio histórico y al mínimo regulatorio, y el crecimiento de la cartera es del orden del 24 %, con muy buenos índices de calidad. También destaco la gran cantidad de entidades financieras que quieren abrir oficinas de representación en Colombia u operar directamente, y la compra de activos en el exterior por parte de varias entidades nacionales. Todo esto implica más competencia y mayores facilidades y oportunidades para la gente y el sector productivo.

 

Á. J.: ¿Qué nuevas exigencias le harán al sector para afrontar eventuales choques externos?

 

G. H. C.: Por un lado, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para fortalecer el capital de los establecimientos de crédito, con base en las recomendaciones del Comité de Basilea. Seguramente, a finales del año, someteremos a discusión del sector el respectivo proyecto de decreto. De otro lado, expedimos unas medidas relacionadas con liquidez, que obligan a las entidades a tener activos líquidos suficientes para prevenir situaciones de iliquidez de hasta 30 días. Finalmente, hicimos más estrictas las provisiones en los casos de cartera sin garantía, con el propósito de que el aumento de la cartera se haga de una manera sana y sostenible.

 

Á. J.: ¿Qué avances ha habido en materia de protección del consumidor financiero?

 

G. H. C.: En el último año, hemos hecho un trabajo muy importante en ese campo. Ya pusimos en funcionamiento el Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) y lo estamos supervisando. Se trata de modelos internos en las entidades que permiten identificar, medir, controlar y monitorear todos los hechos y situaciones que pueden incidir en la debida atención y protección de sus clientes y usuarios. Segundo, estamos publicando las tarifas de los servicios financieros, para que los usuarios conozcan a las entidades que les ofrecen mejores tarifas y tomen decisiones más informados. También, a través de dos normas, fortalecimos el régimen de suministro de información veraz, suficiente y oportuna a cargo de las entidades, y adicionamos el listado de prácticas y cláusulas abusivas, con el fin de eliminar estipulaciones en los contratos que crean un desequilibrio entre la entidad y el consumidor financiero. Por último, resalto las facultades jurisdiccionales que el nuevo Estatuto del Consumidor le otorgó a la Superfinanciera, lo que le permitirá actuar como juez en la solución de las controversias entre las entidades y sus clientes.

 

Á. J.: ¿Insiste en entregarles más facultades a los defensores del consumidor financiero de las entidades?

 

G. H. C.: Lo que he sugerido es que las entidades acojan como definitivas las recomendaciones del defensor. Actualmente, muchas entidades lo hacen, pero ojalá todas las industrias acaten esa recomendación de mejor gobierno corporativo.

 

Á. J.: ¿Cuál es su posición sobre el proyecto de ley que busca evitar que las entidades penalicen a los usuarios que les pagan anticipadamente sus créditos?

 

G. H. C.: Estamos de acuerdo con el proyecto, siempre y cuando contemple algunas excepciones que aconseja la práctica bancaria. Por ejemplo, hay contratos grandes de créditos sindicados, en los que el mismo préstamo tiene una penalidad.

 

Á. J.: Analistas aseguran que la aprobación del proyecto implicará un aumento de las tasas de interés, pues lo que las entidades dejen de recibir por un lado lo cobrarán por el otro.

 

G. H. C.: Lo que recuerdo del proyecto es que se podrían cobrar algunos costos en que incurren las entidades para el otorgamiento del crédito. Esto seguramente será parte de la discusión que falta en el Congreso.

 

Á. J.: ¿Esa iniciativa pudo incluirse en la circular de cláusulas abusivas?

 

G. H. C.: No. Para eso se requiere una reforma legal, pues sería una limitación del principio de la autonomía de la voluntad contractual. Recuerde que las normas legales permiten a las partes pactar autónomamente los plazos y las condiciones del crédito.

 

Á. J.: En su rendición de cuentas, usted anunció la revisión de la metodología para calcular la tasa de usura. ¿Qué novedad hay sobre este particular?

 

G. H. C.: El Ministerio de Hacienda contrató con Fedesarrollo un trabajo para mirar las metodologías. La buena noticia es que para el caso del microcrédito, hay evidencia de que el aumento de la tasa de usura ha permitido que entidades especializadas en ese segmento incorporen a sus operaciones de crédito a las personas que antes solo tenían acceso al denominado “gota-gota”, que cobra tasas altísimas.

 

Á. J.: En el lanzamiento de la Guía de Crédito de Vivienda de Legis, usted mostró su preocupación por que los bancos casi no prestan para vivienda. ¿Es por la baja tasa de interés?

 

G. H. C.: No. Lo que sucede es que después de la crisis hipotecaria, las entidades mezclaron sus productos, y el crédito de vivienda quedó un poco rezagado. Entonces, a diferencia del pasado, cuando algunos bancos tenían unas carteras hipotecarias muy grandes, hoy uno ve menos apetito en ese segmento. Pero la buena noticia es que la cartera de vivienda sigue creciendo, no solo en los sectores de clase alta, sino también en los demás.

 

Á. J.: ¿Cómo va el proyecto de decreto reglamentario del depósito electrónico?

 

G. H. C.: Estamos trabajando en un proyecto de ley, que ya anunció el Ministro de Hacienda, al que se le están afinando detalles. La intención es establecer unas reglas de juego claras para facilitar las operaciones que se realicen a través de canales con nuevas tecnologías. Su articulado es muy sencillo, pero puede tener un gran impacto. Así lo hemos visto en países como Filipinas, en donde este tipo de operaciones toman muchísima fuerza. La iniciativa también pretende incentivar la utilización del sistema financiero y limitar el uso del efectivo.

 

Á. J.: ¿Y en cuanto a la reglamentación de las tarjetas prepago de los establecimientos de crédito?

 

G. H. C.: Este tema se incluiría en ese proyecto. Sin embargo, esa parte aún está en discusión.

 

Á. J.: ¿Cómo va el proceso de implementación de los multifondos?

 

G. H. C.: En términos generales, es baja la proporción de afiliados que eligen según su apetito de riesgo. Sin embargo, la experiencia muestra que estos cambios toman tiempo en asimilarlos. Las personas necesitan tiempo para ir entendiendo y comparando los diferentes fondos y lo que significa, por ejemplo, estar en el más riesgoso, etc.

 

Á. J.: ¿Han pensado en reformar ese esquema?

 

G. H. C.: No. Por ahora, debemos dejarlo que funcione.

 

Á. J.: ¿Han sido efectivas las medidas de seguridad ordenadas por la Superfinanciera para evitar el robo, fleteo, etc., de los usuarios del sistema financiero?

 

G. H. C.: Aunque uno siempre debe pensar que las medidas se pueden mejorar, considero que han tenido una incidencia apreciable. Las entidades han reforzado muchísimo sus medidas de seguridad para el uso de tarjetas, cajeros y la propia seguridad física de sus sedes. En todo caso, ante la temporada de fin de año, es importante recordarles a las personas que si van a retirar altas sumas de dinero, soliciten el servicio de acompañamiento gratuito que presta la policía. De otro lado, en el reciente Congreso de prevención de fraude y seguridad, de la Asobancaria, se mostró la evolución de los tradicionales sistemas de fraude a otro tipo de ilícitos. En eso también debemos estar alerta.

 

Á. J.: ¿En qué consiste el fortalecimiento de la autonomía de la Superfinanciera que propuso en la rendición de cuentas?

 

G. H. C.: El próximo año, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) vendrán a Colombia a revisar la estructura del sistema financiero y su regulación y supervisión. Uno de los temas que ellos miran es la autonomía del supervisor. Hemos avanzado en seguridad jurídica para los funcionarios. También ampliamos la cobertura de la póliza de directores, para darles mayor protección a quienes toman decisiones ante eventuales demandas. De otro lado, hemos propuesto la creación del consejo directivo de la entidad, integrado por cinco personas: el Ministro de Hacienda, tres expertos y el Superintendente Financiero. Esa instancia definiría políticas de mediano y largo plazo en temas como capacitación, metodologías de supervisión y cumpliría las funciones del actual consejo asesor relacionadas con emitir concepto en temas como autorizaciones de creación de entidades o intervenciones.

 

Á. J.: ¿Otra propuesta es otorgarle un periodo fijo al Superintendente Financiero?

 

G. H. C.: Es otra discusión que debemos abordar, pues es uno de los estándares recomendados a nivel internacional. El examen del FMI y el BM incluye ese aspecto.

 

Á. J.: ¿Qué tipo de demandas interponen en contra de los funcionarios de la Superfinanciera?

 

G. H. C.: Cada vez que tomamos una decisión que afecta a un particular, sabemos que la demandarán ante la jurisdicción contencioso administrativa. Además, a veces también demandan disciplinaria o penalmente al funcionario que adoptó la decisión. Un ejemplo es el tema de las denominadas “pirámides”. Entonces, lo que pretendemos es darles a esos funcionarios mayores herramientas de defensa ante esas instancias.

 

Á. J.: ¿Qué nuevas modalidades de “pirámides” han detectado?

 

G. H. C.: Hemos descubierto a personas y sociedades comerciales que engañan a la gente utilizando el nombre de entidades financieras conocidas y asegurando estar vigiladas por la Superfinanciera. Por eso, les hacemos un nuevo llamado a las personas para que estén alerta de este tipo de captadores ilegales y consulten el listado de entidades vigiladas en el sitio web de la Superfinanciera. Y en cuanto a nosotros, estaremos muy atentos de prevenir y de adoptar las medidas tendientes al desmonte de ese tipo de operaciones ilegales y a presentar las denuncias penales del caso.